Motorrepartidores piden aclarar cuánto pagarán por la regularización

Chetumal. – Ante la recién presentada Ley de Movilidad que busca regular el transporte y las plataformas digitales, el dirigente del “Movimiento Ni Un Repartidor Más”, Saúl Gómez, dijo que, aunque se siente satisfecho con la ordenanza el “único prietito en el arroz” es que no hayan definido el monto que tendrán que pagar para ofrecer su servicio.En entrevista, el emprendedor dijo que el que no los hayan obligado afiliarse a un sindicato u organización, les permitirá trabajar de manera independiente como los vienen haciendo, pero todavía no queda claro cómo realizarán el censo y cuanto tendrán que pagar para su regularización.“En lo general, estamos satisfechos, los diputados y el Gobierno del Estado finalmente nos escucharon, dejando fuera de la ley esa propuesta de que teníamos que estar sindicalizados, pero ahora no sabemos cuál es la cuota para entrar al proceso de regularización”, comentó.Cabe destacar que, después de ser aprobada y publicada, esta ley brinda un plazo de 180 días para que el Instituto de Movilidad elabore su respectivo reglamento, en donde figurarán temas como tarifas.Saúl Gómez refirió que entienden que todas las leyes son perfectibles y que conforme se vaya aplicando se pueden ir modificando, por lo que esperemos que este sea el caso para de esta forma exista un mayor beneficio para los motorrepartidores, quienes están en la mejor disposición de seguir cooperando con las autoridades.En cuanto al tema del fideicomiso de los taxistas a través del cual se pretende apoyarlos para que adquieran cámara de videovigilancia, mencionó que espera que también haya facilidades para los motorrepartidores, para que también puedan contar con GPSs, así como equipos que le permitan ser más competitivos.“A nosotros no se nos planteó lo del fideicomiso, pero pudiera ser que la ley traiga sorpresas y se nos apoye para los del GPS, pues nuestro interés es seguir trabajando dando el mejor servicio”.Insistió en que siempre estarán en la mejor disposición de colaborar con las autoridades siempre y cuando las medidas establecidas les permitan trabajar de manera justa y adecuada a la realidad.