AGENCIA SIM
Chetumal.- La situación ambiental de Othón P. Blanco, en especial en el destino final de los residuos sólidos, es sumamente complicada y el ayuntamiento carece de los suficientes recursos para atenderlo, afirmó la presidente municipal, Yensunni Martínez Hernández, al defender la inclusión del Derecho de Saneamiento Ambiental en el paquete presupuestal del año próximo.
En entrevista, la edil enfatizó que quien paga este derecho son los turistas, no los hoteleros ni los othenenses, para hacerlos co-responsables de los desechos que igualmente generan.
También recordó que el cobro será de 13 pesos por turista, cantidad menor a los 22 pesos que fijaron los municipios de la zona norte.
“Cuando un turista local viaja a Cancún, tiene que pagar este derecho”, alegó. “Al final, lo que pedimos es esa reciprocidad de que quien venga nos ayude”.
Martínez Hernández dijo que en los próximos días iniciarán un diálogo con el sector hotelero, y comentó que aunque se buscó, finalmente no hubo un encuentro con Bertha Medina Núñez de Cáceres, dirigente de este gremio, previo a su ida al Tianguis Turístico. Como vencía el plazo, lo incluyeron, sin que esto signifique que no hubiese apertura.
Dijo entender que quieren transparencia en cuanto a la utilización del recurso y en ese sentido, quiere aclarar que su finalidad será el saneamiento del municipio.
CAERÁ EL TURISMO DE GRUPOS
Entrevistada por separado, Bertha Medina Núñez de Cáceres, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona sur del estado, comentó que ya varios mayoristas que traen turismo de grupos han expresado su insatisfacción, pues equivale a 400 pesos diarios por autobús.
Ella comentó que de 10 mayoristas, ocho les han dicho que no regresarán, pues ellos no les cobraron este dinero a los turistas, pero deben terminar pagándolo. También señalan que en Yucatán no se cobra y tiene muchos atractivos turísticos.
Otros problemas son que el cobro no tiene recibo con valor fiscal, lo que ha generado hasta desconfianza de quien lo paga, además de sumarse como ingresos para el hotelero, lo que genera gastos e imposiciones.
Recordó que la administración pasada, aunque estuvo más abierta al diálogo, condicionó la entrega de las licencias de funcionamiento a que se declarara este derecho, lo que muchos hicieron declarando en ceros.
“Actualmente ya no existe este condicionamiento, pero sí sigue la intención de imponerlo”, criticó.
Finalmente, rebatió que saben que el cobro no es hacia ellos, sino hacia sus huéspedes, pero es precisamente a estos turistas a quienes ellos defienden, en contra de este derecho.
