Amenazasperiodistas

México, el país más peligroso para ejercer el periodismo

//

Periodistas Desplazados de Mexico // Reporte Mensual de Agresiones a la Prensa

***Asesinato de Francisco Romero convierte a México en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo

Ciudad de México, 31 de Mayo del 2018.- Con el asesinato de Francisco Romero, Mexico se convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo, superando a Siria con una guerra reconocida.

En el mes de mayo, la Asociación de Periodistas Desplazados registramos dos asesinatos más de periodistas con los que se alcanzan los 10 en el primer semestre de este 2019, y nuevo gobierno; se trata Telésforo Santiago Enriquez, de Oaxaca, y Francisco Romero Díaz, en Quintana Roo.

En el recuento mensual, la Asociación contabilizó 45 ataques a periodistas, 23 mujeres, 22 hombres, 2 ataques a blogueros, 4 páginas a de internet, 3 estaciones de radio comunitarias, y tres edificios de periódicos.

Hay que anotar, que entre las agresiones, anotamos la anomalía que se registró con el medio nacional, oficial, NOTIMEX, y su reportaje para desprestigiar a un periodista asesinado, la campaña de desprestigio contra el reconocido periodista, Brozo.

Las agresiones de más impacto se registran de la siguiente manera:

1 de Mayo.

La periodista, Alicia Blanco, esposa del periodista, Pedro Tamayo, asesinado en el año 2016 en Veracruz, fue perseguida por hombres armados en Cosamaloapan, de ese mismo estado.

Ese mismo día, Juan Espinoza Menera, del portal “ValedorTV”, fue detenido por la Policía de Piedras Negras, Coahuila, cuando registraba con su cámara, a unos migrantes que reñían; no hubo pretexto legal para la detención.

2 de Mayo.

Este día, el profesor indígena, Telésforo Santiago Enríquez, Director de la Radio Comunitaria Indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado por dos sujetos desconocidos que lo emboscaron y dispararon en el municipio de San Agustín, Loxicha en Oaxaca.

4 de Mayo.

El reportero del periódico Novedades, Eric Galindo, fue víctima de una detención ilegal, y sometido a humillaciones y violencia por parte de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.

7 de Mayo.

La reportera Yessica Ayala, de la revista “Contextos”, Mario Galeana de “24 Horas”, y Josué Mota Corro, de Milenio, fueron víctimas de agresiones de parte de la policía del Estado en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Registro de ataque contra al menos cinco reporteros en la comunidad de Xaltianguis, del municipio de Acapulco, cuando cubrían el desarrollo de un enfrentamiento entre las autoridades y grupos delincuenciales.

8 de Mayo.

Evento ocurrido en Cuarnavaca, Morelos, en los que un sujeto disparó contra manifestantes y reporteros en el zócalo de la ciudad, muriendo en el lugar un empresario, resultando herido un comerciante, y un reportero.

9 de Mayo.

El periodista Héctor Valdez Hernández denunció el clima de violencia que existe en Quintana Roo contra la prensa. AMLO prometió atender su caso. sus amenazas fueron el pasado 9 de mayo, sin embargo esta información se dio a conocer hasta el 17 durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

10 de Mayo.

Se tomó conocimiento de una agresión de un reportero –buscó el anonimato- de parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia que cubría un accidente en el que participó uno de ellos.

Se registró una simulación de los mecanismos de protección en Morelos que nace al desconsiderar el riesgo de amenazas existentes para los medios periodísticos en las problemáticas derivadas del combate a la inseguridad,

13 de Mayo.

Anomalía.

Blogueros, Youtubers, periodistas con simpatías empatadas al nuevo gobierno emprendieron una campaña de desprestigio contra el conocido periodista, Víctor Trujillo “Brozo”, quien en sus programas, ejercía periodismo y opinión crítico contra algunos temas inherentes del Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Se consignaron ataques en Twitter y Facebook, en lo que se utilizaron miles de cuentas Bots, que influenciaron a las masas sociales, usuarios de estas redes, para construir una estructura de peso mediático encaminada al desprestigio del periodista.

Se registró ese mismo día, la agresión a la reportera Cintia gallardo Guerrero, corresponsal DE “NoticiasMVS” cuando realizaba labores periodísticas en el Consejo Distrital 22; tomó el caso la Fiscalía General de la República, y la Asociación Civil, Propuesta Cívica.

16 de Mayo.

En Salina Cruz, Oaxaca, Jesús Hiram Moreno fue vulnerado pro la Fiscalía del Gobierno de Oaxaca, de sus medidas cautelares, luego que fue agredido el 20 de marzo, y atendido por el mecanismo local. Se le instalaron 3 agentes, y se los retiraron.

En Veracruz, Jorge Sánchez, hijo del periodista, Moises Sánchez, asesinado en Veracruz hace 4 años, fue víctima de una campaña de desprestigio y criminalización luego de exhibir corrupción de la administración del Alcalde, Polo Deschapms, de Medellín de Bravo.

Asesinan al reportero de Nota Roja de Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad en Quintana Roo, Francisco Romero Diaz; su cuerpo fue encontrado por la mañana con huellas de golpes y un disparo en la cabeza.

Los hechos de Romero Díaz ocurren luego de cinco registros de amenazas de parte de la Alcaldesa, Laura Beristain, que la víctima hizo público mediante sus cuentas de redes sociales. Con la muerte de Francisco, nuestro país se convierte en el mas peligroso para ejercer el periodismo luego rebasando a Siria, país con un conflicto bélico.

18 de Mayo.

