Mujeres, feministas y organizaciones respaldaron el desempeño ético de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo), Karla Rivero, y condenaron los intentos por desprestigiar su labor a favor de las personas agraviadas por la comisión de un delito o por la violación a sus derechos humanos.
Bajo la premisa de #ElAgresorEsÉl, un promedio de 70 ciudadanas quintanarroenses, quienes representan o integran organizaciones civiles, académicas, empresariales y ambientalistas o se desempeñan como diputadas federales, regidoras, académicas, funcionarias electorales, abogadas, psicólogas y ex legisladoras locales, pidieron no desvirtuar el trabajo de la funcionaria, solo por el vínculo filial que la une con un hombre denunciado por golpear a su pareja.
Mediante un posicionamiento público, resaltaron que el “trabajo, integridad, congruencia y ética pública” mostradas por Rivero González, han sido una constante al frente de una Comisión de reciente creación, que ha requerido “de un esfuerzo enorme de consolidación y legitimidad”.
“Nos consta su capacidad de diálogo honesto y abierto para con las organizaciones de la sociedad civil, su receptividad hacia las críticas y su entereza para defender los derechos humanos de las mujeres en un entorno adverso y hostil”, manifestaron.
En el texto difundido desde las redes del colectivo “Ni una Menos Cancún”, señalaron que, en Quintana Roo, son “pocas y contadas con los dedos de las manos”, las mujeres en posiciones clave para construir mejores condiciones de dignidad para otras mujeres.
#ElAgresorEsÉl
El pronunciamiento surgió a propósito de un grave caso de violencia que involucra a Carlos Rivero -padre de la funcionaria- quien el pasado 1 de junio golpeó en plena vía pública, a Scarlett S, su pareja sentimental desde hace tres años.
Tras la golpiza, la víctima lo denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por tentativa de feminicidio, sin que esta institución dé vistas de avanzar en las investigaciones y proceda a la detención del agresor, quien se desempeña como maestro de Educación Física.
En su testimonio, Scarlett indicó que en enero de este año hubo una primera agresión que la hizo acudir a la Ceaveqroo, en donde fue atendida médicamente, le ofrecieron asesoría legal y psicológica y se le preguntó si deseaba denunciar, pero ella -debido a su aturdimiento y estado de crisis, fruto de la agresión- se negó por temor.
Sobre ese episodio, la víctima señaló que en la institución no la persuadieron a presentar la querella y mencionó que el agresor se ufanaba de ser “influyente”.
Freno a linchamientos y exigencia de justicia
Al respecto, las firmantes del pronunciamiento señalaron que, lo anterior, ha sido manipulado mediáticamente y aprovechado para poner en duda la imparcialidad de la titular de la Comisión.
Así, se ha pretendido centrar la atención -equívocamente- en el vínculo filial de Karla Rivero con el agresor, asumiendo -sin pruebas- que ésta ha influido para obstaculizar la actuación legal en el asunto.
En su opinión, esta lectura tergiversada de los hechos saca del foco al verdadero agresor, en perjuicio de la víctima directa y también de una mujer que ha buscado desenvolverse con rectitud dentro de la administración pública.
“No permitiremos que las mujeres sigamos siendo victimizadas y expuestas al escarnio público por hechos que decaen exclusivamente en la esfera de hombres agresores.
“No permitiremos que las víctimas sean usadas con fines personales, políticos o de cualquier índole que no sólo tiene el afán de desprestigiar el trabajo de una mujer íntegra y congruente, sino aleja el foco de lo verdaderamente trascendente: la víctima y su derecho de justicia”, resaltaron.
Aún cuando refrendaron su respaldo a Rivero González, exigieron a la Ceaveqroo y a las autoridades que tienen competencia en el caso, “actuar sin dilación para que todo el peso de la ley recaiga sobre el agresor de Scarlett, se garantice su acceso a la justicia y a la reparación integral del daño”.
Las fallas y deudas del Estado
Por separado, otras colectivas feministas coincidieron en que el agresor de Scarlett, “se llama Carlos Manuel Rivero Jiménez” y consideraron que hay todo un sistema que lo está protegiendo por el hecho de ser hombre.
También concordaron en que el centro del caso deben ser las víctimas y que sus testimonios deben ser escuchados y atendidos.
Recordaron que en Quintana Roo está vigente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 7 de julio de 2017, que establece diversas medidas, cumplidas parcialmente.
“Somos conscientes que parte de esa falta de avances se debe a que el sistema de justicia en el estado tiene diversas inconsistencias, las cuales no podemos dejar pasar, pues influyen en la forma en la que se atiende a las víctimas que acuden a las instituciones en búsqueda de la justicia.
“El enfoque en derechos humanos, la perspectiva de género y la debida diligencia son algunos de los principios que deben regir a toda autoridad a cargo de la atención, investigación y sanción de la violencia de género contra las mujeres”, demandaron.
En su postura, rechazaron la utilización “amarillista” de los testimonios de las víctimas y respaldaron a la activista que brinda acompañamiento jurídico a Scarlett.
Ceaveqroo insta a denunciar fallas y anomalías
Sobre el tema, la Comisión descartó que exista alguna actuación parcial, discrecional o sesgada de su titular; aseguró que su desempeño es transparente, “profesional”, “apegado a los derechos humanos de las víctimas” y “sin criterios de índole personal”.
“Reconocemos que en el proceso por el que pueden atravesar algunas víctimas, puedan sentir desconfianza al saber que la persona imputada del delito, es familiar de la titular de la Ceaveqroo, como de cualquier otro servidor o servidora pública de la institución.
“Sin embargo, en este momento, la Comisionada, Karla Patricia Rivero González, no es responsable en ningún grado de hechos victimizantes cometidos por otras personas y, relacionarla como participante, solo por el hecho de ser familiar (del agresor), la coloca en una situación de exposición directa de escarnio público, sin haber elementos”, señaló la institución.
Mediante un comunicado, la Comisión exhortó a cualquier persona que posea dudas en torno a los actos de la institución, a denunciarlo ante los órganos internos de control, la Secretaría de la Contraloría del estado (Secoes) u otras instancias, a fin de obtener certeza jurídica y protección de los derechos humanos de las personas involucradas.
También ratificó el compromiso de garantizar a las víctimas, el acceso a la justicia, sin importar quien sea la persona agresora, bajo la convicción de que todas las instituciones deben conducirse en apego al marco legal.
En números, desde su creación, hasta la fecha, la Ceaveqroo dice haber brindado la atención establecida en el Modelo Integral correspondiente, a 14 mil 724 personas agraviadas, víctimas de la comisión de un delito o por la violación a sus derechos humanos.
Este organismo descentralizado opera una unidad de primer contacto y ayuda inmediata, para canalizar a las víctimas a instituciones gubernamentales o con organizaciones civiles para la atención especializada.
Brinda asesoría jurídica gratuita a víctimas de todas las edades, sexo, condición social, ciudadanía, raza, ideología, orientación sexual, situación migratoria, mediante asesores victimales -pocos, para la carga de trabajo- que deben garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
Lleva el Registro Estatal de Víctimas y debe contar con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de donde salen recursos para financiar la atención medica o psicológica de emergencia, medidas de alojamiento, alimentación y aseo persona, gastos funerarios, medidas en materia de protección, transporte de emergencia, entre otros, canalizados para el apoyo a personas agraviadas.
Para hacer frente a lo anterior, Comisión opera con un presupuesto -autorizado para este años- de apenas de 30 millones 128 mil 498 pesos.
