AGENCIA SIM
Chetumal.- El primer acto de corrupción de un funcionario es ocupar un cargo público sin tener las capacidades para desempeñarlo, recalcó la abogada María Teresa Paredes Hernández, al opinar sobre la actual terna de propuestas para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
La especialista en el Sistema Penal Acusatorio y activista defensora de los Derechos Humanos hizo eco a las críticas de su gremio en contra de esta terna, al ser nominados ex funcionarios públicos sin experiencia judicial.
“Yo creo que cuando se trata de poner a alguien en un cargo público, debe cuidarse el perfil; si para cualquier contratación privada se cuida esto, imagínate en al tratarse del acceso a la justicia de todos”, afirmó.
La abogado mencionó que en su despacho han llegado personas con experiencia judicial, que descubren que no es lo mismo ser litigante; de forma opuesta, colocar a un litigante de magistrado “sería terrible”.
“Ahora, tanto peor, poner a alguien que ni litigante es, en un cargo tan alto… los perjudicados serán quienes necesiten acceso a la justicia; es decir, los ciudadanos”.
“Los magistrados deben ser gente con carrera judicial, que sepan cómo se integra un expediente, su registro, la guardia de los mismos y que sepa cómo se elaboran resoluciones”, alegó. “Yo sé de la perspectiva de género y el sistema judicial, pero no soy juez; ¿qué pasaría si me pusieran no solo a realizar tareas de juez, sino además a supervisarlas y dictar sus normas?”.
En su experiencia, son muy comunes las injusticias contra ciudadanos, a menudo no por dolo, sino por falta de conocimiento, por ello los cambios que se realicen “deben ser para bien”, no para empeorar.
“Yo soy respetuosa de las instituciones, incluido el Congreso del Estado, pero sí pediría que si la persona no tiene el perfil, entonces no va”.