Una situación delicada la que enfrenta el Poder Judicial de Quintana Roo, ya que en días pasados se presentó ante el Congreso del Estado, un juicio político en contra de la Magistrada Verónica Gloria Acacio Trujillo, señalando violaciones a la Constitución Política del Estado, específicamente al artículo 100, párrafo séptimo donde se prohíbe expresamente a cualquier servidor público del Poder Judicial del Estado, tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso del cargo asignado en el Poder.
La promovente de este juicio político es Catalina Castro Meneses, quien en entrevista pública, sostuvo que cuenta con las pruebas suficientes para acreditar la ilegal intervención de la Magistrada Verónica Acacio, en el juicio de divorcio 148/2022 del Juzgado Segundo Oral Familiar, con Sergio León Cervantes, quien hasta enero de este año, fuera Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Dentro de las pruebas contundentes aportadas en el juicio político, está el hecho que Sergio León Cervantes, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Contoy, lote 54, manzana 02, supermanzana 19 de la ciudad de Cancún, un domicilio del que la Magistrada Verónica Acacio es propietaria, y del que se sabe es desde hace muchos años, el conocido despacho particular de esta Magistrada, y esto se acredita con el certificado de gravamen número 551887.
Catalina Castro Meneses argumenta que, debido al trafico de influencias que existe en el Poder Judicial, le fueron arrebatados sus hijos de 4 y 10 años de edad, además se ser despojada de su hogar, esto a pesar de que existe una denuncia de violencia familiar contra de Sergio León Cervantes, donde se demuestran los golpes, insultos y vejaciones sufridas.
Catalina Castro argumenta que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, concretamente el artículo 160, en su párrafo segundo fracción I, incisos c) y e), se estipula que el Juicio Político es la única forma de proceder en contra de un Servidor Público como un Magistrado, razón por la cual y según ella, fue pertinete accionar este juicio, el que por cierto ya fue debidamente ratificado el pasado día 26 de mayo, tal y como lo marca la ley en la materia.
Actualmente la servidora pública Verónica Acacio, se encuentra en espera de su ratificación al segundo periodo como de Magistrada, del cual y según los expertos en derecho, ya no es apta para ocupar el cargo , pues ya no reúne los requisitos que exige el artículo 101, específicamente la fracción IV, de la Constitución Política del Estado
Por último, se espera la respuesta del Congreso del Estado, del cual depende la aplicación de las sanciones que correspondan en contra de la citada Magistrada, pues como lo señala Catalina Castro, las acciones que hoy salen a la luz, representan no solo un quebranto del actuar de la Magistrada, sino que representan el quebranto de toda una Institución como lo es el Poder Judicial y un quebranto al Estado de Derecho, pues ponen en duda las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, situación que se sabe escalará hasta las mañaneras ante el Presidente de la Republica y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
