MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades ministeriales de Quintana Roo mantendrán asegurado el predio de más de cinco hectáreas que le fue confiscado a Alberto Millar López en febrero del año pasado, para evitar que lo transmita o venda a terceras personas.
No obstante, el juez otorgó al implicado el derecho de acceso y uso del bien que obtuvo de forma irregular durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, sin poder disponer de él.
Una resolución definitiva del Juzgado Tercero de Distrito favoreció a quien “de rodillas” suplicó al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, “un juicio justo” para que fuera escuchado y tuviera acceso a una defensa jurídica, pese a que se apropió del predio con lujo de violencia y en compañía de escoltas del ahora ex gobernador preso.
El inmueble asegurado forma parte de la investigación FGE/QR/BJ/11/24896/2019 ya que originalmente pertenecía al patrimonio estatal, pero fue rematado ilegalmente. El terreno se localiza en el lote 02 de la Reserva Territorial del Instituto del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Supermanzana 295, Manzana 19, del Ejido V. Bonfil en Cancún.
Millar López dirigió el extinto periódico “Respuesta” y ya sin la prepotencia que lo caracterizó durante el mandato de su amigo Borge interpuso un juicio de amparo del que obtuvo una suspensión definitiva después de casi cinco meses de litigio.
El quejoso reclamó la orden de aseguramiento y su ejecución en el terreno que utilizaba en renta para la pensión de vehículos, camiones de pasajeros nuevos y navíos, al cual se le colocaron sellos de aseguramiento el 20 de febrero de 2020.
Una semana después que le fue confiscado el predio, interpuso un primer amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el que impugnó el acuerdo del aseguramiento mediante el Expediente Único Nacional 26571661, pero se le negó la suspensión definitiva (6 de marzo) hasta que finalmente desistió en septiembre de ese mismo año.
Los actos que promovió el quejoso fueron entonces contra el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos y del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Zona Norte, del Estado de Quintana Roo, entre otras autoridades policiacas estatales y municipales de Cancún.
A los 13 días de que se desistió, interpuso nuevo juicio de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito del que obtuvo un fallo favorable para que le fueran retirados los sellos de aseguramiento y le fuera reintegrada la posesión del predio como se estableció en el Expediente Único Nacional del caso 27140632, el pasado miércoles.
“No se le restrinja el derecho de posesión que detenta respecto al inmueble y éste no sea transmitido a terceros, pues el bien continúa en calidad de asegurado. Lo que se traduce en que podrá disfrutar de él, pero no disponer del mismo”.
La resolución fue turnada al Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales No Violentos para su cumplimiento, lo cual todavía no se notificó al Juzgado Federal.
