Cancún.- Un grupo de víctimas de la represión policiaca ocurrida el pasado 9 de noviembre afuera del palacio municipal regresó a este lugar para manifestarse, y anunciar que ya han sumado a 20 personas más, también agredidas en esa ocasión, que han aportado sus propias evidencias para ser integradas al expediente.
Javier Sotelo Nava, abogado defensor de este grupo, se quejó que la denuncia que interpusieron, en contra de las autoridades municipales, no ha tenido avance alguno, ni a nivel estatal ni federal, por lo que preparan ya un juicio político en contra del actual Ayuntamiento; es decir, la totalidad del Cabildo, por las omisiones incurridas.
“Ya tenemos 20 víctimas más con evidencias de que fueron agredidos ese día. La invitación sigue abierta. Para que tengan justicia y que esto no vuelva a suceder”, afirmó. “Quienes estuvieron aquí y sintieron terror, también pueden demandar”.
Además de la denuncia efectuada en días pasados contra todos los regidores ante la Fiscalía General del Estado, el abogado reveló que desde un inicio, denunciaron a la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, ante la justicia federal las agresiones contra la prensa, pero que pronto añandirán igualmente a los demás regidores.
Por su parte, Cecilia Solís, reportera herida de bala en la represión de ese día, afirmó que los disparos efectuados no eran un hecho fortuito, sino ya una política de este Mando Único, que ya tres veces antes había procedido de igual manera.
El primer caso, recordó, fue en una tienda que era saqueada en la Región 259, en donde dispersaron a las personas a tiros; también dispararon al aire los policías que acudieron a separar una riña entre taxistas y mototaxistas en la 248, sin importarles que era un estacionamiento de una plaza comercial, con la presencia de familias enteras. Finalmente, en la Región 227, unos moradores cansados de la interrupción en el servicio de luz quemaron unas llantas, bloqueando la avenida, y también fueron reprimidos con disparos al aire.
La periodista señaló que aunque se trata de un Mando Único a cargo del estado, el cabildo lo aceptó, a pesar de los malos resultados en otros estados y del “negro historial” del entonces secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella.
También denunció que el policía que acudió a su casa a entregarle un oficio de la Fiscalía con las medidas preventivas que tendría, resultó ser quien estaba al mando del operativo en el Palacio Municipal.
