Cancún.- Una mujer que trabaja con la plataforma de transporte digital Uber y que ayer fue detenida en la Zona Hotelera, luego de ser agredida por un grupo de taxistas, interpuso esta tarde tres denuncias, ante la Contraloría municipal, ante Seguridad Pública y ante la Fiscalía General del Estado, por el presunto mal actuar de los policías y el juez de control que actuaron en su contra.
Rosa del Carmen Ruiz Pérez narró, entrevistada afuera del Palacio Municipal, que ella acudió al restaurante Chachalacos, en el kilómetro 9.5 del bulevar Kukulcán, a recoger a una turista estadounidense. La cliente estaba en el lugar y ella le abrió la maletera para que ingresara una maleta, pero en eso llegaron tres taxistas, uno de los cuales tomó la maleta y la aventó lejos, mientras otro le cerró el paso.
La extranjera con miedo abrió la puerta del vehículo para huir, pero uno de los taxistas cierra la puerta y empuja a la mujer, que entonces corre aterrada a un hotel, sin que se le viera más.
La conductora les reclamó a los taxistas, pero éstos le dijeron que Uber es un servicio ilegal, por lo que comenzaron a amenazarla a ella. En eso, llega otro taxista, con un garrote en la mano, el mismo que hace un mes le había aventado una piedra, en una agresión previa.
Justo en ese momento llega una patrulla de la Policía Turística, por lo que este último taxista suelta el bate que cargaba. La víctima les comentó a los agentes lo ocurrido, pero ellos dejaron que ese taxista se fuera y luego le informaron que la detendrían a ella, por alterar el orden.
Los agentes quisieron esposarla para subirla a su patrulla, pero ella se negó, por lo que la obligaron a apagar su celular y le dijeron que la acompañarían escoltada hasta la base de la Policía Turística, en la Zona Hotelera. Al llegar allí, la esposaron y la ingresaron en separos, además de llevarse su vehículo con una grúa (pese a que ella lo había dejado correctamente estacionado).
Después de dos horas de espera, la presentan con un juez, quien se negó a dar su nombre y quien le dijo que tenía un minuto para llamar a su empresa y a un familiar. Después de eso debió esperar otra hora hasta ser llamada otra vez. El juez dijo que aplicaba una multa de 6 mil pesos, pero que le haría el favor de solo cobrarle mil 50, pero en efectivo y sin entregar recibo.
Aunque pudo salir, todavía ignora cuánto les querrá cobrar la empresa de grúas.
Carlos Calzado Calzado, representante de los socios de Uber y quien acompañaba a esta mujer a interponer sus denuncias, explicó que acudieron a Contraloría para proceder contra el juez cívico, ante Seguridad Pública para quejarse contra los policías, y finalmente ante la Fiscalía General del Estado contra todos ellos, además de los taxistas agresores.
El también periodista aseguró que esta agresión vivida es un resultado del clima de impunidad que todavía se vive, por la protección que les brindan las autoridades a este sindicato de taxistas.
También acusó a Rodrigo Alcázar Urritua, director del Instituto de Movilidad; a Erika Castillo, directora de Gobierno, y a Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, por haber difundido la mentira que Uber era ilegal, en contra de lo ordenado por un juez federal.
“Como ya los medios no están viendo, vuelven a hacer lo mismo de antes, a agredir a operadores y a bajar a turistas por la fuerza”, aseveró. “Exhortamos a los diputados a que vean lo que sigue ocurriendo”.