Para su registro, el locutor de “Radio Tlacuache”, Salvador Sánchez, opositor al proyecto hidroeléctrico de Coyolapa – Atzala, observó a varios sujetos con armas largas merodeando su vivienda, luego de recibir semanas atrás, una serie de amenazas y campaña de desprestigio en redes sociales.

20 de Mayo.

La Asociación registró el uso de la agencia NOTIMEX para denigrar el nombre del periodista asesinado en Nuevo Laredo, Carlos Domínguez; trabajo que realizaron en ausencia total de códigos de ética, y el profesionalismo que debe caracterizar el buen periodismo.

Se registró dentro del mismo tema, una negación al derecho de réplica del hijo de la víctima, Carlos Domínguez, quien buscaba que la agencia nacional, explicara el porqué prestarse a un juego político para denigrar el nombre de su padre, y una aclaración de la situación.

El caso ha tornado en un pleito legal que seguirá en los tribunales.

22 de Mayo.

La página del escritor y periodista michoacano, Jesús Lemus, uno de los principales críticos de la actual administración, y gestor de trabajos periodísticos relacionados con la explotación minera de parte de empresas canadienses, fue despojado de su sitio web “zenzontle400”, que casualmente estaba alojado en servidores canadienses.

El periodista denunció el abuso de de la empresa “HOSTPapaEs” y se turnó el caso a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realizaran las investigaciones correspondientes; un ejemplo claro de un atentado contra la Libertad de Expresión.

El mismo día, El periodista, Elías Medina, del Periódico “Sudcaliforniano” denunció una campaña de ataques de parte de Víctor Martínez de escobar, encargado de la Zona Federal Marítimo Terrestres del Ayuntamiento de La Paz, Baja California; se pidió la activación de los protocolos de seguridad.

23 de Mayo.

El Gobierno Federal filtró una lista de periodistas que recibieron millonarios contratos de publicidad gubernamental en la administración de Enrique Peña Nieto, desatando una guerra mediática contra el ejercicio del periodismo.

24 de Mayo.

En el estado de Querétaro, sujetos armados interceptaron en la carretera nacional México – Querétaro, la unidad donde viajaba la periodista Ana de León, reportera de la revista “Mexico Industry” originaria de Reynosa, Tamaulipas; según testimonio de su pareja. Fue localizada 5 días después, pero las investigaciones permanecen en hermetismo total.

El caso lo atrajo la Fiscalía General de la República.

Ese mismo día, la periodista Alejandra Jiménez, fue amenazada de muerte por supuestos del crimen organizado por denunciar tala inmoderada e incendios provocados en la zona Zacapu, Michoacán, la situación fue ventilada a través de sus redes sociales, tomando el caso la Secretaría de Gobernación y autoridades federales.

27 de Mayo.

Un reportero de la revista “Vertical” de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue golpeado por Ninet Bella, la encargada del área de Prensa de la candidata a la diputación por parte del PAN, Ivett Bermea, cuando cubría un evento político.

Los generales se reservan por cuestiones de seguridad; toman conocimiento las autoridades federales.

28 de Mayo

La alcaldía de Loma Bonita, Oaxaca, impulsó una campaña de desprestigio contra el medio de información, “El Piñeiro de la Cuenca” a través de un video compartido en Facebook y WhatsApp.

Nuestros periodistas asesinados hasta hoy

Jesús Alejandro Márquez Jiménez, ocurrido el 1 de diciembre en Tepic, Nayarit

Diego García Corona, el 4 de diciembre en Ecatepec, Estado de México

José Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Mulegé, Baja California Sur

Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el 9 de febrero en Emiliano Zapata, Tabasco

Reynaldo López, el 16 de febrero en Hermosillo, Sonora

Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora.

Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos, quien también realizaba trabajo periodístico en la radio comunitaria Radio Amiltzinko.

Telésforo Santiago Enríquez, ocurrido el pasado 2 de mayo en San Agustín Loxicha, Oaxaca

Francisco Romero Díaz, fundador de portal digital Ocurrió Aquí, de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Tribunales federales reconocen violaciones contra Lydia Cacho por su labor periodística, su torturador permanecerá preso en Quintana Roo

articulo19.org

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018.- El pasado 8 de agosto, el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito (Quintana Roo) negó liberar al policía judicial José Montaño Quiroz, sentenciado desde el 17 de octubre pasado por el delito de tortura en agravio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro.

Tal como ya lo decidió por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Lydia Cacho fue víctima de tortura, discriminación de género, detención arbitraria y falta de acceso a la justicia. En dicho dictamen, el Comité consideró que fue perseguida, detenida y torturada por la publicación del libro “Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil”, en el cual da cuenta de las redes de delincuencia organizada en la que se involucran personajes políticos y empresariales poderosos. El organismo internacional destacó que durante las 20 horas de traslado posteriores a su detención, los policías judiciales del Estado de Puebla (José Montaño y Jesús Pérez) le profirieron agresiones físicas y verbales con un trato sexualizado y discriminatorio.

Dichas violaciones graves a derechos humanos fueron corroboradas por el Juez Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo el 17 de octubre de 2017  (causa penal 50/2014), en el caso del único procesado y sentenciado José Montaño Quiroz, entonces comandante de la policía judicial de Puebla, involucrado en el operativo donde además participaron agentes privados de Kamel Nacif. Cabe destacar que el otro agente, Jesús Pérez Vargas, se encuentra en calidad de prófugo al no haberse ejecutado la orden de aprehensión en su contra y que ambos policías advirtieron a su víctima que ultimarían su vida si los llevaba a prisión.

