Cancún.- Los 37 elementos de la policía que han sido dados de baja, fueron separados del cargo por faltas administrativas como abuso de autoridad, corrupción y sobornos, otros por temas penales que ya están en manos de la Fiscalía, indicó Ana Patricia Peralta, presidenta municipal.
Entrevistada al finalizar la décima novena sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Cabildo, la edil señaló que realizan una revisión exhaustiva de la corporación para tomar medidas más duras y evitar estas conductas.
“No vamos a permitir actos de corrupción en la corporación, ni en ningún lugar del Ayuntamiento”, afirmó.
Indicó que todos los casos son investigados y analizados por la mesa de Honor y Justicia y otros están en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Resaltó que a pesar de estos elementos, hay policías comprometidos y entregados a su trabajo que deben ser reconocidos, “no podemos solo exigir”, por eso reiteró que el próximo año se hará un incremento a su salario.
Además tendrán una mejor certificación mediante la construcción de la Academia de Policía que tiene un avance del 70% y en la que se invierten más de cuatro millones de pesos.
FONATUR
En cuanto a la salida de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de los Centros Integralmente Planeados, como Cancún, la alcaldesa manifestó que será el Gobierno del Estado quien reciba todos los bienes.
Precisó que debido a que el gobierno municipal no cuenta con recursos extras para el manteamiento de la Zona Hotelera, se tendrá que trabajar en coordinación con el estado, ya que anualmente se requieren de 200 millones de pesos, que en algunas ocasiones llegan a ascender hasta los 400 millones de pesos.
Descartó que la Zona Hotelera pueda convertirse en una alcaldía, como propuso el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien destacó la necesidad de implementar un plan de atención para los servicios públicos de esa zona.
RELLENO SANITARIO
En otro tema, la edil indicó su gobierno no otorgará otra concesión y si tiene que hacerlo será mediante un contrato de prestación de servicios, para que en un futuro si hay mejores tecnologías, poder migrar a ellas sin tener que estar atados a una concesión, que normalmente se dan por 30 años.
Explicó que para esto harán una licitación abierta a las empresas que puedan hacer su propio relleno sanitario y evitar ese gasto enorme para el gobierno municipal.
En cuanto a la celda 196 del relleno sanitario, señaló que tiene una vida útil de seis meses, pero será la Unidad Verificadora la que tendrá que dictaminar cuánto tiempo más se podrá seguir utilizando.
