Chetumal.- La posible revocación de la concesión a Aguakan tiene que estar sustentada en estudios que demuestren el incumplimiento de la empresa a su contrato, de lo contrario, será muy difícil lograr este cometido, aseguró el diputado local Humberto Aldana Navarro, quien descartó apoyarse en la consulta popular para decidir si actuarán contra la empresa.En entrevista, el legislador explicó que si la empresa “no está cumpliendo hoy, tendría que ser esta la ocasión en la pudiéramos actuar”, aunque sería irresponsable iniciar este proceso sin tener esto documentado, ya que Aguakan podría ampararse “y nos podríamos ir así hasta el 2053 con el mismo servicio y las mismas fallas”, dijo.El que existan quejas y la exigencia de que el servicio mejore este año no sirve como sustento de lo que ha ocurrido en el pasado, señaló, lo que significa que forzosamente necesitan una evaluación actual.El legislador señaló que la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención del tema ya tuvo su primera reunión con el titular de CAPA, Alberto Covarrubias Cortés, quien les informó que desde 2020 no se había realizado una revisión del rendimiento de la compañía y esta incluso quedó incompleta.“La última revisión completa al parecer se realizó en 2016. Llevamos siete años sin que se pudiera realizar una revisión”, reveló el morenista.Lo anterior es muy llamativo, pues Cristina Torres Gómez, cuando fue presidente municipal de Solidaridad, solicitó formalmente a esta paraestatal, entonces encabezada por Gerardo Mora Vallejo, una evaluación del servicio de la concesionaria, la que se tomó todo su trienio (2016-2018). Ya cerca del final de su periodo, ella optó por efectuar una “consulta ciudadana” en los bajos del palacio, para luego votar directamente por rescindir este contrato en sesión de Cabildo, a solo días de solicitar licencia a su cargo, para poder dar cumplimiento a una promesa de campaña.El recurso fue interpuesto, pero quedó entrampado en el Tribunal de Justicia Administrativa.CONSULTA POPULAR , Por otra parte, Humberto Aldana prácticamente descartó la consulta popular, en la que los ciudadanos de tres municipios votaron en las urnas de forma vinculante para revocar esta concesión.El legislador de Morena señaló que ellos no pueden tomar una decisión sobre esta concesión tomando esta consulta “porque cuando se hizo la concesión, no existía esta figura de la consulta popular”, explicó, por lo que no hay una vinculación entre este instrumento y el proceso de revocación de la concesión, en el contrato firmado.Como en otras ocasiones, Aldana criticó el que se haya iniciado esta consulta “sin ver de qué manera se podría afectar a la población”
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