AGENCIA SIM
Cancún.- La empresa Alkrou Shares Services reactivó la construcción de unas cabañas sobre pilotes, detrás del restaurante Sr. Frog’s, mismo que había sido clausurado por Profepa, por carecer de permisos ambientales, situación que no ha cambiado.
En el lugar, personal trabaja con rapidez cortando e ingresando las maderas sobre la laguna Bojórquez, a la altura del Kilómetro 9.5 de la Zona Hotelera de Cancún, para edificar el proyecto de cabañas “Mayan Monkey”.
La empresa había comenzado a construir este proyecto de manera ilegal el año pasado, pretendiendo aprovechar una autorización ambiental otorgada para el Sr. Frog’s, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rechazó este argumento y suspendió los trabajos, que ya habían avanzado en mil 134 metros cuadrados.
La empresa pagó una multa de poco más de 50 mil pesos, además de tener la obligación de solicitar el debido permiso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Efectivamente, Alkrou Shares Services S.A. de C. V., ingresó su solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental, a través de su representante legal, Ángel Alfonso Pech Nieblas, la que fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat el pasado 4 de mayo. Sin embargo, la propia página web de esta dependencia federal indica que todavía están en la fase de integración del expediente, lo que significa que no cuentan con autorización para proseguir con los trabajos.
Entrevistada sobre estos hechos, Araceli Domínguez, presidente del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), aseveró que esta empresa es un “delincuente ambiental” al estar en violación reiterada de la ley, pues el tener una autorización en trámite no da pie para reanudar estas obras, que están destruyendo mangle y pastos marinos
“Violan la Ley General de Equilibrio Ecológio y Perotección al Ambiente, violan la norma de protección de manglares, la norma de pastos marino y, lo más importante, éticamente nos muestra que la empresa es absolutamente irresponsable, un delincuente ambiental”, sentenció.
El propósito del ingresar una Manifestación de Impacto Ambiental es para que la autoridad determine si el proyecto es viable, cuáles serán sus impactos, si se respeta la ley, entre otros factores. La Semarnat debe emitir un dictamen en donde puede autorizar o rechazar el proyecto, además de determinar las condicionantes del mismo, lo que puede implicar modificaciones al proyecto, explicó la ambientalista. Evidentemente, todo este proceso cae en un absurdo, y en una burla, si ya se construye antes de esperar un resolutivo.
A esto se suma el hecho que el proyecto se haga sobre la laguna Bojórquez, que tiene un altísimo nivel de contaminación desde hace 40 años.
“Ya removieron sedimento para introducir estos pilotes, esto es más muerte para este ecosistema”, mencionó.
La construcción ya fue reportada, por segunda vez, ante la Profepa para que actúe.
Entrevistada por separado, Cristine McCoy Cador, investigadora local, señaló que la Zona Hotelera ya no es sustentable, por la carga de servicios, por lo que no puede sostener más y más construcciones.
La laguna Bojórquez, en particular, es una de las zonas más dañada, con un exceso de carga biótica, y donde no hay suficiente renovación en su agua, por lo que la remoción del sedimento trae impactos.
También descartó el argumento de que el Ayuntamiento de Benito Juárez no tendría competencia, por tratarse de una zona federal, ya que los impactos de esta construcción sí son locales.
Por esto último, lamentó la falta de acción ante estos hechos, pues históricamente no se ven demoliciones de proyectos ilegales.
FALTAN MIL 200 METROS CUADRADOS
De acuerdo al proyecto presentado pro esta empresa, “Mayan Monkey” constaría de 2 mil 323 metros cuadrados, de los cuales mil 134 ya fueron ilegalmente construidos (“debidamente sancionados”, argumentan ellos), para incluir un deck, cabañas una terraza y otras amenidades.
En la MIA, la empresa pretende que se tome como regularizada la construcción realizada de manera ilegal, debido al pago de la sanción de 50 mil pesos. Se ignora si la Profepa, en su sanción, ordenó que se repare el daño cometido.
