Chetumal.- Será en julio próximo cuando la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) inicie al fin con la perforación de un pozo de 300 metros de profundidad y la construcción de un acueducto, para dotar de agua potable a las comunidades Guillermo Prieto y Caña Brava, luego que se concluya en próximas semanas el proceso de licitación de dicha obras.
Así lo dio a conocer el asesor jurídico de dichas comunidades, Andrés Blanco Cruz, al agregar que, con ello, se atiende una vieja demanda de los habitantes de la zona limítrofe, luego que se vieran afectados con el suministro del vital líquido por la controversia constitucional interpuesta por el gobierno estatal contra el Estado de Campeche.
En ese sentido, añadió que lo anterior, a su vez, se efectúa en cumplimiento a las sentencias de amparo que se les fueron otorgadas, como comunidades, por los Juzgados Federales Primero y Sexto de Distrito con residencia en Chetumal.
Con respecto a las obras, Blanco Cruz agregó que el día de ayer se llevó a cabo una reunión entre pobladores de Guillermo Prieto y autoridades de CAPA, para alistar los trabajos de construcción.
Abundó que en esta reunión se dio por concluidos los estudios que permitieron localizar una fuente de agua en Guillermo Prieto, donde se prevé que se perfore un pozo de suministro y un acueducto de cinco kilómetros desde esta comunidad hasta Caña Brava.
El abogado destacó que la perforación de un pozo con esa profundidad no tiene antecedentes registrados en el estado, además de que resalta por el hecho de que le será benéfico a los habitantes, puesto que lo anteriores, por no ser tan profundos, contenían yeso, lo que presentaba un riesgo para la salud de la población.
Sin embargo, Andrés Blanco precisó que las autoridades de CAPA realizarán dichas obras en beneficio de las comunidades que ya resolvieron su litigio, por lo que aún falta suministrar agua a 10 comunidades más (entre ellas, Felipe Ángeles), las cuales están aún en proceso jurídico.
En ese tenor, señaló que con lo anterior se comprueba que no existe ningún impedimento legal para invertir en la zona limítrofe, pues durante muchos años las autoridades municipales de Othón P. Blanco argumentaban dicha excusa para no realizar obras públicas en dichas comunidades.
“Esperamos que el gobierno del Estado atienda ahora sí a los habitantes de la zona limítrofe sin necesidad de recurrir a los Juzgados”, aseveró.
