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Localizan cuerpo del periodista sonorense, Juan Arjón López

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Sonora.- De acuerdo a información publicada por ARTICLE19, el día de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista sonorense Juan Arjón López, quién permanecía reportado como desaparecido desde el pasado 9 de agosto.

Según información recabada, Arjón desapareció desde el martes pasado en San Luis Río Colorado, Sonora. Arjón gestionaba el medio digital “A qué le temes”, dónde era crítico sobre las autoridades locales y que también cubría nota roja.

Tras el hallazgo, la organización llama a FGJE Sonora aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y no desestimar su labor como móvil del crimen, así como evitar discursos estigmatizantes que desinformen a la opinión pública y revictimizar a Arjón.

ARTICLE19 documentó este asesinato, que se suma a una oleada de violencia letal contra la prensa y exige a las autoridades investigar diligentemente y proteger a familiares y personas colaboradoras del medio.

 

 

Lanzan campaña de desprestigio y amenazas contra Pedro Canché, vía redes sociales

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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2020.- Desde el domingo 11 de octubre, Pedro Canché, periodista maya independiente de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ha sufrido una campaña de desprestigio y la emisión de amenazas por parte de un sujeto no identificado y de un empresario,  vía redes sociales.

Dichos mensajes fueron publicados luego de que el periodista difundiera  en su sitio dedicado a la labor periodística Pedro Canché Noticias, una nota sobre el conflicto sobre un predio en que se vieron involucrados los empresarios Alberto Millar y Heriberto Millar.1

El día domingo 11 de octubre, Heriberto Millar compartió en su perfil de Facebook la nota con el mensaje:

“MIREN a CABEZA de PUERCO, mentiroso de Pedro Canché publicando mentiras, pronto será llevado ante la justicia nuevamente. Este delincuente no es periodista es un chismoso, mentiroso y lengua larga… pronto cabeza de puerco te vamos a exhibir como lo que eres[…].

Ese mismo día, el empresario publicó en la misma red social discursos estigmatizantes que apuntan a restar veracidad a la labor periodística de Canché, y agrega “pronto te taparemos el hocico lleno de mentiras con veredictos de jueces y te exhibiremos como lo que eres un mentiroso y farsante”.

Al día siguiente, el perfil de Facebook “Edmundo Hernández”, cuya identidad se desconoce, publicó acusaciones graves contra Canché durante los siguientes 5 días. Le culpa de haber cometido delitos como el de violación a una menor y fraude por evasión de impuestos, así como haber incurrido en incumplimiento de contratos con la administración pública. Dichas publicaciones contienen adjetivos como “chayotero” “mentiroso”, “basura de la basura”, entre otros, con un evidente discurso estigmatizante, destinado a disminuir la credibilidad del periodista y afectar su dignidad y la de su familia.

En los comentarios de estas publicaciones se puede observar expresiones de los hermanos Millar. Alberto Millar señala: “[Pedro] es un farsante chayotero, depredador de menores de edad y un mentiroso”. Por su parte, Heriberto Millar comenta: “Cabeza de puerco mentiroso”.

Estas publicaciones dieron lugar a que otros usuarios profirieran amenazas contra Pedro, por ejemplo el usuario con el perfil de Alvarado Martin, comentó “yo lo desaparesco a este perro”.

Preocupa particularmente a ARTICLE 19 una de las publicaciones del perfil Edmundo Hernández: “según dicen Pedro Canché ha acumulado una buena lana a ver si los diferentes grupos delictivos de Quintana Roo lo visitan y lo cobran esta cargada la nube”. Es evidente que se trata de un llamado a vulnerar la integridad del periodista.

Pedro Canché es un periodista maya que fue encarcelado durante 9 meses en la Cárcel Municipal de Felipe Carrillo Puerto, en el año 2014, luego de que se le acusara por el delito de sabotaje, mientras documentaba la brutalidad con que se desalojaban a manifestantes de una dependencia gubernamental destinada al servicio de distribución de agua. Fue liberado tras un fallo judicial que señalaba que la presencia de Pedro en el lugar, obedecía al ejercicio libertad de expresión, y no a fines criminales.

Actualmente Pedro se desarrolla en el periodismo independiente, durante su trayectoria ha denunciado posibles actos de corrupción y ha dedicado espacios al escrutinio público de actos de autoridades estatales y federales, principalmente sobre gestiones administrativas y de seguridad pública.

Cabe señalar que los hermanos Millar fueron dueños de la revista Polémica, misma que durante el sexenio del ex Gobernador Roberto Borge, profirió diversas campañas de desprestigio contra Pedro Canché, justificando su estancia en la Cárcel Municipal, así como campañas de desprestigio contra otros periodistas críticos a dicho sexenio,2 dicha información es de dominio público, luego de que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares en favor de periodistas de la región por la violencia durante el “borgismo”.