El proceso penal: justicia tardía

El 11 de  diciembre de 2014 se aprehendió al policía judicial José Montaño Quiroz en el estado de Puebla por el delito de tortura. Dicha detención derivó de una orden judicial solicitada por la FEADLE ese mismo mes, justamente después de que el 13 de octubre de 2014 se hizo pública la presentación de Lydia Cacho y ARTICLE 19 ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra,Suiza.

El Comité consideró que nunca se cumplió el derecho de Lydia de acceso a la justicia, ya que Montaño fue sentenciado 12 años después de los hechos. La PGR reactivó la investigación forzada por la exposición del caso en Ginebra en 2014. Una vez que los tribunales de Quintana Roo se declararan incompetentes en 2008 para procesar a los policías implicados, la investigación en PGR se detuvo por completo protegiendo así a lo que la red criminal que la periodista documentó.

El proceso penal ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo no fue sencillo debido a la falta de debida diligencia de la PGR en proteger los derechos de la periodista como víctima.

La defensa de Montaño intentó por todos los medios legales re-victimizar a Lydia Por ello, el equipo legal de ARTICLE 19, promovió una serie de medidas y recursos legales para evitar que Lydia padeciera re-victimización con interrogatorios que pretendían revivir los hechos traumáticos. Así también debimos promover juicio de amparo a efecto de que el juez tomara medidas pertinentes en los careos, en razón de la gravedad de la tortura y las secuelas generadas en las víctimas de dichos actos. Al final la defensa de Montaño Quiroz desistió de esta prueba. Todo ello sucedió sin la mínima proactividad de la PGR para evitar mayores daños para Lydia.

Casi tres años después de iniciado el proceso penal, el Juez Segundo de Distrito consideró a Montaño penalmente responsable de tortura. El juez reconoció en la sentencia que Lydia fue torturada con diversas agresiones psíquicas y físicas, entre las que se cuentan insinuaciones, amenazas y tratos sexuales. Además, concluyó que fue infligida como represalia por la publicación de “Los demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil”. Sin embargo, impuso una pena que no corresponde con la gravedad los hechos: 5 años y 3 meses de prisión, inhabilitación como servidor público por el mismo periodo de tiempo y multa de 275 unidades (12 mil pesos mexicanos).

Dicha sentencia fue apelada por todas las partes. Fue así que el 13 de marzo de 2018 el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, modificó y aumentó la pena a 6 años de prisión. En su resolución el Magistrado consideró que “se vulneró el derecho a la mujer a una vida libre de violencia”; “el derecho que tienen todos los ciudadanos a la libertad de expresión, tomando en cuenta que la víctima es periodista y escritora y se ha tratado de erradicar cualquier tipo de hostigamiento por esa labor”, y también “se vulneró el derecho a la salud”, por el peligro de ser trasladada a la cárcel de Puebla con un cuadro de bronquitis.

Batalla por la prisión preventiva

El pasado 10 de agosto las abogadas y abogados de ARTICLE 19 recibieron notificación de la resolución de que el Comandante José Montaño Quiroz había perdido su apelación para salir de prisión.

Desde agosto de 2016 la defensa del policía Montaño solicitó llevar el juicio fuera de prisión. Durante más de un año, tanto los defensores del inculpado como la representación legal de Lydia Cacho, nos enfrascamos en una batalla legal por la revisión de la pertinencia de la prisión preventiva, pues el policía podía darse a la fuga. Finalmente, después de tres juicios de amparo, el Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo y, en segunda instancia, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito,  decidieron que era procedente celebrar la audiencia para verificar las condiciones para mantener al policía torturador en prisión. Todo ello sucedió ante la mirada impávida de la PGR; en tanto Lydia Cacho recibía más amenazas. Finalmente en diciembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia, que se resolvió el 29 de enero de 2017, negando la liberación del policía.

Fallo histórico, pero insuficiente

Esta resolución judicial que condena al policía José Montaño es histórica, ya que es la primera vez en México que se reconoce el carácter sexual de la tortura cometida contra una mujer periodista, además de vincular tales agresiones a su labor periodística; sin embargo la sentencia no resulta adecuada a la gravedad de los hechos. Debe tomarse en cuenta que la tortura es una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, además de una práctica generalizada en nuestro país.

Otro aspecto que debemos considerar es que el Estado mexicano sólo avanza en la persecución y castigo de agentes implicados en tortura sexual ante la intervención de organismos internacionales. De ello también da cuenta el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa del estado de Guerrero, que accedió a la justicia 16 años despuésde haber sufrido tortura sexual por parte de elementos del Ejército mexicano y una vez que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por estos hechos (2010), obligándolo a investigar y sancionar a los responsables. Cabe recordar que la misma Corte Interamericana está próxima a emitir sentencia en el caso de las 11 mujeres denunciantes por las agresiones sexuales cometidas por policías en Atenco (2006), caso en el que impera la impunidad.

Tal como lo señaló el Comité de Derechos Humanos el caso de Lydia Cacho es ejemplar pero no aislado. Existe en México un patrón de impunidad respecto a las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes públicos contra mujeres detenidas o bajo su custodia.

Hemos demostrado que la discriminación estructural contra las mujeres, ejercida por las autoridades de diversos niveles, se agudiza en razón de la pertenencia étnica, las condiciones socioeconómicas o el desempeño de labores periodísticas y contra las defensoras de derechos humanos.

Por lo anterior ARTICLE 19 exige al Estado mexicano el cumplimiento cabal del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos en el caso de Lydia Cacho, conduciendo a todos los autores materiales e intelectuales ante la justicia. En este sentido, consideramos urgente que desde las instancias gubernamentales se adopten medidas estructurales para erradicar la tortura, en especial la de carácter sexual, mediante la prevención, persecución y sanción de los responsables. De la misma manera exigimos que las medidas de protección y reparación integral para mujeres periodistas sean abordadas e implementadas con perspectiva de género, tomando en cuenta los componentes que diferencian la violencia ejercida respecto de los periodistas hombres.

