Cancún.- Luego de alzar la voz para denunciar presuntos actos de corrupción al interior del Poder Judicial, especialmente cometidos por la Magistrada Verónica Acacio, la abogada Araceli Andrade Tolama ahora es víctima del poder político de esta servidora pública, quien en complicidad con sus abogados elaboraron una denuncia para criminalizarla.
En el Estado de Quintana Roo se repite un caso de abuso de poder y colusión de autoridades, desde el más alto nivel, para coartar los derechos humanos de una persona, cuya presunta falta es defender los interés de los que menos tienen.
Bajo una cadena de mando, de manera premeditada y dolosa, Verónica Acacio instruyó a sus colaboradores fabricar una denuncia: por discriminación, con la única intención de criminalizar a una defensora de víctimas como lo ha sido Andrade Tolama.
A modo de venganza, Acacio Trujillo, orquestó una sentencia inédita, por lo expedita y de manera infundada, con la cual se le impusieron una serie de severas medidas a la abogada Araceli Tolama, que restringen su libertad de tránsito, libertad de expresión y derecho al trabajo.
Verónica Acacio Trujillo, quien ha sido denunciada desde 2017 por cometer actos de corrupción y tráfico de influencias, busca callar a quien ha expuesto los abusos que ha cometido a través de su cargo y poder político.
Este Estado parece olvidar casos como el de Lydia Cacho y Pedro Canché, en los que fueron utilizadas las instituciones para castigar a personas que alzaron la voz contra el abuso de poder y el influyentismo.
Ante está situación, Araceli Tolama asegura que “la batalla es completamente desigual para quienes, desde la ciudadanía, luchan abiertamente contra la corrupción”.
