Tulum.- La disputa del señor Felipe Ramírez González por su predio contra la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO) del Estado parece no llegar a su fin, por el contrario, conforme pasa el tiempo se destapan irregularidades en el actuar de los funcionarios de la dependencia, entre ellos su titular Jose Alberto Alonso Ovando.
En febrero de 2022, dimos a conocer la historia detrás de la posesión del predio ubicado a un costado del Hotel Acuario sobre la Avenida Ruinas de Tulum con calle Nicte Ha y la manera injusta en qué la AGEPRO le arrebató dicho terreno al señor Ramírez González.
En el año de 1986 don Felipe Ramirez Gonzalez obtuvo la posesión del predio en el municipio de Tulum. Estas tierras le fueron otorgadas por un empleado de Catastro del municipio de Cozumel, en aquel entonces Tulum pertenecía a dicho municipio, que se dedicaba a la venta de los predios a bajo costo, con altas facilidades y el trato era únicamente de palabra o en algunos casos con recibos en hojas de cuadernos escritos a manos.
Así explica el Doctor en Derecho Germán Felipe Ramírez Villegas, hijo de don Felipe Ramírez, la batalla legal que lleva su padre con la Agencia de Desarrollo Estratégicos (Agepro), mano del Estado para recuperar predios e integrarlos al patrimonio de Quintana Roo mal administrado por los últimos 5 gobernadores.
El señor Ramirez Gonzalez llevaba 8 años de radicar en Tulum, en 1985 y estaba en proceso de construcción el Hotel Acuario y aprovecho la oportunidad que el gobierno ofrecía con los predios en venta, por lo que entró en posesión física, jurídica, pacifica, ininterrumpida en calidad de propietario y señorío del predio, tal y como lo reconoció, aceptó y plasmó el IPAE en el oficio IPAE/DG/CJ/DGC/021/7/2017 con fecha 25 de julio de 2017
Sin embargo con una serie de procedimientos ilegales, la renovada AGEPRO arrebato el predio al posesionario por lo que esté y su representante legal iniciaron un proceso penal por el delito de despojo contra la dependencia estatal, mientras el predio fue asegurado.
Un años después continúa este litigio entre el agraviado y la AGEPRO pero en este tiempo se han destapado nuevas acciones ilícitas llevadas a cabo por el titular Jose Alberto Alonso Ovando.
El maestro abogado Germán Ramírez señala como autor intelectual a José Alberto Alonso Ovando en el caso de despojo contra su padre, a través de una metodología estratégica.
El 20 de junio de 2022, Ernesto Rodríguez Soria, titular de la mesa de delitos particulares de la Vicefiscalia General del Estado con sede en Playa del Carmen estaba conociendo el caso del presunto despojo.
Sin embargo, el funcionario emitió un acuerdo de incompetencia en el que argumento que tras analizar el caso “el no era competente para atender el asunto” y lo turno a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Cabe recordar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, está está facultada para atender los delitos comprendidos a partir del capitulo cuarto, es decir, del artículo 200 hacia adelante, mientras que del artículo 199 hacia abajo será competencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), explica el abogado Germán Ramírez.
Teniendo conocimiento de lo anterior, Rodríguez Soria se declara incompetente para conocer de un delito patrimonial contemplado en el numeral 158 del código penal.
“La grave del asunto es que decreta la incompetencia, la emite y recibe la Fiscalía Anticorrupción en Chetumal a través del licenciado Luis Artemio García Baez. Apenas 7 días después, el 27 de junio se levanta el aseguramiento de dicho predio sin haber notificado ni haber realizado ningún acto que pudieran utilizar en defensa de sus derechos el señor Felipe Ramírez”, narra el representante legal.
En este punto, queda en evidencia la corrupción que ha ejercido Alonso Ovando en la AGEPRO, ya que el abogado indagó y descubrió que el funcionario vendió y emitió un título de propiedad a la inmobiliaria Los Arenales S.A de C.V por el predio que estaba asegurado por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Alonso Ovando firmo el título de propiedad en favor de la persona moral señalada pero para ese entonces el predio se encontraba expropiado por la Conanp. El fondo registral tenía una notación marginal y en mutuo acuerdo el ex director de la Conanp en Tulum solicitó cancelar la notación del folio 126761 del decreto del Parque Nacional de Tulum registrado el 12 de mayo de 1982. Hizo la solicitud al Registro Público de la Propiedad, la cual resultó efectiva hasta el 9 de septiembre de 2022 cuando se le informa a Fernando Orozco Ojeda, ex director general de la Península de Yucatán y Caribe Mexicano Quintana Roo de la Conanp, que se levantaba la notación de expropiación.
Sin embargo, desde el 21 de julio Jose Alberto ya había vendido, titulado y recibido el dinero a sabiendas que el predio y la posesión se encontraba en un litigio que lleva más de 10 años y a sabiendas que existe un carpeta de investigación con número 722/2020 contra funcionarios de agepro, otra carpeta con número 33/2021 en Anticorrupción y una última con número 762/2020, ambas por despojo.
Es decir, que lo anterior se trato de un total acto de corrupción por parte del titular de la AGEPRO para vender y titular un predio cuando esto no podría realizarse por estar en litigio.
Al respecto, Germán Ramírez argumento que el código penal de Q Roo en su artículo 169 señala que “las sanciones previstas en este capítulo se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o este en litigio” y resulta que el capítulo al que se refiere es el capítulo 9 que habla de despojo, el artículo 158 menciona el despojo simple y el 159 por despojo calificado, por el que presentaron una denuncia que fue registrada bajo el número 722/2022.
Pero el asunto no para ahí, el 22 de septiembre de 2022 el licenciado Eduardo Abraham Méndez Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción emite un acuerdo de incompetencia, después de haber hecho sus procedimientos ilegales, dice que siempre no son competentes para conocer de ese delito porque estaba por debajo del artículo 200 del Código Penal y quién es competente es la Fiscalía General del Estado, una total incongruencia porque desde el principio debía regresar el asunto a la FGE pero se espero para poder actuar con total alevosía y ventaja sobre el señor Felipe Ramírez.
En pocas palabras, el doctor abogado resume la estrategia que consistió en turnar el caso a Anticorrupción, está levantó el aseguramiento para permitir que Alonso Ovando venda el predio, aún estando expropiado con notación marginal.
Es evidente el actuar de mala fe de los funcionarios contra el legitimo posesionario de este predio pero la lucha por su patrimonio continuará.