Trece años de juicios, persecución e impunidad no lograron impedir que como parte de una lucha colectiva ganásemos este caso que se ha convertido en un hito histórico. Advertimos que seguimos a las medidas cautelares y de protección en favor de Lydia Cacho una vez que se reabran las investigaciones penales ordenadas por el  CDH-ONU.

Fuente

Luciano Antonio Nuñez, periodista que saca a relucir la verdad sobre La libertad de expresión en México

 

“No soy ningún delincuente por haber escrito una obra. Soy un trabajador de la palabra. No tengo guarura, no tengo un auto blindado”.
(Una historia contra la libertad de expresión en Quintana Roo)

Luciano Antonio Nuñez, periodista argentino con más de 13 años de vivir en Quintana Roo, poco podía imaginar que escribir un libro acerca de un acontecimiento importante en el estado hace varios años lo llevarían a hoy estar protegido por la Secretaria de Gobernación (Segob) por amenazas en su contra.
Y es que en el 2013 escribió y registro ante Derechos de Autor el libro “El beso de Judas”, donde narraba en el género de “no ficción”, el encarcelamiento del entonces candidato a la gubernatura del estado, Greg Sánchez.
“Era un momento importante en el que era testigo y decidí realizar el libro para contar lo que estaba sucediendo, a través de entrevistas a los aludidos y a reportes oficial”, comentó el periodista.
Una vez finalizado el libro, ya registrado, pero sin publicar, se lo facilitó a Gregorio Sánchez una copia, por mera amistad, pero la sorpresa fue grande cuando en el 2017 el ex candidato, y hasta hace poco regidor en el municipio de Benito Juárez, presentó un libro titulado “Injusticia protegida”, supuestamente escrito por el propio Greg y que copia de manera sustancial diversos fragmentos y narrativa de la obra realizada por Luciano años atrás.


Ante esto, el autor demando desde enero de este año al político y lejos de asumir una postura conciliadora, este ha amenazado por diversos medios de comunicación al periodista, al señalar que se le había pagado por el libro y que este trabajaba para él.
Este hecho es lejos de ser verdad, pues si bien Luciano laboró de forma indirecta para Greg Sánchez, fue en otras funciones totalmente a las de escribir un libro, por lo que no hay documento o contrato alguno que ceda la autoría intelectual o material de la obra escrita por Luciano a Gregorio Sánchez.
Las amenazas ya han sido documentadas por personal de Artículo 19, además de autoridades federales, quienes brindaron el pasado 30 de marzo los protocolos de protección al periodista.
Sin embargo el autor sabe del poder del política y su influencia en el municipio, por lo que se encuentra alerta ante cualquier eventualidad administrativa o legal que Greg Sánchez realice contra él.
“No soy ningún delincuente por haber escrito una obra. Soy un trabajador de la palabra. No tengo guarura, no tengo un auto blindado”, sentenció Luciano Nuñez.

Fuente

Funcionarios del ayuntamiento de Agua Dulce intimidan y bloquean a periodistas

 

 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018.- Janeth Javier Chiñas y Alma Rosa Jiménez Hernández, reporteras de ADV Noticias, fueron víctima de actos intimidatorios y bloqueo informativo por parte del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, el 15 de enero y el 27 de febrero de 2018.

 

Javier Chiñas, quien también colabora en el Diario El Liberal y Alma para la Red, acudieron a una rueda de prensa del alcalde Sergio Guzmán Ricárdez en relación con un conflicto sindical el 27 de febrero. Sin embargo, al intentar ingresar al recinto con el resto de periodistas que estaban entrando, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Martínez Monroy, le dijo que ella no podía pasar.

 

Janeth Javier Chiñas cubre política local y ha dado seguimiento a críticas hacia el gobierno de Agua Dulce en el portal de ADV Noticias.  Particularmente, el 15 de enero de este año, la periodista subió una foto a la página de Facebook del medio sobre un programa que realiza el Ayuntamiento denominado “audiencias públicas” para atención ciudadana, en donde la reportera expuso que había participado poca gente, lo cual molestó al Ayuntamiento.

 

Ese mismo día, la reportera fue intimidada por el director de Comunicación Social de dicho gobierno, Alfredo Santiago Hernández. “Estaba entrevistando al alcalde cuando llegó el director de comunicación a interrumpir la entrevista  para reclamarme de la foto, que llegara temprano y que subiera fotos donde había gente. Después me volvió a decir lo mismo pero dándome órdenes y tuve una discusión con él y le dije que fuera respetuoso de mi trabajo y que el no tenía porque estarme ordenando que escribir o que publicar”.

 

ADV Noticias denuncio los hechos en una publicación en su página de Facebook, la cual fue compartida por Alma Rosa Jiménez Hernández, reportera del mismo medio, en su cuenta personal. Momentos después, Jiménez Hernández fue eliminada de un grupo de Whatsapp en donde se comparte información oficial de Protección Civil,  por el proprio director de Comunicación Social.

Janeth comentó a esta organización que a partir de la primera agresión buscó a  la Comisión Estatal para la atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y que lo volvió a hacer el martes después del segundo incidente para que pudieran dar seguimiento a su caso. Sin embargo, a la fecha de redacción de esta alerta, funcionarios de la CEAPP no han dado atención oportuna ni se han vuelto a comunicar con la periodista.

