Chetumal.- El Gobierno del Estado de Campeche interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los amparos ganados por tres comunidades limítrofes que obligan a Quintana Roo a proveerles de agua potable, pues considera que dichos territorios son campechanos.
El gobierno de Quintana Roo ya fue notificado, el pasado 4 de febrero, de este recurso, comentó el abogado y activista Andrés Blanco Cruz, promotor de los recursos de amparo para las comunidades de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto, quien dijo que la documentación por ellos presentada incluso podría servir para ponerle fin a este conflicto limítrofe.
El también ex regidor antes, en 2018, promovió exitosamente un amparo en favor de la comunidad de San Antonio Soda, lo que obligó, por mandato judicial, al Congreso del Estado, a destinar recursos para obras hídricas, y a CAPA a ejecutarlas.
De la misma forma, en 2019, él interpuso otro amparo, para las tres comunidades arriba mencionadas, también obteniendo un fallo favorable, de forma que a finales del año pasado el Congreso del Estado tuvo que incluir una partida de 100 millones de pesos para proveer agua potable a estas comunidades.
Contra esto ahora se ha inconformado el estado de Campeche, que alega que desde 2019 existe una suspensión provisional, dictada por un juez, que impide modificar la jurisdicción de estos terrenos, desde el momento que fue emitida.
Al respecto, el abogado alegó que no existe violación a esa suspensión, pues estas comunidades eran quintanarroenses al momento de ser emitida la medida, como lo han sido desde hace décadas.
“Son subdelegaciones de Othón P. Blanco, desde antes de 1997, como parte de la alcaldía de Mahahual. Además, Felipe Ángeles está constituido como ejido desde 1994 con un documento de donación de tierras, que lo indica como en Quintana Roo”, argumentó.
Toda esta documentación incluso debiera servirle al gobierno de Quintana Roo para poner fin a este conflicto, al demostrar que esa franja en disputa históricamente les ha pertenecido.
“Es importante el defender esta medida de amparo, no solo para entregarles agua potable a estas comunidades, sino porque aporta elementos para la solución del conflicto limítrofe”.
El activista lamentó que, a pesar de ser su obligación constitucional, ni el Ayuntamiento de Othón P. Blanco ni el Gobierno del Estado han hecho acciones contundentes en defensa del territorio, muy en contraste con Campeche, que sí dedica todas sus fuerzas en ello, sin tener siquiera la razón.
“La verdad es que teniendo toda la documentación consigo, han dejado mucho qué desear”, opinó.
