Felipe Ramírez Vs AGEPRO en una lucha legal por un anexo del estacionamiento del hotel Acuario
Tulum.- En el año de 1986 don Felipe Ramirez Gonzalez obtuvo la posesión de un predio ubicado en la avenida Ruinas de Tulum con calle Nicte Ha en el ahora municipio de Tulum. Estas tierras le fueron otorgadas por un empleado de Catastro del municipio de Cozumel, en aquel entonces Tulum pertenecía a dicho municipio, que se dedicaba a la venta de los predios a bajo costo, con altas facilidades y el trato era únicamente de palabra o en algunos casos con recibos en hojas de cuadernos escritos a manos.
Así explica el Maestro en Derecho Germán Felipe Ramírez Villegas, hijo de don Felipe Ramírez, la batalla legal que lleva su padre con la Agencia de Desarrollo Estratégicos (Agepro), mano del Estado para recuperar predios e integrarlos al patrimonio de Quintana Roo mal administrado por los últimos 5 gobernadores.
El señor Ramirez Gonzalez llevaba 8 años de radicar en Tulum, 1985 y estaba en proceso de construcción de su Hotel Acuario y aprovecho la oportunidad que el gobierno ofrecía con los predios en venta, por lo que entró en posesión física, jurídica, pacifica, ininterrumpida en calidad de propietario y señorío del predio, tal y como lo reconoció, aceptó y plasmó el IPAE en el oficio IPAE/DG/CJ/DGC/021/7/2017 con fecha 25 de julio de 2017.
Felipe Ramirez en su calidad de posesionario construyó una vivienda con las licencias correspondientes dónde albergó a los trabajadores encargados de la construcción del Hotel Acuario. Sin embargo estaba consciente que requería regularizar su predio conforme a la ley. En este sentido, en junio de 2014 le solicitó al IPAE la regularización y titulación de su tierra pero le hicieron caso omiso. El 27 de febrero de 2016 reiteraron la solicitud directamente a la dirección del IPAE en la ciudad de Chetumal.
En virtud de la solicitud del señor Ramirez Gonzalez, el IPAE emitió una determinación el 2 de junio de 2017 en donde sin motivo ni fundamento negó la regularización y por contrario solicitó la entrega voluntaria, real, material y jurídica del inmueble, hecho que resultó un acto de corrupción e incongruencia debido a que por un lado no reconoce los derechos como posesionario y por el otro le exige renuncie a los mismos respecto al predio.
Ante esto solicitó el recurso de revisión, el cual con dolencia, fue sobreseido por el IPAE por lo que el 9 de octubre se presento demanda de nulidad ante la Sala Constitucional otrora Administrativa radicada bajo el numero S.C.A/A/278/2017 en data 22 de junio de 2020. Finalmente la Sala decreta la nulidad de la resolución impugnada.
Para ese entonces, la ahora Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (AGEPRO) ya tenia conocimiento de la posesión del señor Felipe Ramirez del predio en cuestión.
No obstante el día 14 de agosto de 2020 el licenciado Ignacio Martinez Palicio, apoderado de AGEPRO, presentó ante la Fiscalía de Tulum una querella con el numero 762/2020 por el delito de despojo en términos del articulo 158 del código penal del estado, alegando que hace tres días que un grupo de tres personas se encontraban introduciendo al predio material de construcción sabiendo que eran hechos falsos. Lo absurdo de la demanda presentada por el abogado es que anexo documentos que hacen constar la protocolización de la entrega-recepción entre el IPAE y AGEPRO, donde a la IPAE le entregó el FIDEICARIBE y este al catastro. En dicho documento ya aparecía don Felipe Ramirez como posesionario e incluso se señalaba que con él se encontraba en litigio.
La intención de la querella fue efectuar un despojo calificado por medio de la intervención del Ministerio Publico Gaspar Chable Yupit, quien fue engañado por el abogado Martinez Palicio. Lo lamentable del caso es que una semana antes de la querella del apoderado de la AGEPRO, el señor Ramirez Gonzalez había presentado ante el Ministerio Publico una denuncia ante el Ministerio Público radicada bajo el número 722/ 2020 por el delito de despojo calificado, en dónde de manera debida y suficiente se acreditó la legal posesión del terreno y en contra de un grupo de al menos 20 presuntos delincuentes comandados por Alejandro González Colin, quien fue regidor en el año de 1999 en el municipio de Playa del Carmen y quien también encabeza a los vendedores ambulantes de tours y despojadores profesionales quiénes han sentado sus reales en el acceso millonario a las ruinas de Tulum, personas con sellos se hacen llamar “Los Rojos” y quiénes además se dijeron protegidos por el arquitecto Carlos Flores Hidalgo de AGEPRO.
El día 19 de agosto del 2020, es decir, tres días hábiles después de que Ignacio Martínez Palicio haya presentado la querella por el falso delito de despojo, el inmueble fue asegurado por parte de la Fiscalía entre ellos el Ministerio Publico Gaspar Chablé Yupit y diversas corporaciones policiacas encabezadas por la entonces coordinadora del Ministerio Público de Tulum, Estela Noemí Labastida Rodríguez.
Ante la incuestionable, clara y palpable corrupción del AGEPRO el día primero de septiembre de 2020, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción con sede en Playa del Carmen denuncia radicada bajo el número 276/2020 por los delitos de despojo calificado, ejercicio ilícito del servicio público, contra el buen despacho de la Administración, coacción indebida, negligencia al desempeño de función o cargo, aprovechamiento ilícito del poder y abuso de autoridad, todos ellos perseguibles de oficio, en contra de los ministerios públicos ya señalados y en contra de Carlos Flores Hidalgo, Abraham González Balboa y José Ignacio Martínez Palicio ampliando en su momento la denuncia en contra también de Aarón Contreras Vázquez, Iván Anuar Reyes y el licenciado José Eduardo Serrano Bustillos, quién ostentan el cargo de coordinador jurídico de la AGEPRO e incluso también se amplio por el delito de quebrantamiento de sellos que la paraestatal realizó en el propio predio asegurado.
Pese a las denuncias presentadas por el señor Felipe Ramirez y su representante legal, el abogado German Felipe Ramirez Villegas, tanto la Fiscalía como la AGEPRO mantienen total negación a llegar a un acuerdo con el posesionario legal del predio en disputa y mantienen el aseguramiento.
El abogado Ramirez Villegas refiere que desconoce cuales son los verdaderos intereses de los implicados en el caso al violentar los derechos de un señor que ha trabajado por su patrimonio que legalmente, de acuerdo a los usos y costumbre a la palabra de aquel entonces, adquirió.