 

De esta manera, ARTICLE 19 hace un llamado a la CEAPP para que den seguimiento a la brevedad al caso y establezcan con claridad las acciones a emprenderse para garantizar la protección y labor periodística de quienes integran ADV Noticias.

 

ARTICLE 19 exige al gobierno municipal de Agua Dulce se abstenga de llevar a  cabo actos de intimidación y acoso en contra integrantes de medios de comunicación, particularmente en contra de Janeth Javier Chiñas, Alma Rosa Jiménez Hernández y demás integrantes de ADV Noticias, y que permitan a las y los periodistas ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información.

 

Esta organización hace un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz para que investigue posibles violaciones de derechos humanos en contra de la periodista.

(Articulo19.org)

Mujeres periodistas rechazan en pronunciamiento la Ley Borge

7º Encuentro de la Red Nacional de Periodistas
13 y 14 de octubre 2017
Oaxaca, Oaxaca

PRONUNCIAMIENTO
Nosotras, mujeres periodistas de 19 entidades federativas que colaboramos en 78 medios de comunicación (prensa, radio, televisión, revistas y digitales), a nivel local, regional y nacional, nos reunimos durante dos días en la capital del estado de Oaxaca en el Séptimo Encuentro de la Red Nacional de Periodistas.

Repudiamos el contexto de violencia y censura generalizada en nuestro país en contra de quienes ejercemos el periodismo en nuestro país y la invisibilización de las violencias que enfrentamos las mujeres periodistas específicamente.

Hemos documentado 430 casos de agresiones contra mujeres periodistas durante el sexenio pasado de Felipe Calderón Hinojosa y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este mismo lapso somos testigas de 19 feminicidios en contra de mujeres periodistas y tenemos dos compañeras desaparecidas.

El 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son cometidas por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.
Las agresiones en contra mujeres periodistas tienen una evidente carga de género: amenazas a ellas y a sus familias; acoso, abuso y hostigamiento sexual; difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal.

Denunciamos las condiciones laborales precarias, jornadas de trabajo masculinas, ausencia de derechos laborales, brechas salariales de género y las violencias al interior de las redacciones que vulneran nuestro pleno ejercicio periodístico.
Hemos evidenciado la ausencia de las mujeres en las noticias donde solo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando son representadas lo son desde el sexismo, la discriminación y son revictimizadas.
Ante esta situación, consideramos que las acciones que ha implementado el Estado mexicano, en sus diferentes niveles y poderes han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar nuestro derecho humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias.

En este contexto exigimos al Estado mexicano:
1. El cumplimiento de los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión y en específico a la recomendación 25 de la CEDAW para protección de mujeres periodistas.

2. Cumplimiento de los acuerdos pactados en casos específicos de compañeras periodistas violentadas.
3. Seguimiento y esclarecimiento de los hechos violentos contra mujeres periodistas.

4. Rechazamos las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo, caso Hidalgo y de Morelos) que no garantizan la seguridad de las periodistas ni protegen la libertad de expresión. En aquellos casos en que la instancia de protección estatal funciona y cuenta con el reconocimiento de periodistas, que se fortalezca y mantenga su carácter independiente.

5. Políticas públicas claras y efectivas en los tres niveles de gobierno para la protección del trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión y de prensa a nivel nacional y en cada uno de los estados.

6. Demandamos al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria sobre el artículo 134 constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial que establezca normas que garanticen que el gasto de comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respetivos.

7. Exigimos al Estado mexicano haga cumplir la Ley Federal del Trabajo en las empresas de los medios de comunicación y que su veredicto en las demandas sea imparcial y conforme a derecho. Que los empresarios de los medios de comunicación no aprovechen sus alianzas con los poderes de gobierno para vulnerar los derechos de las y los trabajadores.

8. Demandamos a los diferentes órdenes de gobierno y poderes de la Unión respeto a la libertad de expresión y de prensa de las mujeres periodistas.

9. Exigimos al Congreso de la Unión la integración de la violencia mediática EN la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exigimos ni una violencia más contra las periodistas, presentación inmediata y con vida de las periodistas desaparecidas y justicia para nuestras colegas asesinadas.

Reafirmamos que nos queremos vivas, seguras e informando.
UNIDAS SOMOS MÁS FUERTES

PEN Internacional,PEN México y PEN San Miguel de Allende piden a EPN proteger periodistas de QRoo

PEN Internacional, PEN México y PEN San Miguel de Allende condenan las recientes amenazas a periodistas

