Con una serie de amparos ante la justicia federal, la empresaria Erika García, pretende recuperar uno de estos bienes que legalmente ya no le pertenece.
MARCO ANTONIO BARRERA/LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- Con una serie de amparos ante la justicia federal, la empresaria Erika García Deister acusada de despojo de tres departamentos de lujo mediante argucias de juicios laborales, pretende recuperar uno de estos bienes que legalmente ya no le pertenece pero que por disposición de un juez puede seguir usando.
Se trata del codiciado penthouse marcado con el número C46 de la Torre C, tercera etapa, del fraccionamiento ‘El Table’, localizado en el Lote 3, Manzana 1, de Paseos del Parque en la Supermanzana 4B de Cancún.
Es el mismo apartamento que García Deister dejó después en garantía (cuando ya no le pertenecía) sobre un crédito inmobiliario para la adquisición de otro departamento, pero en la Torre Emerald de la Zona Hotelera (valuado en 30 millones de pesos), de cuya operación tampoco saldó 12 millones de pesos en 2018.
Los actos que combate García Deister (madre del diputado Gustavo Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura local) son contra la confiscación, aseguramiento, desalojo y lanzamiento del inmueble (reclamados el pasado 12 de diciembre) que integran la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/11414/2020 interpuesta por la vendedora Adriana Zavala Lara como parte agraviada.
El caso fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, al que asignó el número 27424906, del cual obtuvo una suspensión de plano (12 diciembre) y después la provisional (15 diciembre), y posteriormente la definitiva (30 diciembre), previo pago de una garantía de 40 mil pesos, que le fue retirada (27 enero pasado) por la falta de un billete de depósito que finalmente presentó (número 880290), el 25 de febrero.
Con la protección federal, la empresaria señalada obtuvo el siguiente resolutivo: “que se respete a la parte quejosa la posesión del citado bien inmueble, con lo cual podrá disfrutar de él, pero no disponer del mismo”.
Como parte del juicio que se mantiene activo, el juez de Distrito ha requerido a las autoridades ministeriales para que remitan la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación, pero han solicitado “plazos desmedidos” para cumplir con los emplazamientos.
La empresaria ha señalado como autoridades responsables en este juicio al Fiscal del Ministerio Público de Fuero Común adscrito a la Unidad IV Zona, y a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. El análisis del caso concluyó en el Juzgado Segundo de Distrito el 30 de marzo pasado, después que se canalizó el asunto al Juzgado Séptimo de Distrito, que lo radicó con el número de expediente 27796633 desde el 25 de marzo.
