Por Eduardo Macías Garrido
Este nuevo gobierno, denominado de la 4T, llegó con varias novedades bajo el brazo. Una de ellas fue la iniciativa del Presidente aprobada por el Congreso, en la que se crea la figura de los superdelegados, como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales.
A estos se les asignaron funciones muy específicas, como la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías y entidades.
Decían que esta figura era para buscar una simplificación administrativa, desapareciendo la estructura burocrática innecesaria. Ya que en ese momento existían 2,300 delegaciones, subdelegaciones y las llamadas oficinas de representación.
Lo que es un hecho a dos años de administración, es que los superdelegados han sido los encargados de promover los planes y programas que ha emprendido el Presidente López Obrador.
Estos superdelegados desplegados a lo largo y ancho del país, responden directamente al Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, quien a su vez está bajo el mando del Ejecutivo, a través de la Oficina de la Presidencia.
Los argumentos de los defensores de los superdelegados son múltiples y variados, uno de ellos es que con esta figura se eliminan instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos.
Efectivamente, ya no serán los mismos intermediarios que antes, ahora son otros, y se llaman superdelegados o los deberíamos llamar mejor los “super intermediarios”, quienes se han convertido en la práctica, en una especie de operador político del partido en el poder.
Para muestra un botón, gran parte de los candidatos a elección popular en los próximos comicios, estuvieron en el citado cargo antes de renunciar para buscar una candidatura. No es para sorprenderse, ya que nada menos que durante dos años han detentado el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios de estos.
Entre los perfiles de los superdelegados, destacaban en su momento el de cuatro excandidatos a gobernador: Delfina Gómez (Estado de México), hoy flamante titular de la Secretaría de Educación Pública, Carlos Lomelí (Jalisco), actualmente inhabilitado, Lorena Cuellar (Tlaxcala) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).
Y qué decir de los casos de superdelegados que han saltado o buscan saltar a gubernaturas. Es el caso de Jaime Bonilla hoy Gobernador de Baja California, o del “austero” Pablo Amílcar, hoy uno de los suspirantes de MORENA al gobierno de Guerrero, a pesar del berrinche de su cuñado John Ackerman.
Lo que antes se le criticaba a la oposición al mantener, por una parte, programas clientelares y, por otra, intermediarios para entregar recursos, que, por cierto, generalmente los encargados eran los gobernadores de los estados, ahora esa función la hacen los superdelegados.
Y ahora como consecuencia de ello, los papeles se invierten, MORENA asegura que los superdelegados del gobierno federal garantizan un mejor ejercicio de gobierno, mientras el bloque opositor advierte de un uso con fines electorales.
En fin, que es como diría el refrán popular: la misma gata nada más que revolcada. Más de lo mismo, una lucha encarnizada por el poder. Y no es para menos, está en juego la mayoría en el Congreso.
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