*NOTA ACLARATORIA*
Con referencia a la información publicada en algunos medios de comunicación sobre la Deuda Pública de Quintana Roo, la Secretaría de Finanzas y Planeación informa:
Contrario a lo que se señala, durante la administración del Gobernador Carlos Joaquín se ha logrado una disminución en los Financiamientos vigentes de largo plazo. Al inicio de la presente administración el saldo de la Deuda Pública de Largo Plazo ascendía a 19,169.8 MDP; a la fecha y como resultado de las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado, el saldo de los Financiamientos heredados por las Administraciones anteriores ha disminuido en 229 MDP; pasando de 19,169.8 MDP en septiembre 2016 a 18,940.8 MDP en 2020. A la fecha el Estado mantiene vigentes 9 créditos simples de largo plazo, de los cuales 8 se reestructuraron en 2020, incluyendo el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE); garantizados con el 86.8% de las Participaciones Federales.
Derivado del continuo esfuerzo de la presente administración, el Estado de Quintana Roo ha logrado mejorar en varias ocasiones las condiciones de deuda pública que recibió en 2016, entre las acciones realizadas, se pueden enunciar:
• Inmediatamente después de iniciar la Administración, a finales de 2016 se refinanció la Deuda Pública de Largo Plazo, logrando disminuir la sobretasa promedio ponderada en -1.7%; pasando de 3.23% a 1.53%.
• Aprovechando el contexto macroeconómico favorable en 2018 se realizó un segundo proceso de reestructura, obteniendo una disminución de -0.68% adicional, es decir, la sobretasa de interés se ubicó en 0.85%, representando un ahorro considerable en el pago del servicio de la deuda y como consecuencia, se liberó el 3.53% de las participaciones federales que anteriormente se utilizaba como fuente de pago y la disminución del saldo requerido en los fondos de reservas requeridos por los bancos.
• En un tercer gran esfuerzo, como reflejo de la fortaleza financiera del Estado en 2020 se materializó un proceso de refinanciamiento de la Deuda Pública de Largo Plazo, autorizada por el Congreso del Estado, con el objetivo de obtener mejores condiciones crediticias, entre las que destacan una disminución de la sobretasa promedio ponderada de -0.30%, ubicándola en 0.55%. La formalización de esta operación no involucró la contratación de deuda adicional, generando un ahorro total en lo que resta de esta administración de más de $2,035 MDP.
• Con relación a las Obligaciones a Corto Plazo, se hace énfasis que el Estado ha dado estricto cumplimiento a las reglas emanadas por la Ley de Disciplina Financiera. En tal sentido, se hace del conocimiento que los créditos quirografarios (corto plazo) contraídos durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019 han sido liquidados en tiempo y forma. Respecto a aquellos contratados en el ejercicio 2020 para atender la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 el Estado deberá liquidarlos en su totalidad tres meses antes de concluir la administración actual tal y no se podrá contratar más durante los últimos tres meses; conforme a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera; esto con la finalidad de NO heredar deuda de corto plazo a las administraciones subsecuentes.
En este sentido se recalca que la administración del C.P. Carlos Joaquín no ha aumentado la Deuda Pública de Largo Plazo y liquidará la totalidad de la Deuda Pública de Corto Plazo antes de finalizar su mandato.
• Se añade que como parte de la reactivación económica de Quintana Roo y de la continua tarea de potenciar al Estado como el destino turístico más importante del país, el Gobierno del Estado sometió a Consideración del Congreso del Estado el Proyecto del Puente Vehicular Nichupté, el cual se desarrollará a través de una Obligación de Asociación Pública Privada, dicho proyecto fue autorizado por la H. XVI Legislatura del Congreso mediante el Decreto número 092. Es importante destacar que, al desarrollarse a través de un esquema de Asociación Pública Privada (APP), no se sumará al saldo insoluto de la Deuda Pública ya que, por su naturaleza, se desarrollará a través de un contrato donde el sector privado asume los costos de inversión y operación a cambio de una contraprestación que pagará el Estado, condicionada a la correcta operación de este, por lo tanto, se enfatiza que no se trata de deuda pública.
• Este proyecto generará 780 empleos directos y 1,950 indirectos. La inversión estimada asciende a 4,675 MDP, de los cuales 2,675 MDP (57%) serán cubiertos por el Desarrollador del proyecto (empresa privada) y 2,000 MDP (43%) a través de un apoyo federal, el cual fue anunciado por el presidente de México el pasado 5 de octubre, durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo Federal.
• En continuación al esfuerzo para generar la reactivación económica, el Gobernador Carlos Joaquín sometió a consideración de la XVI Legislatura Estatal, el Programa de Potenciación que tendrá su fuente de pago con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (“FAFEF”) para desarrollar obra pública en todos los Municipios del Estado hasta por 820 MDP; las cuales impulsarán la pavimentación de calles, el desarrollo de parques y espacios públicos, la iluminación de vialidades y la construcción de caminos en todos los Municipios de Quintana Roo.
• Los Programas de Potenciación consisten en traer a valor presente los recursos futuros que le corresponden al Estado por concepto de FAFEF, contando con un mecanismo en el que se compensará con una contraprestación mensual en el tiempo; haciendo factible realizar en el corto plazo obras de infraestructura de mayor impacto a lo largo de todo el Estado. Las obras que integran el Programa de Potenciación abarcan proyectos de movilidad y comunicación vial, los cuales están estrechamente vinculados con el desarrollo del proyecto “Tren Maya”.
• La implementación de este Programa de Potenciación no tiene impacto negativo en la Hacienda Pública ni afecta el Techo de Financiamiento Neto, es decir no reduce la capacidad de endeudamiento.
En suma, la deuda pública se ha administrado responsablemente, disminuyendo su saldo de largo plazo y respetando los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera. La deuda pública no constituye una debilidad para las finanzas del Estado sino una herramienta para continuar desarrollando inversión pública para el beneficio de los quintanarroenses.
