Por Pedro Canché
Ante las acusaciones de extorsión y despojo en contra del Coordinador del Gabinete del Gobierno de Quintana Roo, Juan Carlos Pereyra Escudero, expuso en entrevista exclusiva que, se trata de una reacción desesperada del empresario Miguel Mosqueda Saldívar, al quedar en descubierto sus fraudes que realiza con proyectos de inversión inmobiliaria.
Dijo que no le ha amenazado, y que la deuda real que tiene es con su hermano. Como prueba documental se tienen los cheques como garantía de pago, firmados por el empresario regio en fechas del 25 de abril y 25 de mayo del presente año.
Por consiguiente, el ex diputado local, manifiesta que se trata de una campaña de desprestigio en su contra por parte de Miguel Mosqueda, al verse atrapado y no tener los recursos para cumplir sus obligaciones civiles y jurídicas en una compraventa.
“Se trata de un favor personal en el que está siendo apoyado por el medio de comunicación (Milenio) que expuso el tema, no una investigación real”.
A detalle, el funcionario expone la situación que envuelve la campaña mediática en su contra por parte del empresario regiomontano, a quien señala de estar dedicado defraudar a quintanarroenses y meterse en problemas.
Tal es el caso de Ocena Residencial un lujoso desarrollo que contrató los servicios del empresario Míguel Mosqueda Saldívar a traves de su empresa Inversiones Capital para su construcción. Los inversionistas detectaron a tiempo que el empresario regio había hecho acuerdos con el entonces Director de Desarrollo Urbano, William Conrrado de expedir permisos por valores mayor a 1.5 millones de pesos, cosa que los inversionistas vieron mal pues en primeras quería cobrarles de más. Con esto detectaron faltantes de depósitos de preventas de departamentos, así como el uso de un crédito que era la el desarrollo pero que lo usó para comprar propiedades y coches de lujo. La historia de Oceana Residencial terminó con una deuda mayor a los 25 millones de pesos por incumplimientos del empresario Miguel Mosqueda con provedores, los cuales de nuevo los inversionistas tuvieron que pagar.
Juan Carlos Pereyra comparte que, incluso, conoce personas de Tulum, a quienes el empresario les rentó un hotel y no se los devolvió, despojándolos de su patrimonio.
“Miguel Mosqueda es una persona que se dedica a buscar fondos de otras partes del país ofreciendo proyectos que no están consolidados, siendo que carece de la tierra, de permisos y de fondos para realizarlos”.
Pereyra Escudero negó rotundamente las aseveraciones de Mosqueda de haber sido amenazado por su persona, siendo que el trato de compraventa que envuelve el caso fue convenido entre el empresario y su hermano Jorge Julián, es decir, no con él.
Explica que, ante la pandemia Miguel Mosqueda solicita un tiempo de ajuste, aun cuando ya había recibido facilidades de pago, porque carecía de los fondos suficientes para adquirir el predio.
“Con toda alevosía y ventaja deja de pagar”, habiendo dejado cheques en garantía que son el reconocimiento formal de adeudo.
Con estas condiciones, Jorge Pereyra Escudero como titular de la propiedad tiene el derecho de hacer actos de dominio y compraventa, actos de carácter licito. Es en ese momento que le pide ayuda a Juan Carlos por el incumplimiento de Mosqueda.
Al investigar al empresario se dan cuenta que estaba engañando a los inversionistas que estaban financiando su proyecto provocando que se retiren y la compraventa ya no la puede llevar a cabo y por tanto, al verse atrapado busca artimañas como hacerse la víctima para no cumplir con su obligación civil y jurídica.
“Al verse descubierto, inicia una campaña de desprestigio a mi persona”, manifiesta el coordinador del Gabinete.
Respecto a los dichos que supuestamente, fue extorsionado y presionado para gestionar que Pereyra Escudero tramitara los permisos, el entrevistado negó los hechos y señaló que por el contrario Mosqueda pretendió sacar los permisos de manera indebida, mediante actos de corrupción.
“Lo que quiere es agarrarme de escudo para una falta de cumplimiento civil y jurídica y por ello pretende dañar mi imagen pública”.
El Caracol
Juan Carlos Pereyra comparte que precisamente como parte de la campaña de desprestigio, se busca revivir el caso de María Luisa Loria, en relación al predio “El Caracol”, cuando es un caso que no ha trascendido porque legalmente no procede, siendo que ella junto a su esposo vendieron la posesión al señor Héctor Salazar Montoro en 2009, quien posteriormente se lo vendió a un familiar de Juan Carlos Pereyra.
“Con respecto a la señora María Luisa Loria, es un caso de mucho tiempo, me da tristeza lo que le paso a la señora. Ella habla del lote el Caracol, pero lo que no dice es que ella se lo vendió hace muchos años al señor Héctor Montoro que vive en Mérida, quien es una persona que tuvo problemas legales en Quintana Roo”.
El coordinador del gabinete, expone que nadie le ha quitado nada a la señora María Luisa y su esposo, siendo que ellos en 2009 vendieron el predio en pagos y le otorgaron un poder a Héctor Salazar Montoro para hacer con el predio lo que quiera.
Desafortunadamente la persona lo vende y les deja de pagar. No obstante esta no es una historia de personas en condiciones de necesidad porque se cuenta con información que vendieron más de 200 hectáreas de terrenos que solamente contaban con solicitudes de enajenación, es decir fueron comercializados de manera irregular porque seguían siendo tierras de la nación.
De hecho, al momento de ser vendido, “El Caracol” tenía el formato de solicitud de enajenación en el Registro Agrario Nacional
“El Caracol solo es un triángulo de un polígono grande que vendió el señor Canche (esposo de la señora María Luisa) y ahora la que le pertenece a mi familia, dicen que se lo quitó el diputado”.
Juan Carlos Pereyra dijo que, al regularizar el predio supo del problema y acudió con la señora María Luisa para exponerles la situación, pero la postura de la señora fue radical al pedirle que solo quería que se saliera del terreno.
“Cuando fui a tenderle la mano, ella me grabó y expuso la grabación ante los medios, por eso entenderán que no puedo confiar, no puede decirme que yo le quite el terreno, y una prueba es el poder de compraventa que le dieron a Héctor Salazar Montoro”.
De tal manera, con el documento del Poder que le otorgaron Damián Canche Pool y María Luisa Loria Cano a Héctor Salazar Montoro queda claro como toda la información, esta tergiversada y mal encaminada, muy lejana de la realidad, concluye Juan Carlos Pereyra Escudero.
