MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Luego de una batalla jurídica que duró más de un año, la Justicia Federal resolvió en definitiva el primer caso que impide el maltrato animal fomentado en fiestas tradicionales de pueblos y comunidades mayas de Quintana Roo, donde el plato especial son las peleas de gallos o las corridas de toros, vaquillas y novillos, lo que se considera ilegal.
Es la primera sentencia constitucional pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito en uno de los ocho juicios de amparo promovidos por representantes de consejos supremos y comunidades originarias mayas, comisiones de promoción gallística, asociaciones de palqueros y organizadores de fiestas patronales en 2020.
Los quejosos mayas han reclamado su ancestral derecho de perpetuar su patrimonio cultural intangible que incluye a los animales en festividades realizadas en los municipios sureños de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.
En todos los juicios de amparo se ha negado, caso por caso, la suspensión provisional y definitiva contra los derechos tutelados que establece el numeral 40 de la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, promulgada mediante el Decreto 344 del Periódico Oficial del estado, del 25 de noviembre de 2019.
El ordenamiento establece la prohibición de corridas de toros, vaquillas o novillos y becerros, las peleas de gallos y el entrenamiento de animales para espectáculos, además de otras acciones que lastimen o priven de la vida a esos seres vivos.
El representante de la Comunidad Maya de Bacalar, Miguel Arcos Bojórquez, fue quien recibió el primer revés legal en el juicio de amparo 27/2020, luego que la juez Socorro del Carmen Díaz Urrutia resolvió (el 13 de enero pasado) sobreseer la negativa de la suspensión provisional (que decretó 9 días después), misma que validó a los tres días siguientes.
La juzgadora reconoció el derecho a la existencia de los animales, pues todo acto que implica la muerte de un ser vivo “no puede escapar de la máxima protección del Estado”, además que ese tipo de espectáculos afectan el interés público.
El quejoso (el 8 de enero de 2020), reclamó violaciones a sus derechos tutelados en los artículos 2, 14, 16, 39, 40,41 y 133 de la Carta Magna, para lo cual incluyó los peritajes de especialistas en producción animal y en veterinaria zooctenista, pero no fue suficiente para obtener un fallo favorable.
En otros casos activos que se mantienen en disputa han contratado los servicios del constitucionalista Raúl Pérez Johnston, candidato a Doctor en Derecho y académico de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Anáhuac, quien promueve la presentación de pruebas periciales en antropología social, con la cual demostraría que la ley afecta al patrimonio cultural intangible de los pueblos originarios que habitan al sur de Quintana Roo.
Otros juicios de garantías fueron interpuestos por Donaciano Poot Chan, Maximiliano Moo Capul y Andrés Euan López, presidente, secretario y tesorero de la Mesa Directiva del Consejo Supremo Maya K´an Yum Ki´i, A.C. y (el primero) presidente de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística, A.C.; Filiberta Chan Novelo y María Magdalena Tzun Arceo, presidenta y representante legal de la “Sociedad de Palqueros 21 de Marzo, A.C.”, de la Comunidad Maya del municipio de José María Morelos.
Igualmente, Simón Caamal Coh, presidente del Gran Consejo Maya de Quintana Roo y representante de la comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y Manuel Alberto Ucan Marín, representante de la comunidad maya de Othón P. Blanco.
Otros de los quejosos mayas ante el mismo juzgado son Pedro Aguilar Ramírez, presidente de la Fiesta Tradicional de la Guadalupana y representante de la Comunidad Maya del Municipio Felipe Carrillo Puerto; Jimmy Francisco Tamayo Torres, representante de la comunidad maya en el mismo sitio y Guadalupe del Rosario Coba Pacab, presidenta de la Asociación de Palqueros de la Santa Cruz del Municipio de José María Morelos,
Los quejosos han ganado recursos de queja ante el Primer y Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, pero a todos se les ha negado la suspensión definitiva.
