Ciudad de México, a 4 de enero de 2020.- (Artículo 19)La mañana del día de hoy, en conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la existencia de los organismos autónomos haciendo mención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por otro lado, en la misma conferencia matutina el presidente afirmó que pedirá al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para ofrecerle asilo político al activista Julian Assange, hecho que resulta relevante como medida simbólica de promoción a la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, el proceso judicial contra el fundador de Wikileaks todavía seguirá su trámite por lo que no puede adelantarse en este momento su situación legal y de asilo político.
Ambas afirmaciones se contradicen toda vez que un verdadero compromiso para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, tendría que robustecer y no atacar a las instituciones autónomas encargadas de su protección. Además, en el caso de la libertad de prensa, México tiene apremiantes asignaturas pendientes entre las que destaca garantizar la prevención, sanción y reparación del daño por las agresiones cometidas contra periodistas cada 10.75 horas.
Adicionalmente, se sigue sin esclarecer el uso de mecanismos de espionaje como el malware Pegasus contra periodistas y defensores/as de derechos humanos, además de que el actual gobierno no ha respondido sobre la continuidad de la adquisición y utilización de estos instrumentos para la vigilancia ilegal de sujetos que cumplen con una labor fundamental para la exigencia de derechos y la rendición de cuentas.
El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que durante 2021 se va a “llevar a cabo una revisión” cuyo objetivo sería ahorrar recursos al desmantelar lo que considera como duplicidad de instituciones creadas para simular combatir la corrupción y simular que había transparencia: “Fueron creando durante el periodo neoliberal otro gobierno. Imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficina, en viáticos, en gastos superfluos.”
En particular, destaca la mención que el presidente hizo del Inai. “Mil millones de pesos (nos ahorraríamos), qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? Ah, se quiere un organismo independiente, un organismo autónomo. Qué no está para eso la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación?”, cuestionó durante la conferencia.
Ahora bien, aun cuando estas instituciones tienen ante sí enormes retos para garantizar efectivamente derechos humanos y servir como verdadero contrapeso, lo cierto es que su creación deriva de logros ciudadanos en la búsqueda de cambios reales y contrapesos al poder. La propia Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública establece en su Capítulo VI la importancia de la autonomía de un órgano garante del derecho a la información con “personalidad jurídica propia, autónomo, independiente, con capacidad de decisión presupuestal, especializado, imparcial y dotado de capacidad sancionatoria.”
Por su parte, la Guía de Implementación de la Ley Modelo de la OEA “reconoce que la independencia es fundamental para el éxito de entidades como la Comisión de Información.”[1] En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH,[2] menciona que la autonomía de los organismos garantes del derecho a la información –el Inai en el caso de México– se puede evaluar a partir de dos aspectos, los internos y los externos. Los aspectos externos se refieren al modo en que el organismo fue creado: la base legal y autonomía operativa conferida a la entidad es fundamental y, además, “es vital que el mandato del órgano o unidad se establezca por ley”.[3] Por otro lado, los aspectos de carácter interno se refieren a la actuación del organismo una vez que ha sido conformado. En este aspecto la independencia y autonomía del organismo depende del presupuesto que tenga, la especialización del personal, el grado de especialización y la autonomía en los procesos de designación de sus integrantes.[4]
No es la primera vez que los organismos autónomos son descalificados. Ataques similares se dieron al inicio de la administración de AMLO. Todavía en el período de transición, en octubre de 2018 afirmó: “Ahí tienen ustedes ejemplos, como el Instituto de la Transparencia: ganan como 250 000 pesos mensuales los consejeros [sic] y ¿qué han hecho desde que se fundó ese instituto? ¿Han evitado la corrupción en México? ¡Nada! ¡Al contrario!”.[5] Ataques similares se dieron a lo largo de 2019 acusando al Inai de contar con un presupuesto excesivo y cuestionando su utilidad institucional.[6]
Como contracara de estas críticas destaca que durante la presente administración las instituciones militares de este país cuenten con mayores recursos y se les asignen mayores tareas fuera de su naturaleza (como las seguridad, aduanas, construcción de obras públicas) cuando no han mostrado ser eficaces ni transparentes, además de ser ajenas al escrutinio público y la rendición de cuentas.
Además, la existencia del INAI se vuelve fundamental al observar una creciente tendencia a la opacidad del actual gobierno federal con el excesivo uso de mecanismos para negar el acceso a información pública, tales como la declaratoria de inexistencia de la información o la declaratoria de no competencia. A ello se agrega la creciente propagación de desinformación, información falsa o no comprobable, que se difunde en conferencias de prensa: 4 de cada 10 frases verificables del presidente no son verdaderas.
Por ello, ARTICLE 19 considera que no puede garantizarse plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información con el debilitamiento de organismos garantes como el INAI. Además exhortamos nuevamente a la adopción de una política pública de protección integral a las y los periodistas en México, en la cual se involucre el Estado mexicano en su conjunto. De igual manera, ARTICLE 19 espera que el fallo respecto al caso de Julian Assange signifique un paso más a su libertad plena de manera que el asilo ya no sea una medida necesaria.
