La App, cuesta 900 pesos y es una herramienta que previene fraudes
*Cabeza*
Alerta inmobiliaria, app que
hereda el Registro Público
*Sumario*
Además, la modernización del sistema administrativo; la sustitución de equipos de cómputo y la nivelación salarial, de acuerdo con la aún directora del organismo
*Carlos Águila Arreola*
Layla Lorena Flores Terrazas, directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) en la administración pasada, destaca tres logros heredados a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa: la alerta inmobiliaria, la digitalización del sistema administrativo y la modernización del equipo de cómputo.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Maestría en Derecho Fiscal en la misma institución, además de Postgrado de Especialista en Argumentación Jurídica de la Facultad de Derecho en la Universidad de Alicante, España, asegura que la dependencia tiene la competitividad que merece el estado.
Precisa que solo estuvo al frente del RPPC durante el último año — desde el 22 de julio de 2021—, en el que se crea un nuevo sistema administrativo mediante la digitalización del sistema administrativo porque el que tenía la dependencia databa de hace más de 16 años y ya era totalmente obsoleto.
“En 2017 se crea el nuevo sistema pero no se había implementado; me corresponde ponerlo en marcha e hicimos todo el proceso y lo estamos dejando operando totalmente en una de nuestras cuatro delegaciones, que es en la isla de Cozumel (Cancún, Playa del Carmen y Othón Pompeyo Blanco son las otras tres).
“Estamos por terminar y será la base para las demás delegaciones. También hicimos un convenio con la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) para cambiar 120 equipos de cómputo que actualmente se están instalando; también un archivo giratorio, muy moderno, para los libros y también recibimos un servidor.”
Layla Lorena añade que el logro más importante durante su año de trabajo es la alerta inmobiliaria, herramienta que disparará su uso y conocimiento en los siguientes meses porque sirve para prevenir fraudes, de tristes recuerdos durante el sexenio del ex gobernador Roberto Borge Angulo, preso desde 2018 en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en el estado de Morelos.
*Una app*
La alerta inmobiliaria es una innovadora herramienta por la que se paga un derecho y cualquier acto se notifica de manera inmediata; eso va a prevenir muchísimo y provocará la reducción de fraudes, “que de repente aparecen laudos y ni te enteras hasta después de tres años que alguien vendió tu terreno con un poder”, asegura.
Layla Flores, que se ha desempeñado como asesora jurídica en las secretarías de Turismo (Sedetur) y de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), sostiene que “esa alerta, ya implementada desde el mes de agosto, va a dar muchísimo mayor certeza en la tenencia de la tierra”.
Y detalla el funcionamiento de la nueva herramienta digital: “Es como un servicio de una tarjeta de crédito, que cuando empiezan a darle mal uso le llega un mensaje —«alguien está comprando en tal ciudad»— y ya usted toma las medidas. La alerta es similar”.
“Por ejemplo, si tengo una casa, tengo mi alerta y la vendo, me va a llegar un mensaje, pero sé que yo lo emití, el SAT (Sistema de Administración Tributaria) o alguien más… ya está en la página del gobierno del estado, lo que falta es mayor difusión, lo que espero haga la siguiente administración
“Se espera que una vez que se conozca en general, los potenciales usuarios se inscriba y la tengan a la mano. No es una herramienta con la que el Registro Público de la Propiedad detecte el fraude, sino que los particulares podrán prevenirlos”, indica la también docente de las universidades de Quintana Roo y Autónoma de Nuevo León.
Expone que la alerta inmobiliaria la tienen 17 estados, ya incluido Quintana Roo, que es el único de la península porque aún no la tienen Campeche ni Yucatán, “y eso que es de las principales entidades en modernización a nivel nacional, variaciones que la Sedatu toma en cuenta para el otorgamiento de recursos”.
“Hay que cuidar nuestro patrimonio. La alerta es como un seguro de automóvil, relativamente económico, cuesta 10 unidades de Medida y Actualización (UMA, 96.22 pesos), 962 pesos por un año. Se entra a la página de la Secretaría de Gobierno estatal y en una esquina aparece. Es muy fácil darse de alta, y en dos o tres días ya está asegurado tu bien”, refiere.
*Discrepancia*
En una amplia charla, la también ex directora general de Licencias de Bebidas Alcohólicas en Quintana Roo cita que la entidad tenía una estructura añeja, gente trabajando sin sueldo, con contratos muy bajos, y se alcanzó un proceso de reestructuración para que la novel administración libere los recursos.
“De hecho, se solicitaron varias plazas para que el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama contrate más gente alcanzar más agilidad en los procesos pendientes. Se solicitaron 10 plazas netamente operativas: en Playa del Carmen hay mucho rezago porque está superado el trabajo frente al personal, están rebasadísimos.