ARTICLE 19 recuerda que la libertad de expresión de las personas periodistas protege la investigación y difusión de información, máxime cuando se trata de la posible comisión de delitos, o de malas prácticas administrativas.

Es importante apuntar que las personas con proyección pública tienen un deber de resistir el escrutinio público, según han establecido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana. Esto no significa que no se pueden controvertir editoriales o notas periodísticas, por el contrario, los derechos de réplica y rectificación fortalecen el debate público y la democracia, pero implican la activación de procedimientos que describen tanto el artículo 6 de la Constitución Federal, como de la Ley en materia de derecho de réplica.

Las publicaciones que se han proferido contra Pedro Canché lo ponen en riesgo y merman el prestigio y la credibilidad frente a la sociedad, agresiones que también tienen efectos perniciosos en el derecho de la sociedad a recibir información plural.

Por lo anterior, ARTICLE 19 hace un llamado a evitar los discursos estigmatizantes que pongan en riesgo la seguridad, integridad, vida y libertad del periodista. De la misma forma, solicita al Mecanismo de Protección, el monitoreo constante de esta situación para evitar mayores afectaciones al periodista, debido a las amenazas proferidas.

[1]  Resalta además, que la nota sobre los conflictos de los predios de los empresarios se publicó en varios portales de noticias de Quintana Roo, no solo en el portal de Pedro Canché Noticias.

[2] Por ejemplo en la edición 13 de dicha revista, se dedican varios espacios para generar narrativas contrarias a la libertad de expresión de Pedro Canché y Lydia Cacho. Ver: Revista Polémica, edición 13, del 16 al 22 de febrero de 2015, publicada el 15 de febrero de 2015. Disponible en: https://issuu.com/revistapolemicaoficial/docs/polemica_13.

ARTICLE 19 llama a respetar y no estigmatizar la labor de defensa de derechos humanos que realiza

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CDMX (Article 19).- ARTICLE 19 desmiente la información señalada en la nota publicada el día 11 de octubre de 2020 en La Jornada denominada “Sindicato independiente de Notimex denuncia acoso por parte de la ONG Artículo 19”, en la cual se afirma que personal de esta organización ha acosado a trabajadores para “que expresen declaraciones contra la dirección de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que encabeza Sanjuana Martínez.”

Al respecto ARTICLE 19 se permite señalar lo siguiente:

ARTICLE 19 es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.

Asimismo, tiene como labor primordial la documentación de violaciones a los derechos a la libertad de expresión, el acompañamiento de personas cuyos derechos han sido violados, así como la investigación de amenazas y tendencias. Para ello, el diálogo con víctimas y otras fuentes es fundamental.

Sin embargo, toda información obtenida es confidencial y las acciones se realizan con consentimiento expreso de las víctimas. Dichas acciones tienen como objetivo prevenir que se sigan perpetrando violaciones a sus derechos humanos, así como la exigencia de investigación y sanción a las personas responsables de los mismos.

En ese sentido, el día viernes 9 de octubre esta organización recibió información preliminar respecto a la privación de la libertad, robo de material de trabajo y hostigamiento en contra de la periodista de NOTIMEX, Ingrid Sánchez, hecho el cual procedimos a documentar vía telefónica respetando en todo lo momento la voluntad de la afectada.

Es importante mencionar que, en ningún momento, personal de esta organización acudió físicamente a las instalaciones alternas de NOTIMEX.

De acuerdo con la información recabada y publicada, se informó que la reportera había sido retenida e interrogada en las instalaciones provisionales de la Agencia, además le habían confiscado el celular con el objetivo de revisar sus comunicaciones. Esto ocurrió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se evidencia la reanudación de labores en la agencia estatal de noticias, pese a estar vigente una huelga declarada legal por la autoridad laboral federal.

Asimismo, Ingrid Sánchez publicó a través de su cuenta de Twitter haber sido sujeta a una “serie de violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex”. También señaló que Luis Monroy, dirigente del Sindicato Independiente de Notimex (SINOTIMEX), estuvo presente durante los actos de hostigamiento y mentía sobre lo ocurrido.

No se omite señalar que Luis Monroy, la única fuente de la nota publicada en La Jornada, ha sido señalado junto a Sanjuana Martínez y Erick Muñiz, de hacer uso de recursos públicos pertenecientes a la Agencia de Noticias del Estado (NOTIMEX) para atacar a través de redes sociales a periodistas críticos de la directiva y ex trabajadores de la agencia.

En el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 18 de junio, Aristegui Noticias, Signa_Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y ARTICLE 19 recabaron “información y testimonios coincidentes que señalan que personas directivas de la Agencia de Noticias del Estado (Notimex) realizan acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran “adversarias”.

