Playa del Carmen, Quintana Roo. – Las controversias dentro del ayuntamiento de Solidaridad parecen no terminar ya que, hasta el día de hoy no se ha podido aclarar lo relacionado a la denuncia presentada por José Francisco Sánchez Baeza en contra de la presidenta municipal Laura Esther Beristain Navarrete.
El pasado 16 de marzo de 2021, Sánchez Baeza presentó una denuncia formal ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción, por presunto desvío y uso ilícito de recursos federales, en contra de la Laura Esther Beristain, quien actualmente funge como edil del ayuntamiento de Solidaridad.
La denuncia fue interpuesta luego de que Laura Beristain firmará un contrato con la empresa privada “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A de C.V”, para la realización de la obra denominada “Construcción de Red de Drenaje en Zonas Prioritarias del Municipio de Solidaridad”.
Dicha obra se llevaría a cabo, como parte de las obligaciones de la empresa “Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A de C.V.” mejor conocida como “Aguakan”. Esta compañía recibió el 08 de diciembre de 2014 una concesión, por parte del gobierno municipal de Mauricio Góngora, aprobada por unanimidad durante la Decima Segunda Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 2013 – 2016.
La licencia otorgó los derechos a la empresa para brindar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio. Así como los trabajos, que se le asigno en la concesión, relacionados con el “Proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario / zonas con falta de cobertura 2019 – 2020”.
Sin embargo, el 29 de agosto de 2019, el ayuntamiento de Solidaridad suscribió un contrato con la empresa “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A. de C.V.” para la realización de la obra anteriormente mencionada. Dicho contrato no tenía razón de ser, ya que Aguakan era la compañía encargada y autorizada legalmente para realizar los trabajos del proyecto.
Debido a esto Antonio Ramos Pérez emitió un oficio, a través del INFOMEX, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y al Ayuntamiento de Solidaridad para solicitar aclarar la situación.
Por su parte, CAPA respondió la solicitud informando que no tiene participación en el proyecto porque el lugar donde se llevaría a cabo no se encuentra dentro de la cobertura de CAPA. Anexó 2 mapas en los que claramente especificó donde llegan sus servicios de agua potable y alcantarillado y donde tenía cobertura Aguakan, de acuerdo a su concesión.
El ayuntamiento respondió la solicitud presentando las facturas expedidas a nombre de “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A. de C.V.” por la cantidad de $14, 798,506 (catorce millones setecientos noventa y ocho mil quinientos seis pesos). En los documentos presentados se evidenciaba que los recursos aplicados provenían del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) que es uno de los dos fondos en los que se divide el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual es un recurso financiero federal.
El “Proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario / zonas con falta de cobertura 2019 – 2020” se desarrollaría en la colonia Ampliación Bellavista, considerada dentro de la cobertura de Aguakan para el 2020, con una inversión de cinco millones trescientos mil pesos, monto que ya había sido cubierto por parte del municipio. Sin embargo, en esta misma colonia, se invirtieron los recursos del fondo federal pero por una cantidad duplicada para la empresa contratada adicionalmente.
Este hecho fue lo que originó la controversia pues, el ayuntamiento no debía contratar a “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A. de C.V” cuando los trabajos del proyecto ya estaban asignados a Aguakan.
El artículo 20 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado vigente en el estado de Quintana Roo, establece que el ayuntamiento no está obligado a construir redes de servicios sanitarios dentro de sus jurisdicciones donde los servicio están debidamente concesionados.
La actual administración de Solidaridad, encabezada por Laura Beristain, hizo caso omiso a la ley y las concesiones otorgadas. Destino una inversión federal donde no tenia la facultad de hacerlo. Pago el doble a la empresa privada por un proyecto que ya estaba cubierto económicamente en su totalidad. Probablemente esta haciendo un mal manejo de recursos.
Por eso hasta el día de hoy, las personas involucradas continua detrás de esta situación con el objetivo de aclarar el porque de las acciones de la presidenta municipal.
José Francisco Sánchez Baeza declaró literalmente, “considero que han aplicado recursos financieros federales para un fin distinto a lo establecido por los lineamientos y reglas de operación”.
