Ciudad de México.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la diputada federal, Laura Fernández Piña expusó, ante el pleno de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, la crítica situación que enfrenta el país respecto al turismo sexual infantil, actividad que “se vuelve cada vez más rentable para los grupos delicuenciales que se dedican a explotar a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes”, manifestó.
La legisladora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde expresó que la prostitución es la forma más cruel de explotación de los grupos más vulnerables como son mujeres, niñas y niños.
Al respecto de esta problemática que enfrenta el país, Fernández Piña manifestó que pese a que se han hecho esfuerzos para erradir esta situación, no han sido suficientes, “necesitamos hacer más, exhortó a sus colegas.
“Es importante señalar que hemos tenido avances como la reciente reforma al código penal Federal para que este tipo de delitos no prescriban, pero estos progresos se vuelven letra muerta sino se acompañan de acciones contundentes en las que participen todos los actores sociales”, puntualizó.
El fenómeno de explotación sexual es un feneno tan grande, no solo en México, sino a nivel mundial; tanto que en algunos países representa entre el 2 y 14 porciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
En México, diversas instituciones consideran que por lo menos 2 mil menores de edad son explotados sexualmente cada año, señaló Laura Fernández.
Especialmente en los destinos turísticos este flagelo existe y, pese a los intentos de esconder este cáncer, si no se impulsan políticas públicas para que desincentiven la comisión de este delito, los mexicanos lo seguirán padeciendo y cada día peor, afirmó.
Destacó que en algunos países la problemática ya se combate con acciones contundentes y reformas a sus códigos civiles.
“Por ello exhortó a los tres órdenes de gobierno, a la sociedad organizada y a los sectores productivos para que desde nuestras respectivas facultades modernicemos el marco normativo vigente para homologarlo con prácticas internacionales, endurecer las penas existentes, instaurar políticas públicas de prevención y atención a las víctimas y diseñar protocolos donde los hoteles y otras empresas turísticas participen de manera activa para erradicar este delito”, concluyó.
