Ciudad de México.- Esta mañana la Magistrada Federal de Circuito, Elba Sánchez Pozos, levantó la voz y denunció en cadena nacional vía Aristegui En Vivo, “el infierno” que le están haciendo vivir dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) por negarse a ser participe en la liberación ilegal de un imputado por el delito de lesiones dolosas.
En entrevista, la funcionario explicó está situación surge a raíz de haber denunciado un presunto acto de corrupción de la magistrada federal, Selina Haidé Avante Juárez, dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el poder que tiene una red de poder que opera al interior del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) bajo el mando del Secretario General de la Presidencia de la propia Judicatura, Carlos Antonio Alpízar Salazar, un hombre que sólo obedece órdenes del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó la magistrada de Circuito, Elba Sánchez Pozos.
Con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, la magistrada Sánchez Pozos denunció que luego de su nombramiento como magistrada de Circuito en el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, Quintana Roo, y negarse a firmar una resolución emitida fuera de norma, misma que sirvió para liberar a un imputado por lesiones dolosas, ha sufrido las represalias de haber denunciado dicha irregularidad y ahora enfrenta un proceso disciplinario, sin tener acceso a una defensa.
Explicó que la magistrada Selina Avante Juárez junto con el magistrado Jorge Mercado Mejía adscritos en ese momento al Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, le solicitaron discutir fuera de sesión la resolución de un juicio de amparo directo, con el propósito de no dejar constancia del caso.
Posteriormente, ante su negativa a incumplir con un acuerdo del Consejo de la Judicatura vigente desde el 2009, la magistrada Avante y el magistrado Mercado aprobaron la sentencia de amparo sin convocarla para la discusión y el debate, por lo que se negó a firmar el fallo judicial.
Explicó que ante la actuación irregular de ambos magistrados, denunció los hechos mediante un oficio ante el Secretario General de la Presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar; mando de la Judicatura que solamente obedece al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que falta conocer sí Alpízar asume la responsabilidad de las órdenes que ha dado sobre las indagatorias del caso o sí lo hace el propio ministro Zaldívar.
Sin embargo, en lugar de que se diera cauce a su denuncia, fue descubriendo la existencia de esta red de poder y nepotismo en la que participan Carlos Alpízar, el subsecretario General de Acuerdos de la Corte, Mario Gerardo Avante Juárez, hermano de la magistrada Selina Avante, y el magistrado electoral, Alejandro David Avante Juárez, hermano de Selina y Mario Gerardo.
Explicó que dichos mandos y funcionarios judiciales están colocados de forma “estratégica y maquiavélica” para que los jueces y magistrados no se puedan defender ante los abusos de poder de esta red que llega hasta Carlos Alpízar, ya que se vuelven juez y parte en caso de que se presenten denuncias contra algunos de sus integrantes.
Además, denunció estos hechos ante la Unidad General de Responsabilidades Administrativas (Ugira) del Consejo de la Judicatura, instancia que desechó sus quejas por falta de pruebas, a pesar de que la Visitaduría Judicial había llegado a la conclusión de que sí existían dichas pruebas.
Así, reveló que derivado de la denuncia que ella misma había presentado en contra de la magistrada Selina Avante, comenzó a sufrir represalias como la fabricación de 16 quejas administrativas en su contra por parte del personal que estaba adscrito al Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, incluyendo de la propia magistrada Avante, el magistrado Mercado y de todo el persona que estaba a cargo de ambos por acoso laboral, violación a la intimidad de una oficial, acusaciones de maltrato, entre otros.
Incluso, reveló que cuando Carlos Alpízar realizó una visita al tribunal federal de Quintana Roo al que ambas estaban adscritas, el funcionario cercano a Zaldívar reconoció que había sido compañero de escuela de la magistrada Selina. También denunció que las represalias en su contra incluyeron dos cambios de adscripción en menos de dos años, primero del tribunal de Cancún, Quintana Roo, a un tribunal ubicado en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente a otro que tiene su sede en Campeche, Campeche, donde actualmente radica mientras se enfrenta a todo el poder de la red que denunció, según sus propias palabras.
Por lo anterior, consideró que quienes denuncian presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están expuestos a represalias. “Quienes gozan de protección pueden actuar libremente, pero sino más vale callar”, lamentó.
