IRREGULARIDADES

Playa del Carmen.- Más de 150 habitantes de fraccionamientos como Calakmul, Padro Norte, Las Palmas, Haciendas Real del Caribe y Unidad Morelos, por mencionar algunos, se manifestaron hoy en los jardines posteriores del Palacio Municipal, para denunciar los desalojos o intentos de desalojo por parte de varios bancos y empresas de cobranza, que adquirieron la cuentas de la extinta hipotecaria “Su Casita”.

Los inconformes llevaron cartulinas en las que acusaron a las empresas Tertius, Diamantine, Péndulo y Patrimonio de incurrir en acoso abierto, incluso con gente armada, para presionar a estas personas a que abandonen sus hogares, además de realizar varios procesos de desalojo de manera irregular, con juicios de los que no son notificados, o incluso con supuestos compradores ficticios, todo en favor de bancos como Bancomer o Banorte, poseedores de esta cartera vencida.
La hipotecaria “Su Casita” desapareció hace más de nueve años, marcando el fin de un fraudulento modelo de negocios, en el que se ofrecían casas con un enganche muy bajos a personas que normalmente no serían sujetos de crédito, a cambio de fijar sus hipotecas en UDIs, una unidad que rápidamente aumentó de valor y se volvió impagable. Su creciente cartera vencida, que se descubrió fue inflada en su valor por más de 40%, llevó a esta empresa a la quiebra, aunque no antes de ser “rescatada” por el gobierno federal, lo que le costó al IMSS casi 19 mil millones de pesos.
Varios bancos adquirieron estos créditos, morosos en su mayoría por lo impagable de las mensualidades en UDIs y la incertidumbre por la quiebra de “Su Casita”. De acuerdo a varios testimonios de los presentes, la “oferta” es regularizar su situación mediante un pago único superior al valor de la casa, para luego fijar mensualidades demasiado elevadas para sus posibilidades.
Tal es el caso de una mujer, que prefirió no identificarse, y quien dijo que por su casa, adquirida por 400 mil pesos, ahora le piden un enganche de un millón de pesos, para después pagar mensualidades de siete mil pesos, lo que no solo borra todo lo que llevaba pagado, sino que implica pagar cuatro veces el valor original de su inmueble, que para colmo ya presenta varias cuarteaduras.

“Queremos poder pagar en pesos, no en UDIs, por un monto razonable. Todos tenemos amenazas y documentos donde dicen que entreguemos nuestras casas, sino seremos desalojados”, comentó ella.
“Pedimos que paren los desalojos y que pare la violencia con quienes tenemos créditos inmobiliarios con Su Casita”, exclamó Milca Morales. “Cuando quebró la empresa, los créditos fueron adquiridos por distintas empresas que buscan cómo desalojarnos. Muchos llegan incluso con gente armada, alegando que se perdió un juicio del que nunca fimos notificados”.
Varios vecinos han interpuesto denuncias por el acoso, pero todas estas carpetas permanecen estancadas en la Fiscalía General del Estado.
Milca Morales narró el caso de una mujer a la que le robaron su medidor de luz en medio de la noche, cuando se asomó a ver, fue apuntada con un arma, exigiéndole que abandonara la casa. Ella denunció, pero el Ministerio Público no hizo ninguna diligencia; por ello, decidió ir a Ciudad de México para denunciar allá, pero en lo que fue y volvió, gente ingresó a su casa y la destrozó, además de golpear a un familiar.

“Le hicieron la vida imposible, y por ese miedo no se atrevió a venir”, comentó.
A varios, añadió, les ofrecen dinero para que se vayan “por las buenas”, con la amenaza de ser desalojados si se niegan. A ella, Tertius le ofreció 30 mil pesos por su casa.
La “oferta” por parte del banco es que pague de contado la mitad del supuesto valor de su casa.
“Me dicen que mi casa vale un millón 600 mil pesos y que tengo que pagar la mitad, ¿quién tiene 800 mil pesos?, y ¿quién daría eso cuando por ese dinero se puede uno comprar una casa en la Guayacán?

Ya hay muchos que han sido desalojados, indicaron los inconformes, incluyendo a una mujer a la que le sacaron sus pertenencias mientras trabajaba en la Zona Hotelera. Vecinos trataron de intervenir, pero policías municipales amenazaron con llevárselos detenidos.
“Supuestamente había una mujer que había comprado su casa, y se le dio la bienvenida por los vecinos, pero era falso. A los tres días la casa fue puesta a la venta”, comentó uno de los presentes.

FRAUDE CON PRÉSTAMO
Un caso distinto era el de María Paula Saucedo Hernández, quien afirmó haber sido desalojada hace un mes, producto de un préstamo que dos funcionarios municipales sacaron con su casa, que ella tenía pagada.
La mujer portaba una cartulina en la que acusaba a Carolina Torres Saucedo, del Instituto Municipal de la Mujer, y a Fernando Camacho, de la Policía Municipal Preventiva, de haber obtenido un crédito por 600 mil pesos con Bancomer ofreciendo su casa como colateral.
Hace un mes, llegó un grupo de policías con una orden de desalojo y una abogada que nunca se identificó.
“Les dije que era mi casa de 37 años y que ya estaba pagada, pero me dijeron que si no abría, me rompían la reja. Incluso tenían una ambulancia lista”, narró. “Me quitaron los papeles con base de fraude”.