Laudo beneficia a despedidos del hotel Las Velas Resort de Lucinda Solano y es desalojada

* Propietario afirma que fue objeto de un fraude.

AGENCIA SIM

Cancún.- Con el apoyo de la policía estatal y la presencia de un notario público, hoy martes un actuario procedió a desalojar el inmueble denominado hotel Las Velas Resort de Cancún, para dar cumplimiento a la sentencia de un juicio colectivo iniciado hace 20 años por 16 trabajadores, quienes con el apoyo de cuatro despachos jurídicos, obtuvieron la ejecución de un laudo a su favor en el que -como premio- les fue entregada la propiedad, que de acuerdo a la parte ganadora, tiene un valor superior a los 90 millones de pesos.
Por su parte, los propietarios despojados alegaron que se trataba de un fraude, pues la propiedad vale 900 millones de pesos y además no le pertenece a la empresa demandada, sino a un fideicomiso.
Ante la sorpresa de los presuntos posesionarios del inmueble: Lucinda Solano y Tomás Auñión Alonso, este último administrador y accionista mayoritario de OTISA, los cuerpos policiacos procedieron al desalojo del inmueble al ser liberado el laudo a favor de 16 trabajadores quienes desde el años 2000, 2002 y hasta 2019, realizaron sus respectivas denuncias laborales equivalentes a seis juicios, en algunos casos por despido injustificado y en otros porque les fue rescindida la relación de trabajo con la empresa patronal denominada: Organizadora Turística Internacional (OTISA).
Así lo informó el abogado y representante de cuatro de los 16 trabajadores Félix Torres Alcocer, quien en entrevista mencionó que el administrador de la empresa y accionista mayoritario, Tomás Auñión Alonso, al parecer subestimó estas demandas laborales, ya que no contrataron abogados en su momento y nunca se presentó a las audiencias correspondientes hasta ya muy avanzados los procesos, con el consecuente resultado.
Señaló el jurista que el hotel le pertenecía a un fideicomiso denominado Organizadora Turística Internacional (OTISA), a quien se le embarga el inmueble junto con los derechos que tenía como fideicomitente y fideicomisario, se fijan fechas de remates y avalúos, se cita a todos los posibles acreedores incluyendo a los fideicomisos y nadie se presenta, situación que beneficio el caso a favor de los trabajadores.
Recalcó el abogado que el administrador, en vez de resolver las cosas las alargó por más de 20 años y, como no se hace el pago a los trabajadores, se va a un proceso de remate un 16 de enero del 2020 donde se cita a sesión a posibles postores y, al no presentarse, la propiedad se adjudica a los trabajadores por un valor mayor a los 99 millones de pesos.
Posteriormente se le requiere al administrador para que firme las escrituras y, al no hacerlo, el juez hace constar que se le requirió que firmara y entregara voluntariamente el inmueble por lo que se determinó hacer uso de la fuerza pública y entregar esta propiedad escriturada a favor de los trabajadores.

RECLAMAN FRAUDE
Lucinda Solano, propietaria del inmueble, alegó que ellos contaban con un amparo todavía vigente que debiera haber impedido este traspaso, pero “de la noche a la mañana” aparecen con policías estatales a desalojarlos, sin mostrarles orden algunos.
“No permiten el ingreso de mis abogados; están entrando violentamente a mi casa, donde está mi esposo, que es discapacitado, y donde están mis cosas”, se quejó.
Acusó a la secretaria estatal del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, de obrar ilegalmente, pues el hotel no es propiedad de la empresa demandada, OTISA, sino de un fideicomiso.
Por su parte, Tomás Auñión Alonso, accionista mayoritario de OTISA, aseguró que este es un nuevo caso de fraude, tal como los múltiples ocurridos en el anterior gobierno de Roberto Borge Angulo, en el que despojan propiedades por medio de juicios laborales interpuestos por falsos trabajadores.
“Ya lo hicieron antes; es muy sencillo, sacan un avalúo que dice que vale 99 millones, pero su valor (real) es de 900 millones”, alegó.
Se trata de un terreno de 2.4 hectáreas, que es imposible que cueste 99 millones, señaló, propiedad de un fideicomiso, como consta en el registro público de la propiedad y comercio.
“Ni son trabajadores de OTISA, ni OTISA es el dueño”, agregó.

                 

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