Chetumal, Q Ro.-(Hechos del Caribe) En un clima de creciente tensión y falta de transparencia, la reciente reelección de Mercedes Rodríguez Ocejo como Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo de Quintana Roo ha levantado nuevamente serias sospechas sobre el carácter amañado del proceso. Este evento no solo ha dejado dudas sobre la legitimidad del liderazgo sindical, sino que también ha evidenciado un preocupante patrón de violencia contra la libertad de prensa.
Está mañana, durante la asamblea que marcaba la nueva reelección de Rodríguez Ocejo, el reportero Marco Barragán, del medio digital Fátima Vázquez, fue víctima de agresiones físicas y verbales mientras intentaba cubrir los hechos. La agresión, protagonizada por Marcelino Reyes, un empleado del Congreso del Estado, comenzó con insultos y empujones, escalando hasta golpes, todo con la clara intención de obstaculizar el trabajo periodístico. Este episodio es un reflejo del ambiente hostil que rodea al actual sindicato y sus simpatizantes, quienes parecen estar más enfocados en preservar el poder que en fomentar el diálogo y la transparencia.
El ataque a Barragán no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia preocupante en la política local donde el periodismo crítico y la labor informativa son cada vez más vulnerables a represalias. La cobertura de procesos que involucran figuras públicas como Rodríguez Ocejo, especialmente en contextos tan cuestionados como las reelecciones sindicales, se convierte en una tarea peligrosa para quienes buscan exponer posibles irregularidades.
Desde digital Fátima Vázquez, medio para el que Marco Barragán realizaba la cobertura, se ha emitido una condena enérgica hacia los actos de violencia sufridos por su reportero. En un comunicado, recalcan la necesidad de que los actores políticos adopten un discurso de paz y diálogo, pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática. La falta de reacción oficial por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Congreso del Estado (SUTAHCE) agrava aún más la situación, ya que hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento o acción disciplinaria hacia el agresor.
Este silencio institucional no solo socava los principios democráticos de respeto a la prensa, sino que también refuerza la impunidad con la que operan ciertos sectores dentro del Congreso. La incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para sancionar a los responsables genera un precedente negativo, incentivando la repetición de estos actos en el futuro.
El caso de Mercedes Rodríguez Ocejo y su reelección empañada por la violencia y la coacción es, en última instancia, un reflejo de un sistema sindical que ha dejado de representar los intereses de los trabajadores para convertirse en una maquinaria de poder personal. La defensa de estos espacios debe pasar por una profunda reforma y un compromiso real con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de prensa.
Este tipo de agresiones no solo afectan a los periodistas, sino que debilitan el tejido democrático de la región, minando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Frente a esto, es imperativo que tanto los medios de comunicación como la sociedad civil se mantengan vigilantes y continúen exigiendo justicia y respeto por los derechos fundamentales.
El ataque contra Marco Barragán en el contexto de la reelección de Mercedes Rodríguez Ocejo es más que una agresión aislada; es un reflejo del deterioro institucional y del creciente autoritarismo dentro de algunos sectores del poder en Quintana Roo. El silencio de las autoridades y la falta de consecuencias para el agresor solo refuerzan la idea de que la impunidad sigue siendo un mal profundamente arraigado en la política local. Es hora de que se tomen acciones contundentes para garantizar la libertad de prensa y la transparencia en los procesos sindicales, como parte del camino hacia una democracia auténtica
