La actuación de la Fiscalía General de la República frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares son intocables. Se pone de manifiesto, además, que el Fiscal no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional, en tanto que, ha sido el Presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía.
Una muestra de ello es que la negociación con las autoridades estadounidenses para que el General Cienfuegos fuera trasladado a territorio mexicano fue conducida por el Canciller mexicano, quien tuvo un papel primordial. Es decir, las comunicaciones no se dieron entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal. También fue el propio Canciller, quien en conferencia matutina con el Presidente, explicó el proceder del Gobierno mexicano, tanto en lo relativo al traslado de Cienfuegos, como en lo referente al no ejercicio de la acción penal y, atendiendo a las instrucciones del Presidente, hizo público el expediente entregado por las autoridades de Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica garante de esa información. ¿Dónde está el Fiscal?
La ausencia de acciones del Fiscal para defender su autonomía es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución, que establece que la institución federal encargada de la procuración de justicia será un órgano público autónomo, lo que significa que no debe estar sujeto a ningún poder político, sea formal o fáctico. Este mandato ha sido incumplido por el Fiscal, que ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del Gobierno.
Independientemente de la información que haya recibido por parte de las autoridades estadounidenses, el Fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del General Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, que se hubieran cometido por el Ejército cuando el General era titular de la Defensa Nacional. Investigar este tipo de hechos es una obligación, de acuerdo con los estándares internacionales. A pesar de ello, no contamos con información de se haya hecho.
A ello se suman otros desacatos por parte del Fiscal, que se enlistan a continuación:
Incumplimiento de diversos aspectos de la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Nombramiento de fiscales especiales sin respetar lo dispuesto en la Constitución y en la ley.
Ausencia de acciones para llevar a cabo la transformación y la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, como órgano autónomo.
Perpetuación de esquemas que históricamente han demostrado ser ineficaces y que, por tanto, han conservado los altos niveles de impunidad de este país.
Aunado a lo anterior, el propio Fiscal está impulsando una iniciativa para abrogar la ley orgánica actual, proponiendo la aprobación de una nueva ley, que representa un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia. Éste no es un Fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
El cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas. En tal sentido, resulta claro que México necesita un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que garantice investigaciones imparciales y autónomas.
La autonomía de una fiscalía se pone a prueba justamente en estos casos, por lo que no es aventurado afirmar que, a casi dos años de haber asumido la titularidad de la Fiscalía, el Dr. Alejando Gertz Manero ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país.
Por lo anterior, solicitamos al Presidente que:
Con base en el artículo 102, apartado A, fracción IV, que remueva al Dr. Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.
Solicitamos al Senado que:
Se cite al Dr. Gertz Manero para que rinda cuentas sobre su actuación en este y otros casos, así como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Se lleve a cabo una convocatoria abierta para elegir una nueva persona titular de la Fiscalía conforme lo establece la Constitución, la ley orgánica y los estándares Un nombramiento a modo, que siga perpetuando la impunidad, sería responsabilidad conjunta del Presidente y del Senado.
Solicite a la Fiscalía General de la República o a las autoridades competentes que se inicien investigaciones contra el Alejandro Gertz Manero y su equipo por haber actuado fuera del marco de la Ley Orgánica.
No se abrogue la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y, en caso de que se quiera hacer una reforma a la misma, se haga mediante convocatoria pública, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado, en términos del artículo décimo tercero transitorio de la propia Ley Orgánica.
Atienda a las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México en el sentido de:
Emprender un proceso de diálogo con actores políticos, víctimas, personas defensoras y otras expertas, así como con otros organismos defensores de derechos humanos, a fin de debatir sobre los alcances y retos en la transformación de la Fiscalía General de la República y los desafíos en la implementación de la Ley Orgánica.
Desempeñar un rol proactivo en la implementación de la Ley Orgánica, entablando un diálogo constante con la Fiscalía para dicho
Evaluar con especial detenimiento y en plazos adecuados, en procesos participativos y técnicos, reformas legales cuya aprobación puede implicar un retroceso de la normativa garantista alcanzada en México en materia de procuración de justicia y verificar que no constituya un incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
