El esquema de corrupción implementado por el ex gobernador Roberto Borge para despojar y vender ilegalmente departamentos de lujo a “precios de remate”, sigue poniendo al descubierto a personajes del Partido verdecologista que resultaron beneficiados.
Ahora resultó involucrada en estas operaciones fraudulentas la ex regidora verdecologista Ulrika Fichtl Merino, emplazada a juicio desde 2018 por obtener de manera irregular la propiedad de un lujoso penthouse (marcado con el número 18) en el residencial Maioris Tower Cancún dentro del perímetro de la zona hotelera.
De acuerdo con la inscripción del inmueble ante el Registro Público de Comercio (folio 263766), la verdecologista adquirió el departamento en la cantidad de 7.5 millones de pesos a sabiendas de que el mismo estaba en litigio por incumplimiento de pago por parte de su dueño original, Julián Juárez.
Para concretar la fraudulenta operación, Fichtl Merino contó con el aval de la ex notaría pública Yolanda Solís Olveres, quien se encargó de borrar el negro historial crediticio con el fin de que la verdecologista puediera gozar del departamento desde 2015.
La propiedad del inmueble se disputa ante el Juzgado Cuarto de Distrito, al que recurrió la empresa Maioris Cancún, S.R.L. de C.V. para demandar la nulidad de la irregular operación inmobiliaria a través de la cual se benefició indebidamente a Fichtl Merino.
El asunto escaló a la justicia federal en 2018 cuando la militante del partido del tucán, quien dijo haber comprado de “buena fe”, vendió la propiedad a su madre Carolina Merino Espinosa en la cantidad de 16.5 millones de pesos, a través de una sustitución de hipotecas del Banco Scotiabank Inverlat al Banco Santander, pero sin enterar al “nuevo” acreedor que el bien inmueble estaba en litigio.
El penthouse forma parte de los 18 condominios envueltos en operaciones fraudulentas cuya venta ilegal se realizó al margen de las empresas propietarias Maioris Cancún, S.R.L. de C.V. y Desarrollos de Mallorca, S.R.L. de C.V., las que durante los últimos cinco años han ido recuperando los inmuebles.
Bajo el mismo esquema de corrupción, el actual presidente del Partido Verde Ecologista en la entidad, Luis Pablo Bustamante Beltrán, fue beneficiado con la simulación de un juicio laboral para quedarse con la propiedad de otro departamento en el mismo conjunto residencial.
En este juicio laboral la demandada fue la empresaria Erika Luz García Deister —madre del diputado local verdecologista Gustavo Miranda García (presidente de la Mesa Directiva del XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo)—, quien mediante artilugios evitó pagar la hipoteca del departamento con un banco español y posteriormente simuló una relación laboral para justificar un juicio y el embargo a favor de su “trabajador” Bustamante Beltrán.
En realidad, el actual dirigente estatal del Partido Verde es amigo de la infancia del diputado Miranda García a cuya madre ayudó para quedarse con la posesión del departamento.
Según el testimonio de Bustamante Beltrán que formó parte del juicio laboral, a la edad de 19 años era vendedor de tiempo completo en la empresa García & Miranda Trading (propiedad de Erika Luz García) con un sueldo mensual de 90 mil pesos, cuyo pago reclamó de 2010 a 2015.
Derivado del presunto incumplimiento salarial procedió al embargo y la adjudicación del condominio, lo que impidió se ejecutará un adeudo con el Banco Sabadell, S.A.
En esa misma trama, se acusó la complicidad de Nelly Adriana Lizama, quien era presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, en 2019.
En la Fiscalía General del Estado están en estudio las carpetas de investigación números FGE/QR/BJ/07/14707/2019 y FGE/QR/CAN/DP/07/113/2019, a través de las cuales las empresas afectadas denunciaron que la legalización de documentos se hicieron al margen de la Ley en la Notaría Pública 22 de Quintana Roo, a cargo entonces de Yolanda Solís Olveres, quien enfrentó acusaciones legales y optó por renunciar.
Durante el gobierno de Roberto Borge el esquema de despojos vía juicios laborales maquinados tuvo su auge cuando el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado era el también verdecologista Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, actualmente prófugo de la justicia por estos hechos.
Durante esta época los juicios laborales amañados se implementaron no sólo en Cancún sino también en Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y Chetumal.
Patricio es hermano del diputado verdecologista José de la Peña, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera congeló recientemente sus cuentas bancarias por estar presuntamente vinculado a la investigación contra el rumano Florian Tudor, al igual que al padre de ambos, el Notario Público 20 de Quintana Roo (Benjamín de la Peña).
