Observatorio: Olga Sánchez Cordero batea a Carlos Canabal y Marybel Villegas

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Cancún.- Carlos Canabal, dueño de la fracasada empresa de recoja de basura Inteligencia México y aliado con Marybel Villegas, pagaron a un reportero de La Mañanera para sorprender a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y fracasaron.

 

-¿Qué pasa cuando una autoridad desacata el fallo de un juez federal? Cancún se sigue infestando de basura, dijo el reportero canabalero, defensor de Inteligencia México.

 

Y entonces vino el “batazo” de la colmilluda Olga Sánchez Cordero, jurista toda su vida y hoy la jefa en Bucareli:

 

-Hay que seguir un procedimiento, no se dice nada más se dice, es que esta autoridad desacató, NO, la autoridad tiene que argumentar en su favor. Hay que seguir un proceso muy claro para poder resolver.

 

-Hay que revisar-continuo la titular de Segob- el desacato, hay que revisar la situación, hay que darle Vista a la autoridad para que la autoridad en su derecho también pueda argumentar en su favor el tema del desacato o no. Entonces digamos no nada más tú y yo en ese momento automáticamente se consigna ante el juez de distrito Hay que seguir un procedimiento muy claro establecido en la misma Constitución y en la ley de amparo para poder resolver en consecuencia la consignación ante el juez de distrito

 

Así Olga Sánchez Cordero no permitió el uso político en la contratación del servicio de recolección de basura en el municipio de Benito Juárez.

 

Y es que en más de de cinco ocasiones la “mafia del poder ProMorenista (llámese Marybel y Canabal) han enviado a las conferencias mañaneras a personajes que cuestionan la determinación del Cabildo de Benito Juárez de intervenir de manera temporal total la concesión de la empresa Intelligencia México.

 

Pero los han bateado. Ha sido clara por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quienes han reiterado que el tema lo deben atender las autoridades correspondientes.

 

 

Las autoridades federales parecen estar bien documentadas de la situación y del proceso legal que se está llevando por lo que da respaldo a la decisión que tomaron las autoridades locales.

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