Londres, 26 de julio de 2017. PEN Internacional, PEN México y PEN San Miguel de Allende expresan su preocupación por los continuos ataques y amenazas a periodistas mexicanos. Los niveles de impunidad son tan altos que la libertad de expresión ha dejado de ejercerse como un derecho. Las constantes agresiones han llevado a periodistas, activistas y defensores a emprender una lucha en su propia protección puesto que las autoridades locales y federales no han podido realizar esa tarea con éxito.
El 13 de julio, la periodista Lydia Cacho fue amenazada en las calles de Quintana Roo. Un hombre caminó a su auto mientras ella esperaba el cambio de luz del semáforo, y le dijo: “Lydia Cacho, no se meta en lo de punta Brava porque allí están los de la última letra”. Cacho está investigando sobre corrupción política, empresarial y burocrática.
El 19 de julio de 2017, se dio a conocer que Pedro Canché y Amir Ibraham fueron amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado, con mantas colgadas en distintos sitios de Quintana Roo, con mensajes intimidatorios.
“En PEN sabemos que la libertad de expresión es esencial para ejercer los demás derechos humanos. Reconocemos la valentía con la que los periodistas mexicanos enfrentan su trabajo diario, y por ello exigimos a las autoridades mexicanas que cumplan con su promesa de protección y que garanticen la libertad de prensa, información y expresión”, ha afirmado Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional.
Esta no es la primera vez que los reporteros se enfrentan a esto: Lydia Cacho, ganadora del premio PEN/Pinter 2010, ha sido amenazada por sus trabajos de investigación; Pedro Canché fue encarcelado por su actividad periodística, y Amir Ibrahim, director de ElQuintanaRoo.mx, ha recibido mensajes de amenaza vía WhatsApp, vulnerando su seguridad y la de su familia. Estos no son incidentes aislados. El pasado 21 de mayo también se dio a conocer que Pina Tinzón Solís, reportera del mismo medio, fue golpeada y amenazada de muerte.
Por otro lado, la escritora y periodista Sanjuana Martínez Montemayor también ha sido víctima de hostigamiento y amenazas repetidas veces desde 2008. En mayo de 2017, Sanjuana Martínez informó sobre las amenazas que recibió a través de redes sociales. El hostigamiento constante no sólo vulnera la vida cotidiana de la autora sino su libertad para continuar escribiendo e investigando. En junio, PEN México exigió protección para la periodista. Otro caso es el del reportero Rubén López Domínguez cuyo automóvil se encontró el pasado 19 de julio con diez impactos de bala y un mensaje intimidatorio.
Las amenazas continúan avanzando día tras día. El viernes 21 de julio, se reportaron las amenazas al periodista José Maldonado Sotelo, director de Agencia Mexicana de Noticias Noventa Grados, por medio de correo electrónico, con mensajes intimidatorios advirtiendo que cese de investigar y reportar sobre la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán.
En un sentido positivo, este fin de semana se dio a conocer que el exalcalde de Silao, Guanajuato, admitió haber enviado a golpear a la reportera Karla Janeth Silva y amenazar a la reportera Adriana Elizabeth Palacios, colaboradora de El Heraldo de León. Solís Arzola enfrenta una pena de dos años. Éste es un caso histórico, ya que es el primer funcionario estatal que recibe una sentencia por amenazar a un periodista.

PEN Internacional, PEN México y PEN San Miguel de Allende hacen un llamado urgente a los gobiernos federal y estatales para que resguarden la seguridad de sus periodistas, de sus ciudadanos y permitan ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información.
PEN también pide a las autoridades estatales y federales que investiguen las amenazas y castiguen a los responsables, con la participación de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Las amenazas a Pedro Canche en las elecciones:CPJ

Por Jan-Albert Hootsen, corresponsal del CPJ en México*

A medida que las elecciones del 5 de junio se acercaban, las llamadas telefónicas anónimas recibidas por el periodista mexicano Pedro Canché se hacían más frecuentes y más ominosas. “El Caribe es un mar grande, nunca te encontrarán”, le dijo un sujeto. “Espero que hayas hecho un testamento”, dijo otro. Un tercero le dijo a Canché “Recuerda lo que le pasó a Rubén Espinosa”, fotógrafo que fue asesinado en Ciudad de México el 31 de julio del año pasado. “¿Quieres que eso te pase a ti también?”.

“Siempre colgaban el teléfono inmediatamente después, no sé quiénes eran los que llamaban”, Canché, periodista indígena y uno de un puñado de periodistas independientes en el sureño estado mexicano de Quintana Roo, declaró al CPJ. Canché afirmó que había recibido la mayoría de las amenazas telefónicas entre el 25 de mayo y el 1 de junio, justo cuando la campaña para las elecciones al puesto de gobernador estatal, que fueron celebradas el domingo pasado, estaba a punto de culminar. El periodista indicó que no pudo denunciar las llamadas ante la policía porque no había podido grabarlas.

Canché no solamente ha sido frecuente blanco de amenazas de muerte; desde principios de año ha sido víctima de una campaña digital de descrédito llevada a cabo por sitios web que lo acusan de, entre otras cosas, el tráfico ilegal de madera tropical –Canché también es dueño de un negocio de muebles– y de llevar “un estilo de vida depravado”.

El periodista sostuvo que varios sitios web estaban involucrados en la campaña. El CPJ pudo corroborar la existencia de al menos dos de ellos, uno de los cuales fue retirado de la Internet poco después de la jornada electoral. El otro es el sitio web de Respuesta, un periódico en formato tabloide sin aparente filiación partidista, pero con estrechos vínculos con quienquiera que esté en el poder.

“La mayoría de esos artículos eran tan ridículos que me hacían reír”, Canché expresó al CPJ. “Pero ese periódico tiene una gran circulación en el estado y algunas personas podrían creerle. No ha tenido mucho impacto en mi trabajo, pero sí lo tomo en serio”.

Por mucho tiempo Canché ha sido un crítico de la gestión del gobernador saliente, Roberto Borge, del gobernante Partido Revolucionario Institucional. Al periodista, quien publica la mayoría de su trabajo en su sitio web, Pedro Canché Noticias, no le es desconocida la intimidación contra la prensa. En 2015, el CPJ documentó cómo él había pasado 271 días en la cárcel acusado del delito de sabotaje, por presuntamente haber organizado protestas contra el elevado costo del servicio de agua en la región sur de Cancún, y cómo un juez federal posteriormente había desestimado la condena.

