Chetumal. – El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a través de un comunicado, la cancelación del registro de 35 notarios y corredores públicos de Quintana Roo por presuntas irregularidades detectadas en las operaciones realizadas dentro del esquema de “Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes por canales remotos”.
La determinación del SAT, es el resultado de la revisión de trámites de inscripción al RFC por Fedatarios Públicos a través de medios remotos desde 2006 a 2021 y se detectaron a aquellas notarias y corredurías publicas que no presentaron aviso de renovación. En consecuencia, se hicieron acreedoras de la cancelación.
Cabe mencionar que el “Esquema de inscripción al RFC a través del fedatario público por medios remotos”, es un servicio prestado del SAT con la colaboración de los notarios y corredores públicos que solicitan su incorporación al mismo, y se brinda de manera gratuita a los contribuyentes que lo requieran. Si vas a constituir una sociedad mercantil, tienes la opción para inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) mediante el notario público o corredor público ante el que realizará (protocolizará o formalizará), sin necesidad de acudir a la oficina del SAT.
De acuerdo con la lista dada a conocer, las 27 notarías publicas y sus respectivos titulares son:
Notaría Pública Número 42 Carlos Humberto Pereira Vazquez
Notaría Pública Número 75 Gerardo Robigue Herrera Sansores
Notaría Pública Número 12 Esteban Maqueo Coral
Notaría Pública Número 117 Hugo Mario Gonzalez Ramirez
Notaría Pública Número 18 Jesus Eduardo Tovilla Heredia
Notaría Pública Número 97 Armando Rodolfo Rincon Ruiz
Notaría Pública Número 31 Enrique Arambula Arambula
Notaría Pública Número 29 Gilberto Gonzalez Anguiano
Notaría Pública Número 45 Jorge Enrique Perez Salazar
Notaría Pública Número 100 Marco Antonio Valenzuela Villalpando
Notaría Pública Número 69 Marianela Peyrefitte Ferreiro
Notaría Pública Número 121 Abel Azamar Molina
Notaría Pública Número 71 Alejandro Rojas Arguello
Notaría Pública Número 9 Manuel Irvin Garcia Valdez
Notaría Pública Número 61 Marco Leon Yuri Santin Becerril
Notaría Pública Número 33 Janine Sofia Regalado Ramirez
Notaría Pública Número 32 Jorge Carlos Magaña Sanchez
Notaría Pública Número 8 Jose Antonio Arjona Iglesias
Notaría Pública Número 54 Ligia Maria Teyer Escalante
Notaría Pública Número 43 Dolores De Las Mercedes Rivera Aguilar
Notaría Pública Número 57 Roger Octavio Menendez Hernandez
Notaría Pública Número 115 Jose Antonio Garcia Herrera
Notaría Pública Número 119 Daniel Gonzalez Campos
Notaría Pública Número 2 Carlos Alberto Bazan Castro
Notaría Pública Número 11 Mario Bernardo Ramirez Canul
Notaría Pública Número 77 Carlos Fernando Chan Garcia
Notaría Pública Número 55 Enrique Alejandro Alonso Serrato
Mientras que las 8 corredurías y sus titulares son:
Correduría Pública Número 15 Guillermo Mendez Lau
Correduría Pública Número 9 Eduardo Alberto Suarez Torres
Correduría Pública Número 6 Concepcion Esteban Manchado
Correduría Pública Número 14 Manuel Ernesto Nuñez Cervantes
Correduría Pública Número 2 Eduardo Gonzalez Alonso
Correduría Pública Número 12 Gilberto Guzman Rivera
Correduría Pública Número 45 Ermilo Humberto Graniel Canepa
Correduría Pública Número 1 Raul Gustavo Bringas Celiceo
Al respecto, José Ignacio Loria Muñoz, presidente del Consejo de Notarios de Quintana Roo, aclaró que de ninguna manera significa alguna sanción para los notarios y corredores públicos, tampoco que implica que hayan incurrido en algún acto ilegal.
“Lo que está haciendo el SAT es una depuración pero no quiere decir que todos estos notarios que van a ser dados de baja vayan a tener alguna sanción, lo único que quiere el SAT es actualizar qué notario quieren seguir participando en este programa”.
Afirmó que la mayoría decidió no renovar el registro porque es en lo único que se podía ayudar, vía remota dar de alta el RFC a una empresa, pero todos los demás trámites se tienen que realizar de manera personal ante las oficinas de la instancia por parte de los interesados.
“Es un programa que no es obligatorio, pero que se hizo desde el año 2006. Se trata de aligerar los tiempos porque a nivel mundial había exigencias para que el gobierno mexicano pudiera hacer más ágil la constitución de empresas”.
