Obtiene FGE condena máxima de 50 años de prisión para dos sujetos por violación

• La Fiscalía General del Estado informa que los sentenciados son Sebastián “N”, por hechos cometidos en el municipio de Benito Juárez, y Mayel “N” en el municipio de Solidaridad

• Personal de este organismo autónomo cumplimentó orden de aprehensión en contra de Antohni “N”, por su posible relación en hechos probablemente constitutivos del delito de abusos sexuales

Benito Juárez.- Dos sujetos fueron sentenciados, por hechos separado, a la pena máxima de 50 años de prisión por el delito de violación en agravio de dos víctimas menores de edad de identidad reservada, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara todas las pruebas correspondientes; asimismo, detuvieron a otro por su presunta participación en hechos posiblemente constitutivos del ilícito de abusos sexuales.

El primero de los sentenciados es Sebastián “N”; los hechos que le imputan ocurrieron en septiembre de 2020, cuando aprovechando la cercanía con la víctima del sexo masculino, cometió el ilícito en un domicilio ubicado en la Supermanzana 260. Además de la pena carcelaria, deberá pagar una multa equivalente a 260 mil 640 y 33 mil 864 pesos por concepto de reparación del daño integral; el condenado no tendrá derecho a la conmutación.

Asimismo, Mayel “N” fue sentenciado a la pena máxima por el delito de violación, cometido en diversas ocasiones en agravio de una víctima menor de edad del sexo femenino, en diferentes domicilios del municipio de Solidaridad. El Juez le impuso multa por un monto de 260 mil 640 pesos, más 60 mil pesos por reparación del daño en aspecto material.

Por otra parte, personal de este organismo autónomo cumplimentó orden de aprehensión en contra de Antohni “N”, por su posible relación en hechos probablemente constitutivos del delito de abusos sexuales en agravio de una menor de edad de identidad reservada, en el municipio de Solidaridad, el 20 de febrero de 2023.

Tras las diligencias de rigor, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió; en el término constitucional previsto determinará su situación jurídica.