AGENCIA SIM
Cozumel.- Si la ciudadanía ya cumplió con los requisitos para realizar una consulta ciudadana, ésta debe proceder de forma obligada, afirmó Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la asociación civil “Que siga la democracia”, cuestionada sobre la petición de referendum sobre la permanencia de la concesionaria Aguakan.
Entrevistada antes de participar en una asamblea informativa en Cozumel, la activista promotora de la consulta por la revocación de mandato presidencial, señaló que las autoridades, y la ciudadanía, ya deben acostumbrarse a los mecanismos de participación directa, por lo que tocaría exhortar al Congreso del Estado efectuar los ajustes legales necesarios para no dejar a una consulta ya aprobada en pausa indefinida.
Cabe mencionar que la realización de esta consulta, que no se llevó a cabo en las elecciones del año pasado, está todavía en incertidumbre, toda vez que el presupuesto del Instituto Electoral de Quintana Roo fue reducido, lo que pudiera ser usado como justificación para un nuevo aplazamiento.
Gabriela Jiménez Godoy destacó la importancia de la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente, toda vez que dejará un precedente que puede usarse a futuro.
“Ya no habrá presidentes impunes, pues si no cumplen, la ciudadanía los puede sacar, sin tener que esperar seis años”, afirmó. “A futuro queremos que esto también quede normado para gobernadores y presidentes municipales”.
La activista está en una gira informativa por el país. Ayer visitó Yucatán y Chetumal. Hoy ya estuvo en Felipe Carrillo Puerto, además pasar por Tulum. Mañana tendrá otra asamblea en Cancún.
Jiménez Godoy indicó que Quintana Roo superó en un 528% la meta de firmas que ellos habían propuesto, al entregar 152 mil apoyos, colocándose como el cuarto estado con mayor participación a nivel nacional, en cuanto a porcentaje.
A nivel nacional, señaló, la cidadanía reunió 11.1 millones de firmas para solicitar la revocación de mandato, sin promoción y casi sin recursos, toda una “proeza”, comentó, pues superan incluso la votación del Partido Acción Nacional (PAN), que es el segundo partido más popular de México y que recibió 8.9 millones de votos en la última elección.
Incluso con estas cifras, el Instituto Nacional Electoral en lugar de destacar este logro de participación ciudadana, no ha dejado de poner obstáculos para la realización de esta consulta, finalmente ordenada por tribunales. Su última traba es que no colocarán la totalidad de las casillas, como marca la ley, sino solo una tercera parte, tal como ocurrió con la anterior consulta, sobre los expresidentes.
“El argumento es que no tienen recursos, pero ellos no se tocan sus gastos de vehículos, de 25 millones de pesos anuales, los 10 asesores que cuenta cada consejero a 100 mil pesos cada uno, sus seguros médicos de millón y medio de pesos… ellos viven en la opulencia y alegan no poder realizar una consulta ciudadana”, criticó.
Cuestionada sobre el impacto de esta reducción en casillas, estimó que sí lo resentirán, en especial porque se obligará a personas en zonas rurales a viajar varias horas para poder votar, cuando son quienes menos recursos tienen, además de generar confusión entre quienes buscan y no logran hallar su casilla.
Para combatir esto, su asociación hará brigadas informativas casa por casa o en lugares concurridos, además de contar con volantes, lonas y otros materiales informativos, disponibles en su página web para que voluntarios puedan descargar, imprimir y difundir.
Cuestionada sobre lo que vendrá para ellos después de la consulta, el 10 de abril, señaló que mantendrán acciones en favor de la participación ciudadana, por lo que esperan participar en el debate de la reforma político-electoral; también esperan poder opinar sobre la reforma eléctrica, si esta se aplaza hasta después de la fecha de la consulta.
