AGENCIA SIM
Playa del Carmen.- Desde que fue publicada en el Periódico Oficial la reforma que tipifica a la violencia vicaria, ya han sido interpuesta en este municipio 10 denuncias penales por este delito, aunque todavía predomina el desconocimiento de estos cambios y la falta de perspectiva de género, e incluso la corrupción y mala praxis, por jueces, fiscales y abogados.
Así lo acusó hoy un grupo de mujeres, pertenecientes a diversos colectivos defensores de derechos humanos, así como víctimas de este tipo de violencia, en el que una expareja sustrae a los hijos como manera de castigar a la mujer.
Amira Cárdenas, integrante del Frente Nacional Mujeres, reveló que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió las obligaciones de las personas operadoras de justicia, frente a la violencia vicaria, incluida la atención a madres y víctimas. Los magistrados allí indicaron que este delito es atravesado por todas las violencias, en especial la económica y patrimonial.
Pese a ello, abundan los expedientes que no avanzan y las instancias de gobierno en donde las mujeres siguen pidiendo justicia, pues sufren violencia institucional, debido a menudo al poder económico o político de su agresor.
Incluso vienen hombres de otros estados a Quintana Roo a ingresar procesos para exigir custodia y así regresar a Yucatán o Campeche con policías para arrebatar a estos niños.
Ariadne Song Anguas, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense, señaló que todavía hay desconocimiento de las autoridades sobre la violencia vicaria y son muchos los fiscales que se rehúsan a aceptar las denuncias y buscan, en su lugar, encuadrar los hechos como violencia familiar.
La activista dio lectura al artículo en el Código Penal, en donde se indica que un juez puede modificar de inmediato la custodia de los menores, si detecta violencia vicaria, además de fijarle responsabilidades a las autoridades que sean cómplices de ella.
La chetumañela indicó que es importante certificar a los abogados para que estén capacitados en perspectiva de género, derechos humanos y atención de víctimas, pues abunda la mala praxis en estos casos. Los jueces también parecen ignorar el derecho de los niños de convivir con su familia, pues no les dan siquiera convivencia supervisada con sus madres.
Exhortó a Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo a que actualice los criterios, pues existe mucho atraso en la impartición de justicia en la entidad.
DENUNCIAS
En esta rueda de prensa, también habló Tecializ Matzayana Gutiérrez Arroyo, quien acusó a su ex pareja, Jaime Alberto B. M., asistente de dirección en el Planetario Sayab, de violencia vicaria, al tener sustraída a su hija, a quien ya volcó en su contra y quien, sospecha ella, ha sido víctima de abuso sexual.
La menor visitaba a su padre de los tres a los cinco años, pero ella notó comportamiento extraño en la pequeña, como que se tocara constantemente sus partes íntimas. Ante ello, denunció a su ex pareja de violencia sexual, sin que ese expediente avanzara, luego que él ingresara un examen psicológico presuntamente falso.
El pasado 19 de septiembre, su hija fue sustraída por este padre, sin que la denuncia que interpuso ella tenga avance. Por consejo de la fiscal, no obstante, acudió a la escuela, en donde el pasado viernes el director se negó siquiera a recibirla. Ella acudió nuevamente el lunes, donde de nuevo le dieron solo largas, pero mientras esperaba vio a su ex pareja, y luego a su hija, tomando clases.
El personal de la escuela le impidió que se le acercara, pues ellos tenían un documento que acreditaba que el padre tenía la custodia, situación que no era real.
Ya llorando desconsolada, Tecializ Matzayana indicó que su hija se asustó de verla, al parecer por acción del padre. Ella ya está amenazada de muerte por este trabajador del Planeatario, por lo que dijo que quería dejar constancia de la situación, por si llega a pasarle algo.
“Mi niña corre peligro, ¡por favor, ayúdennos!”, declaró.
Otro presunto caso de violencia de género fue expuesto por María del Jesús, madre de Lucero, quien fue golpeada por su ex yerno y su abogado, sin que la Fiscalía procediera en su contra.
Este hombre, originario de República Dominicana, obtuvo convivencias supervisadas por parte de un juez. Ante ello, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, quien llevaba el caso, apeló sin preguntarle a su hija, y luego les informó que no atienden apelaciones, por lo que debían buscar a un abogado particular.
Esta mujer indicó que hay un “tráfico de custodias”, que es desgastante y que genera pérdidas económicas. En su caso, perdió su trabajo, por tener que pedir permiso para acudir a las audiencias, además de casi ir a la cárcel, luego de ser denunciada ella penalmente por su ex yerno.
Su abogada comentó que este sujeto sustrajo a la menor y ahora exige pensión alimenticia.
En el sistema oral, estos casos ahora se prolongan por tres años, cuando en el tradicional solo tomaban uno, lo que afirmaron las activistas se debían a esta red que se dedica a proteger a los agresores, que a menudo son empresarios o cercanos a políticos.