El CPJ entrevistó a Canché el fin de semana pasado en Ciudad de México. El periodista declaró que había decidido pasar el fin de semana de las elecciones en la relativa seguridad de la capital debido a las amenazas y las campañas de descrédito contra su persona, las cuales él atribuye a su decisión de no respaldar a ningún partido o candidato para gobernador durante la campaña. “Todos los medios de Quintana Roo han sido manipulados por los partidos políticos y el gobierno estatal”, Canché expresó al CPJ. “Quienquiera que decida no respaldar a ningún partido, como yo lo hice, será amenazado y desacreditado”.

Si bien el CPJ no pudo verificar su afirmación sobre el sesgo de los medios, el acoso contra Canché no fue un hecho aislado. Reporteros, medios de prensa y organizaciones de libertad de prensa de todo México denunciaron casos de periodistas que fueron acosados durante las elecciones regionales que se celebraron en 12 estados mexicanos. Ellos también hablaron de la existencia de un clima cada vez más hostil contra los periodistas a medida que las campañas llegaban a su fin.

Los votantes de 12 estados eligieron nuevos gobernadores, alcaldes y miembros de los congresos estatales en el mayor acontecimiento electoral antes del término del mandato del presidente Enrique Peña Nieto en 2018. Algunos de los estados más violentos del país, como Veracruz y Tamaulipas, estuvieron entre los que celebraron elecciones. Solamente en Veracruz, seis periodistas han sido asesinados en relación con su labor desde que el saliente gobernador Javier Duarte comenzó su mandato en 2010, según datos del CPJ. En otros nueve casos de periodistas muertos, el CPJ investiga el móvil del crimen.

Los datos del CPJ indican que la mayoría de los periodistas asesinados en México en los últimos años informaban sobre la política. La violencia contra los periodistas, activistas y trabajadores políticos rivales durante las campañas electorales y en la jornada electoral es común en el país. La organización de libertad de expresión Artículo 19 observó de cerca las últimas elecciones y denunció que se realizaron al menos 19 ataques o actos de acoso contra periodistas en la jornada del 5 de junio.

En Ciudad de México, que celebraba elecciones para una nueva asamblea constituyente con la tarea de redactar una nueva Constitución para la capital, el periódico Reforma informó que dos de sus periodistas fueron rodeados por partidarios del Partido de la Revolución Democrática. Los dos reporteros, que el periódico no mencionó, investigaban rumores sobre la compra de votos en la sureña delegación de Tlalpan, cuando fueron rodeados durante por lo menos una hora por alrededor de 50 personas que llevaban ropas con el logotipo del Partido de la Revolución Democrática, según versiones periodísticas. El medio de prensa fue el único que tenía periodistas en la escena en ese momento. La multitud solamente dejó ir a los periodistas después de borrarles fotos de sus cámaras. El periódico precisó que algunos integrantes de la multitud también amenazaron con cometer violencia contra los periodistas si publicaban algo al respecto. El partido no ha efectuado ninguna declaración pública sobre los hechos. Los reiterados intentos del CPJ por comunicarse con un vocero del partido fueron infructuosos.

Tres periodistas que investigaban denuncias de compra de votos en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, en el norteño estado de Chihuahua, fueron detenidos en la jornada electoral. Saturnino Martínez Nava, quien dirige el sitio web La Revista NCG y ejerce de corresponsal del canal televisivo nacional Televisa; Cecilia Fuentes Arvizu, del periódico El Diario del Noroeste; y Karina Hernández Acuña, del sitio web Akro Noticias, fueron arrestados por agentes de la policía municipal, según versiones periodísticas.

Gustavo Valdez, gerente de la edición local de El Diario, el mayor periódico de Chihuahua, declaró a medios locales que la policía no había justificado el arresto de los periodistas. Proceso, un semanario de investigación de Ciudad de México, informó que el alcalde, Rodolfo Soltero Aguirre, había ordenado el arresto de los periodistas, quienes fueron acusados de ingresar ilegalmente a una cabina de votación, con lo cual violaron el derecho de los votantes a depositar su voto en secreto. Larevistancg.com indicó que un guardia les había dado permiso a los periodistas para entrar a la cabina de votación, pero se informó que el guardia lo había desmentido posteriormente cuando fue confrontado por los agentes de policía.

Otros medios informaron que Soltero les había declarado a los medios locales que había ordenado la liberación de los periodistas. Martínez fue liberado poco después del arresto, pero Fuentes y Hernández permanecieron en poder de las autoridades durante otras ocho horas. Ninguno de ellos enfrenta ninguna otra acción.

El CPJ no pudo comunicarse con la municipalidad de Nuevo Casas Grandes para obtener una declaración. El alcalde Soltero, miembro del Partido Revolucionario Institucional que no era candidato a la reelección y dejará el cargo este año, ofreció disculpas en larevistancg.com por lo sucedido el domingo.

Los analistas políticos en general coinciden en que las elecciones del pasado fin de semana fueron una victoria para el conservador partido opositor Partido de Acción Nacional, que ganó las elecciones a gobernador en siete estados, y una dura derrota para el Partido Revolucionario Institucional.

[Informaciones desde Ciudad de México].

BLOG | MEXICO
In Mexico, covering state elections brings risk of threats and violence

By Jan-Albert Hootsen, CPJ Mexico Correspondent
Also Available in Español
Miguel Angel Mancera, the mayor of Mexico City, casts his vote on June 5. Journalists were threatened and harassed in the lead up to state elections. (Reuters/Edgard Garrido)
Miguel Angel Mancera, the mayor of Mexico City, casts his vote on June 5. Journalists were threatened and harassed in the lead up to state elections. (Reuters/Edgard Garrido)
As the June 5 elections approached, the anonymous phone calls to Mexican journalist Pedro Canché became more frequent and more ominous. “The Caribbean is a big sea, you’ll never be found,” one said. “I hope you’ve written a will,” said another. A third caller told Canché, “Remember what happened to Rubén Espinosa,” referring to the photographer murdered in Mexico City on July 31 last year. “Do you want that to happen to you too?”