“En Playa —delegación con mayor atraso— serían tres registradores más, y en un tiempo razonable podría acabarse con ese rezago. En 15 días se registró un dinamismo inmobiliario interesante: emitimos o registramos dos mil 294 actos; pero por otro lado ingresaron tres mil 322 actos; o sea, hay una discrepancia… por cada 15 días en promedio dos mil, tres mil. Hoy no hay forma de acabar
“Explica que uno es lo que se hace, pero al mismo tiempo me solicitaron en esos 15 días el registro de más de tres mil 300 actos. Evidentemente, lo que se necesita es más personal, aunque lo más importante como logro es el nuevo sistema, que permitirá la firma electrónica, las consultas en línea, que todo se pueda cargar desde la misma oficina. Es la modernización que se requiere”, sentencia.
Flores Terrazas detalla que el sistema (de cómputo) no se había cambiado hacía aproximadamente 17 años. Cada estado genera uno diferente que le permita modernizarse; Yucatán tiene el suyo, Campeche igual. El de Quintana Roo permitirá la consulta en línea, es la base para que toda la modernización fluya más rápido.
“Cuando la administración de Carlos Joaquín recibió el Registro Público de la Propiedad era el 32 de igual número de estados en el país. A mitad del sexenio ya era el trigésimo y lo recibo siendo el 28 o 29, en mucho porque el sistema no se había cambiado. El nivel, en comparación con las otras entidades, se sabrá en cuatro meses.”
*Existe o no*
La convocatoria de este año, que emite la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se publicó el miércoles 21 de septiembre y se cerró el jueves 20 de octubre, por lo que el lugar exacto se sabrá en tres o cuatro meses, ya en el próximo año, y Layla Flores asegura que “sin duda subimos varios escalones”, solo por la modernización y la implementación de la alerta.
“Lo que se hizo en un año nos va a ayudar a subir muchísimo la calificación en el ranking nacional por los tres aspectos más importantes dentro del Registro Público: la alerta, el cambio de sistemas y los nuevos equipos, que van a potencializar subir varios escalones entre los 32 estados”, asevera la aún funcionaria.
“Lo que hemos hecho, de la mano de la Sedatu, es combatir la inscripción de títulos falsos, algo que era muy común; hemos trabajado para que todos los títulos de terrenos nacionales o del Registro Agrario Nacional (RAN) que se ingresen, se validen previamente para dar mayor certeza y evitar fraudes.”
Haber estudiado Derecho marcó a Layla Lorena porque siempre defiende lo que cree correcto; dice que le apasiona el servicio público porque contribuye a ser más eficientes, y que desde niña siempre le llamo la atención ser abogada, nunca tuvo duda de lo que quería estudiar, y es que siempre aboga por defender, tanto lo que piensa como lo que considera justo.
“Implementamos una comunicación tanto con los notarios como con los gestores, de manera que antes de solicitar algún ingreso nos piden validar en la Sedatu, validamos e informamos del oficio donde se indica si el título existe o no. Con eso, ellos previenen y advierten, y ya no registran
“Tuvimos cuatro casos —durante el año de su gestión— que se turnaron a la Sedatu porque pese a que advertimos que eran títulos falsos se ingresaron. Solicitudes tuvimos muchas porque se hicieron de manera económica, mediante correo electrónico, y en la mayoría de casos los notarios, al advertir que eran papeles apócrifos, declinan hacer cualquier operación”, precisa
*Certeza*
Los cuatro casos de intento de fraude de los que habla Flores Terrazas se cometieron en diferentes municipios: tres en zona norte y uno en zona sur. En el primer caso en Benito Juárez (Cancún), otro en Tulum, uno más en Solidaridad (Playa del Carmen), y el restante en Othón Pompeyo Blanco.
En cuanto a la carga de trabajo, la aún titular del RPPC puntualiza que “van más o menos a la par las delegaciones de Cancún y Playa del Carmen, con una diferencia mínima, tiene que ver también con los municipios que agrupan. Cozumel, solo se enfoca a la isla; Cancún ve Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Benito Juárez.
En el caso de la de Playa del Carmen solamente ve Solidaridad y Tulum, y Chetumal abarca Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón Pompeyo Blanco: “Definitivamente, la carga de trabajo es mucho mayor en la zona norte por obvias razones, es la región donde se concentra la actividad económica”.
Pese a todo se sincera: “Creo que la falsificación no se ha erradicado, va a seguir, es algo que tenemos que combatir todos, lo que sí es que dejamos herramientas para impedir la inscripción (de títulos falsos), porque en años anteriores se hacía. Estoy hablando de 2016 hacia atrás, lo que generaba incertidumbre
“Lo que logramos es esa comunicación directa para impedir las inscripciones; que siguen circulando títulos falsos tratando de engañar, definitivamente, pero la certeza es que será micho más difícil cometer fraudes. O sea, se está dando certeza jurídica a la gente, lo que no existía.
“Y si alguien vende un título no registrado o que les digan que está en proceso, tendría mis dudas. Trabajamos para atraer inversiones inmobiliarias; no es trabajo de un día, es de constancia, y creo que entregamos un Registro Público moderno para trabajar en la certeza de inversión y la propiedad jurídica de la tierra”, remata Layla Flores.
