La Unidad de Inteligencia Financiera informó que son más de 10 cuentas millonarias vinculadas a las empresas de las cuales forman parte el “cártel del despojo”, integrado por el diputado Gustavo Miranda García, su madre y otros “connotados” integrantes del Partido Verde Ecologista de México.
Por ello, el diputado Gustavo Miranda García, está intentando borrar su nombre de cuanto registro haya ante el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto las está investigando.
Incluso hace apenas unas semanas, en entrevista con Adela Micha, se deslindó de su propia madre, diciendo “Tendrá ella sus denuncias. Ella. Yo no tengo ahí nada”. Aseguró que su familiar ha sido una exitosa empresaria capaz de facturar 35 millones de dólares al año por la venta de paquetes vacacionales.
Se dijo víctima del Gobierno Federal, al que acusó de estar judicializando expedientes en todo el país.
Entre los cómplices del diputado verde se encuentran Luis Pablo Bustamante Beltrán, hoy presidente estatal del Partido Verde y actual regidor de Benito Juárez con Mara Lezama, en pago por el favor hecho al diputado para aparentar ser trabajador de su madre en 2015 con un “módico” salario mensual de 90 mil pesos, por vender paquetes turísticos por teléfono, para después simular un juicio laboral en contra de la familia de Gustavo Miranda, y así embargar varias propiedades de ellos antes de que las pierdan ante los bancos.
Otro más de los que se prestaron al juego del despojo de propiedades millonarias dirigido por Erika García, fue David Segura Rodríguez, quien igual aparentó ser empleado de la madre del heredero del “chamaqueo”, cuando en realidad se ostenta como socio de Gustavo Miranda García en la empresa Xolos Transfer, especializada en el autotransporte turístico.
De acuerdo con un reportaje especial del portal Latinus, el heredero de la presidencia del partido del tucán en el Estado, Luis Pablo Bustamante Beltrán y tres personas más, se presentaron el 18 de agosto de 2015 ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, para demandar a Erika García Desiter, madre de Gustavo Miranda, Luis Pablo Bustamante Beltrán, acompañado de José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, simularon ser trabajadores de Erika Luz García Deister, a través de García y Miranda Trading S.A. de C.V., y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., dedicadas a la venta de tiempos compartidos.
Señalando que devengaban un salario mensual de 90 mil pesos, reclamaban una indemnización al 100% por un supuesto despido injustificado ocurrido el día 27 de julio de 2015.
Todos pedían indemnización completa de tres meses, prima vacacional, salarios caídos, prima de antigüedad y hasta reparto de utilidades y aguinaldos; pero ninguno de ellos presentó contrato, mucho menos sus registros hacendarios. Aun así, la presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Tereza de Jesús Ku Pat, les dio la razón en un proceso sin precedentes por la rapidez del fallo, en la que determinó en menos de dos meses, fallar a favor de los trabajadores.
Ordenó que se cumplieran todos sus reclamos por un monto total superior a los 10 millones de pesos. Resulta que la demandada ni siquiera estuvo presente en el juicio y cuando les preguntaron a los trabajadores como querían cobrarse, ellos decidieron que fuera a través de un departamento ubicado en el complejo de lujo Maioris Tower, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.
Dicho inmueble tenía un valor de 13 millones de pesos en 2015, cantidad mayor a lo que supuestamente adeudaba a los empleados “sobrepagados”, a quienes sobra decir que la autoridad jamás les pidió comprobante donde acreditaran los 90 mil pesos que decían ganar mensualmente.
Cuando el banco Sabadell dejó de percibir los pagos del crédito de la propiedad, acudió al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, para inmovilizar el inmueble millonario y así cobrar el adeudo que tenía la empresaria. Grande fue su sorpresa al encontrar que éste ya no le pertenecía a Erika García, sino a sus supuestos empleados en complicidad con la Junta Laboral, el Registro Público y la Notaría Pública de Cozumel que consumó el atraco de forma relampagueante.
Cosa contraria a la realidad que sufren miles de trabajadores despedidos -y que demandan sumas que les darían risa a estos sinvergüenzas-, al ver como suman los años y sus procesos no prosperan, por las trabas jurídicas que encuentran.
Otro caso más encabezado por la misma pandilla delictuosa fue llevado ante la misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECyA) de Cozumel en 2015 por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, quienes encabezaron el expediente laboral número 153/2015.
La fórmula fue la misma. Acusaron a Erika García Deister de despido injustificado y pidieron completa indemnización. En consecuencia, obtuvieron un fallo que decretó la adjudicación de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista, El Table, Cancún”.
