Ciudad de México.- La legisladora de Quintana Roo, Mayusa Isolina González Cauich solicitó ante la Comisión Permanente, que el Poder Legislativo haga un exhorto al Gobierno federal, para que revise los casos de las más de 7 mil personas indígenas que están detenidas y no cuentan con el apoyo de un defensor público, un intérprete de su lengua, incluso, desconocen su situación jurídica y han tenido violaciones en el debido proceso.
Agregó que miles de presos indígenas pueden alcanzar su libertad con la Ley de Amnistía, pero es necesario que la Secretaría de Gobernación haga expedita su aplicación y agilice los procedimientos de revisión de las solicitudes de los reclusos, muchos de ellos, personas indígenas y afromexicanas que no han tenido una defensa adecuada, además que son discriminados y violentados en sus derechos humanos, pidió la diputada federal del PRI.
“La ley fue publicada el 22 de abril de 2020 y generó altas expectativas, se aprobó para beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad y garantizar justicia social; sin embargo, su aplicación no ha permitido el acceso pleno de los pueblos autóctonos a la justicia penal, que sigue como un asunto pendiente de resolver por parte del Estado mexicano”, expuso González Cauich.
Con base en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta octubre de 2020, la población indígena y afrodescendiente mexicana en centros penitenciarios en el país era de 7 mil 185 personas. De estos, 6 mil 817 por haber cometido delitos del fuero común y 368 del fuero federal. Se estima que 246 personas del total son mujeres y el resto, 6 mil 939, hombres.
El Punto de Acuerdo demanda también que, a través de la Secretaría de Gobernación, el Congreso de la Unión conozca el informe anual sobre las solicitudes de amnistía pendientes y resueltas, así como de los supuestos por los cuales se han concedido. La redacción de dicho dictamen recordó González Cauich, está mandatado en el artículo cuarto transitorio de la legislación en la materia.
Finalmente, la priista puntualizó que, de acuerdo al Censo 2020 del INEGI, en México habitan 7 millones 364 mil 645 personas hablantes de lengua indígena, de las cuales 865 mil 972 no hablan español y sólo dominan su lengua, por lo que es urgente trabajar en la agenda de sus derechos humanos y justicia, específicamente en agilizar los procedimientos para determinar si una solicitud de amnistía procede e informar y difundir los beneficios de esta ley.
