AGENCIA SIM Cancún.- Un socio de Uber interpuso dos denuncias penales, luego de sufrir igual número de agresiones en los últimos 15 días a manos de taxistas; en la segunda ocasión incluso fue asaltado a punta de pistola, mientras sus pasajeros eran obligados a bajar del vehículo.
Lo anterior fue detallado en una conferencia de prensa, en la que Agueda Esperilla, portavoz de los socios de Uber, señaló que ya llevan seis años sufriendo agresiones como estas, como resultado de la impunidad que le otorga la Fiscalía General del Estado los distintos sindicato de taxistas.
La víctima de estas presuntas atenciones, Carlos Canino Mendoza, narró que el pasado 15 o 16 de noviembre, mientras recogía a turistas de un hotel de la cadena Marriott en la Zona Hotelera, les cerraron el paso varios taxis. Estos choferes procedieron a golpear su vehículo con palos y piedras, lo que hizo que sus pasajeros temieran por su vida.
Él acudió a denunciar esta agresión a la Fiscalía General del Estado, pero la primera vez le pidieron documentos de su vehículo, y al acudir por segunda ocasión, con un documento ya redactado por un abogado, los agentes se negaron a recibirla.
El conductor dijo sospechar que su intento de denunciar fue incluso lo que hizo que fuera por segunda vez víctima de una agresión, pues el pasado 23 de noviembre, al recoger a unos turistas en la carretera federal, afuera del hotel Royalton, de nueva cuenta le fue cerrado el paso por dos taxis, uno de Cancún y uno de Playa del Carmen.
De acuerdo a este socio de Uber, del segundo vehículo bajaron tres personas quienes portaban armas de fuego y que se subieron a su vehículo, para obligar a descender a los turistas. A punta de pistola, le robaron dinero y celular, además de amenazarlo, al pedirle que le dijera a todos los socios Uber que si los volvían a ver, desde Cancún a Chetumal, los matarían.
Carlos Canino continuó narrando que él se dirigió al filtro en la entrada a Cancún, pero estos policías se negaron a ayudarle, pese a que les dijo que su celular tenía GPS rastreable y que en el lugar quedaron estos turistas desprotegidos.
A esta víctima no le quedó más que acudir a la Fiscalía General del Estado a interponer una segunda denuncia, además de lograr que le aceptaran su primera denuncia.
Agueda Esperilla lamentó que las autoridades solo “se echan la bolita” pues nadie tiene la voluntad para poner orden en el Sindicato de Taxistas.
La socia dijo que en esto se “quitaba la camiseta de Uber”, pues el suyo es un reclamo ciudadano, ya que “yo tengo derecho a vivir sin ser amenazada o agredida y si alguien hace esto, esa persona debe ser castigada”, cosa que por años no ocurre en Quintana Roo.
Carlos Calzado, comunicador y también socio de Uber, señaló que estas agresiones son concertadas, pues existe un líder taxista, Juan Carlos Conde, quien armó una base de datos de todos los vehículos y personas que trabajan con Uber, la que hizo pública.
“Les están ordenando delinquir, pues violentan la ley, al incurrir en privación de libertad, daños, amenazas, así como el portar armas”, aseveró.
Han sido varios los socios de Uber quienes han sido amenazados con armas de fuego, al igual que en varias ocasiones taxistas han sido detenidos portando armas y droga, pero la Fiscalía termina liberándolos.
En este sentido, afirmó igualmente que las agresiones organizadas que sufren no serían posibles sin el “manto de impunidad” que les brinda Oscar Montes de Oca, fiscal general del Estado, quien tiene detenidas todas las denuncias interpuestas contra taxistas.
Pero además involucrados está Rodrigo Alcázar, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, quien regularmente se reúnen con estos sindicatos.
También presentó un documento que dijo muestra una de las varias concesiones de taxi de la actual gobernadora, Mara Lezama Espinosa, otorgada por su antecesor, Roberto Borge, y obtenida por transparencia.
Lo anterior, porque afirmó que el 98% de las concesiones de taxi están en manos de diversos políticos y sus familiares, razón por la que las autoridades son omisos en castigar los excesos de los sindicatos.
Fabiola Cortés, activista y abogada, indicó que al acusar a la Fiscalía de omisión no están exagerando, al poner como ejemplo una denuncia interpuesta por Agueda Espirilla hace dos años por agresión, en el que el ministerio público incluso perdió el video que ella presentó en usb como evidencia. Esta acusación sigue sin avance.
“Todos ustedes saben que ellos son un poder fáctico que participa en las elecciones, no solamente con su voto corporativo, sino también realizando operaciones de acarreo y de activismo, además de aportar dinero a las campañas”, aseveró la abogada.
Una muestra de lo último, aseguró, es que pese a las fuertes cantidades de dinero que recauda el sindicato en cuotas, tardan muchísimo en cubrir indemnizaciones médicas o por fallecimiento a los operadores o sus familias, ya que estos recursos no van a cubrir las necesidades de sus agremiados, “sino que van a campañas políticas, tan es así que en el (Congreso del Estado) siempre hay un representante de los taxistas”.
Cuestionados sobre el amparo de Uber que fue pospuesto a una futura sesión, Agueda Espirilla señaló que es un tema de la empresa, no de ellos, pero la movilización de taxistas en todo el estado muestra que sí es real, y que su entrada definitiva al estado ya es inminente.
Incluso, recordó que hace tres años obtuvieron un amparo provisional que inaplicaba varios artículos de la Ley de Movilidad, mismo que ha sido ignorado por las autoridades del estado.
