Cancún.- La defensa de la periodista Lydia Cacho Ribeiro acudirá ante el Comité de Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar el ocultamiento incurrido por el Estado mexicano, que no les notificó de la detención de Kamel Nacif, ocurrida en octubre del año pasado.
En entrevista, la abogada Araceli Andrade señaló que, como no se les notificó, Lydia Cacho no pudo rendir una declaración para evitar que el empresario fuera liberado bajo fianza, como ocurrió desde el año pasado.
“Nos enteramos por una filtración de información, hace unos días, y supimos que fue detenido en el Líbano el 12 de octubre de 2020”, se quejó la abogado. “Lo delicado es que ni Cancillería ni la Fiscalía General de la República nos notificó”.
Al caer detenido el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, ella fue preguntada por el paradero de Kamel Nacif y contestó que ya habían traducido el expediente legal al árabe para solicitar la cooperación de las autoridades del Líbano, sin saber que esta persona ya había sido detenida y luego liberada bajo caución.
“Estamos consternados, no tenemos explicación alguna o más detalles del caso”, señaló. “Como todo en este asunto, es muy sospechoso y apunta a un tema de corrupción y de tráfico de influencias. Así es como comenzó todo, por el poder de estas personas, pudieron tomar a una periodista desde Cancún y torturarla en Puebla, y encima quedar impunes por muchos años”.
Al enterarse, ella y Artículo 19 dialogaron con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien le dijo que sí sabían, “pero medio no sabían”.
“La confianza ya está rota”, afirmó.
Por ello, procederán a notificar de lo ocurrido al Comité de Tortura de la ONU para que tomen cartas en el asunto.
La abogada recordó que la denuncia de Lydia Cacho, por tortura, estaba estancada y diluyéndose, debido al poder económico y político de los acusados, pero fue porque ella, a través de Artículo 19, logró acudir a la ONU, que el organismo internacional emitió una recomendación al gobierno federal, que fue obligado a retomar el caso.
“No nos queda más que volvernos a salir de México para ver qué pasó”, concluyó.
