Alejandro Peza/NOTICARIBE
PENINSULAR
CHETUMAL.- El Instituto Electoral de
Quintana Roo sancionó a María
Candelaria Ayuso Achach, dirigente
estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y al exsecretario
general José Alberto Alonso Ovando,
por incurrir en Violencia Política en
Razón de Género en contra de la
diputada local, Judith Rodríguez
Villanueva.
El proyecto de acuerdo del órgano
electoral establece que Candelaria
Ayuso recibirá una multa de 12 mil
597 pesos con 60 centavos mientras
que José Alberto Alonso Ovando,
recibió una multa por 26 mil 498 con 90 centavos, además de que ambos
tendrán que ofrecer una disculpa
pública a la legisladora.
Así también, el Instituto Electoral de
Quintana Roo, aplicará una
retención de 150 mil pesos a las
prerrogativas del PRI.
Un dato importante es que los
pagos de las multas deberán ser
solventadas en lapso máximo de 15 días posteriores a la notificación, en
tanto que la disculpa pública se
realizara a las 19:00 horas de este
jueves.
En octubre del año pasado la
diputada Judith Rodríguez Villanueva
renuncio a su militancia en el PRI
para sumarse al Verde (PV), esto
origino que los dirigentes del PRI
emitieran comunicados a través del
portal oficial y redes sociales,
mediante los cuales se catalogó a la
diputada local como “traicionera”,
“oportunista” y “ambiciosa”, pues
según trabajaba en beneficio propio.
La legisladora recurrió al Instituto
Electoral de Quintana Roo (leqroo)
para denunciar Violencia Política;
también a la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuesta
discriminación; y a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo (leqroo) por
transgresión a sus garantías
individuales, sin embargo, en
ninguno de los tres órganos
prosperaron sus inconformidades.
Fue así que se inconformó ante la
Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Órgano que hace casi un
mes instruyó al leqroo a sancione tal
conducta.
Recientemente la agraviada advirtió
que, de no aplicarse sanción de
acorde a la falta, que es grave,
recurrirá a la justicia federal, pues
no confía en los órganos electorales estatales.