A un año de estos hechos, en el mes de diciembre de 2016, Erika García Deister se paseaba del brazo de su “exempleado” en la pantomima del despojo realizado; pero verdadero socio de negocios en la vida real, Jorge David Segura Rodríguez, por las calles de Viena; mientras que su hijo se tomaba fotografías con sus otros cómplices el 28 de junio de 2019, en la Habana, Cuba.
Luego de haber ganado la demanda ficticia, en 2018, Jorge David Segura Rodríguez, vino a constituir la empresa Xolos Transfer, S.A. de C.V. en sociedad con Gustavo Miranda, Obed Rafael Laguna Hernández y Josué Jesús Toscano Ruvalcaba.
Pese a este negro historial en su contra, el diputado Gustavo Miranda García fomenta la opacidad. A casi dos años de ser parte de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, no ha querido dar a conocer sus propiedades. Por lo que después de una búsqueda en el Registro Público del Comercio, se dio con varias empresas propiedad del diputado.
La primer empresa de esta camarilla compuesta por Erika Luz García Deister y Erik Gustavo Miranda García, vendría a ser el Corporativo Blue Strawberry, S.A. de C.V., constituida el 25 de enero de 2012, bajo el Folio Mercantil Electrónico 24188, en la ciudad de Cancún y que tiene como objeto social principal, el “adquirir, poseer, administrar, construir, comercializar y operar centros nocturnos, bares, hoteles, restaurantes, condominios, balnearios, entre otros”, lo que los llevó a especializarse en este tipo de transacciones.
Posteriormente, el 23 de febrero de 2017, se tomó un nuevo acuerdo. Se revocó la administración única de Mónica Adriana Meléndez Martínez, misma que quedó en manos de Erik Gustavo Miranda García quien entonces fungía como comisario, y en su lugar se nombró comisario a Gabriel Velasco Avilés.
Otra de las sociedades que ostenta esta familia, es Grupo EG Miranda, S.A. de C.V., constituida el 3 de marzo de 2017 entre Erik Gustavo Miranda García, Mónica Adriana Meléndez Martínez y José Luis Gómez Sosa; con el objeto principal de “adquirir, enajenar, y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles; así como la ejecución de toda clase de desarrollos habitacionales tanto residenciales como de interés social o popular, desarrollos industriales, comerciales y turísticos”. Quedando Mónica Adriana como administradora única.
Mónica Adriana fue otra de las protagonistas que llevaron a cabo supuestos juicios laborales contra la madre de su socio ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015. Solo que ella argumentó que ganaba nada menos que 250 mil pesos mensuales, con cuyo reclamo logró “apropiarse” de un departamento de lujo en la Emerald Residential Tower & Spa, con valor de 30 millones de pesos.
Para el 21 de agosto de 2020, mediante la asamblea con el FME N-2017037463, Grupo EG Miranda, llevó a cabo una modificación en su sociedad, en la cual Erick Gustavo Miranda García y Norberto Cuautli Xicale, renuncian a la presidencia y secretaría de la asociación, nombrándose a Mónica Adriana Meléndez Martínez, como administradora única.
Por su parte, Corporativo Blue GM, S.A. de C.V., fue constituida bajo el FME N-2018028563, el día 22 de noviembre de 2017 en el municipio de Benito Juárez, con el mismo objeto de “adquirir, enajenar, administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como tomar y otorgar el uso y goce de los mismos por cualquier título legal, … así como la ejecución de toda clase de desarrollos habitacionales tanto residenciales como de interés social o popular, desarrollos industriales, comerciales y turísticos”.
Por si fueran pocas las empresas del legislador, el 6 de septiembre de 2018, bajo el FME N-2018091808, se llevó a cabo la constitución de la sociedad denominada Xolos Transfers S.A. de C.V., especializada en “la prestación y explotación del Servicio Público de Autotransporte Federal de Turismo, en las rutas o tramos de Jurisdicción Federal Estatal y Municipal”.
En ella se tienen además de Gustavo Miranda, a Jorge David Segura Rodríguez (aquél que demandó a la madre de su socio), Obed Rafael Laguna Hernández y Josué Jesús Toscano Ruvalcaba, como socios de la firma transportista. Siendo nombrado Obed Rafael Laguna Hernández, administrador único de la misma.
Luego, el día 13 de abril de 2021, a unos días de que Latinus sacara la nota del “cártel del despojo” integrado por Gustavo Miranda, su madre y amigos del diputado; mediante la Asamblea con el FME N-2018091808, a solicitud de Jorge David Segura Rodríguez, se revocó la administración única a Obed Laguna, quedando en su lugar Jorge Segura y nombrándose a Lizbeth Yadira Córdova Leyva como apoderada y a Saúl Aquino Serrano, comisario.
De esta manera el diputado Gustavo Miranda, quien aspira buscar la presidencia municipal de Benito Juárez, está en la mira de las autoridades federales por fraude.