“They always hung up after immediately, I don’t know who the callers were,” Canché, an indigenous journalist and one of a handful of independent reporters in the southern Mexican state of Quintana Roo, told CPJ. He said he received most of the threatening calls between May 25 and June 1, just as the campaign for last Sunday’s election for state governor were about to end. He said he was unable to report the calls to the police because he wasn’t able to tape them.

Canché has not only been dogged by death threats. Since early this year he has been the target of an online smear campaign by websites accusing him of, among other things, illegally trafficking tropical lumber–Canché also owns a furniture business–and having a “depraved lifestyle.”

He said several websites were involved in the campaign. CPJ could corroborate at least two, one of which was taken offline shortly after election day. The other is the website of Respuesta, a tabloid newspaper with no apparent party affiliation, but close ties to whomever is in government.

“Most of those articles were so ridiculous that they made me laugh”, Canché told CPJ. “But that newspaper has a big circulation in the state and some people might believe it. It hasn’t had much impact on my work, but I do take it seriously.”

Canché has been a long-time critic of the administration of outgoing governor Roberto Borge, of the ruling Party of the Institutional Revolution. The reporter, who publishes most of his work on his website, Pedro Canché Noticias, is no stranger to intimidation against the press. In 2015 CPJ documented how he spent 271 days in prison on charges of sabotage, for allegedly organizing protests against high water bills in the region south of Cancún, only to have the conviction thrown out by a federal judge later.

CPJ spoke with Canché last weekend in Mexico City. He said he decided to spend the election weekend in the relative safety of the capital due to the threats and smear campaigns against him, which he believes were caused by him not choosing to back any party or candidate for governor during the campaign. “All the media in Quintana Roo have been co-opted by political parties and the state government,” he told CPJ. “Whosoever chooses not to support any party, like I did, will be threatened and smeared.”

While CPJ was not able to verify his claim about media bias, the harassment against Canché was not an isolated case. Reporters, media outlets, and press freedom organizations across Mexico reported cases of journalists being harassed during the regional elections that were held in 12 Mexican states. They also spoke of an increasingly hostile climate against journalists as the campaigns neared their end.

Voters in 12 states elected new governors, mayors, and members of state congresses in the largest electoral event before the end of President Enrique Peña Nieto’s term in 2018. Some of the most violent states in the country, including Veracruz and Tamaulipas, were among those holding elections. In Veracruz alone, six journalists have been murdered in relation to their work since outgoing governor Javier Duarte began his term in 2010, according to CPJ research. In another nine cases of killed journalists, CPJ is investigating the motive.

CPJ research indicates that a majority of the journalists murdered in Mexico in recent years reported on politics. Violence against journalists, activists, and rival political workers during electoral campaigns and on voting day is common in the country. The freedom of expression group, Article 19, closely monitored the latest elections and reported at least 19 attacks or acts of harassment against journalists on June 5.

In Mexico City, which was holding elections for a new constitutional assembly tasked with drafting a new constitution for the capital, the newspaper Reforma reported that two of its journalists were surrounded by sympathizers of the Party of the Democratic Revolution. The two reporters, whom the newspaper did not name, were investigating rumors of vote-buying in the southern borough of Tlalpan, when they were surrounded for at least an hour by about 50 people wearing clothes that carried the Party of the Democratic Revolution logo, according to reports. The outlet was the only one that had reporters at the scene at that time. The crowd allowed the journalists to leave only after they had erased photos from their cameras. The newspaper said members of the crowd also threatened the journalists with violence if they were to publish anything. The party has not commented publicly on the case. Repeated attempts by CPJ to reach a spokesperson for the party were not immediately successful.

Three journalists investigating allegations of vote-buying in the city of Nuevo Casas Grandes, in the northern state of Chihuahua, were detained on election day. Saturnino Martínez Nava, who runs the website La Revisa NCG and works as a correspondent for national broadcaster, Televisa, Cecilia Fuentes Arvizu, of newspaper El Diario del Noroeste, and Karina Hernández Acuña of the website Akro Noticias, were arrested by municipal policemen, according to reports.

Gustavo Valdez, manager of the local edition of El Diario, Chihuahua’s biggest newspaper, told local media the police had not justified the arrest of the reporters. Proceso, a Mexico City investigative weekly, reported that the mayor, Rodolfo Soltero Aguirre, ordered the arrests of the journalists who were accused of breaking into a voting booth, thus violating the right of voters to cast their ballot in secret. La Revisa NCG said the reporters were given permission to enter the voting booth by a guard, who later denied he had done so when confronted by policemen.

Other media reported that Soltero told local media he ordered that the journalists be freed. Martínez was released shortly after his arrest, but Fuentes and Hernández remained in custody for another eight hours. None of them face further action.

CPJ was unable to reach the municipality of Nuevo Casas Grandes for comment. Mayor Soltero, a member of the Party of the Institutional Revolution who was not up for re-election and will leave office this year, apologized in La Revisa NCG for what had happened.

Political analysts largely agree that last weekend’s elections were a victory for the conservative opposition National Action Party, which won governor in seven states, and a heavy defeat for the Party of the Institutional Revolution.

[Reporting from Mexico City]

Jan-Albert Hootsen, CPJ’s Mexico correspondent for the Americas program, works as a correspondent for Dutch newspaper Trouw, and regularly contributes to publications including Newsweek and RTL Nieuws. He is based in Mexico City.