Todo lo anterior fue ampliamente documentado a través de 14 testimonios de personas ex trabajadoras y trabajadoras de la agencia, un análisis del comportamiento de las cuentas falsas y el acceso a chats de Whatsapp donde se organizaban los ataques por parte de la dirección de la agencia de noticias.

Por ello, en junio de este año se presentaron los escritos correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ofreciendo los testimonios y pruebas recabadas, mismos procesos que siguen en proceso de investigación. En ese sentido, preocupa que estas declaraciones se dan en un momento donde se desahogan estos procedimiento en contra de la directiva de NOTIMEX.

En este contexto es importante señalar que derivado de la documentación realizada por ARTICLE 19 las y los funcionarios públicos son quienes más agreden a la prensa. Tan sólo en el primer semestre de 2020, de las 406 agresiones documentadas contra la prensa, 199 fueron cometidas por agentes del Estado. También preocupa que la estigmatización por parte de funcionarios públicos a la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión es cada vez más frecuente.

En ese sentido, exigimos a la SFP y CNDH garantizar que investigaciones en curso se hagan de manera pronta, imparcial y diligente a efecto de esclarecer el uso de recursos públicos para desprestigiar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para inhibir su labor.

Por último, llama la atención que se pretenda engañar a un prestigioso diario como La Jornada con información falsa, destinada a frenar la labor de documentación de violaciones a los derechos humanos.

Por ello, solicitamos respetuosamente a La Jornada que retome las precisiones del presente comunicado a efecto de aclarar los hechos e imputaciones falsas que dolosamente ha tratado de difundir Luis Monroy.

ARTICLE 19 exige a la policía municipal y de tránsito de Cancún cesar la violencia contra el comunicador Jorge Ugalde

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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020.- (Article19) Desde marzo a la fecha, policías municipales y de tránsito de Cancún han atacado, golpeado, amenazado e intimidado a Jorge Ugalde, reportero del medio digital Descontento Ciudadano Qr.

La última agresión se suscitó la madrugada del 16 de septiembre, cuando Ugalde fue víctima de detención arbitraria y amenazas contra la integridad por parte de policías municipales de Benito Juárez, Quintana Roo. La detención ocurrió alrededor de las 00:30 en un retén al que Jorge llegó con su esposa, para documentar que la policía aparentemente pretendía llevarse el auto de un ciudadano, quien extravió la tarjeta de circulación pero quien tenía la documentación requerida por la ley en caso de pérdida, incluida el documento con cita para reponer la tarjeta.

Jorge Ugalde detalló que cuando comenzó la trasmisión, los policías alumbraron con lámparas para evitar que se vieran sus rostros.  En un video que Ugalde envió a ARTICLE 19, se observa como la policía se acercó al periodista y uno de los agentes dice “espósalo”. Así, el comunicador relató que durante su detención, los policías le quitaron y rompieron el teléfono y lo amenazaron:

“Los policías me apretaron fuertemente las esposas y me dijeron: ya sabemos donde está tu negocio y si no te calmas vamos ir contra él”

Momentos después, Jorge fue ingresado a una de las patrullas. Mientras eso sucedía, su esposa intentó grabar y los policías la amenazaron al decir: “Si sigues grabando te vamos a detener también, ya sabemos dónde viven”.  Mientras tanto, en la patrulla, otros agentes preguntaron a Ugalde sobre su labor informativa: “por qué siempre tienes que estar comunicando a la sociedad lo que hace la policía”.

Jorge Ugalde estuvo retenido en la patrulla alrededor de 30 minutos y después los dejaron ir: El comunicador comentó a ARTICLE 19: “Y así nos dejaron ir, como si no hubiera pasado nada… y así es la violencia de la policía en Cancún”.

 

Cuatro días antes, en la madrugada del 12 septiembre, mientras transitaba por la Avenida Chac mool, la policía municipal intimidó a Jorge Ugalde al intentar ingresar ilegalmente a su automóvil. Todo ocurrió cuando Jorge fue detenido por una patrulla argumentando que su auto es polarizado (cuestión que es falsa). Así, cuando Jorge detuvo el auto, un oficial  le preguntó a dónde iba y quién era. En esos momentos, por el lado del copiloto, otro oficial abrió la puerta e intentó ingresar al auto. Al instante, Ugalde grabó la intimidación del oficial. Después de unos minutos lo dejaron ir, no sin antes anotar el número de placas y fotografiar el automóvil.

Un mes y medio antes, Jorge Ugalde fue víctima de intimidación por parte de policías de tránsito quienes «le aventaron una patrulla» y golpearon el auto del comunicador.  La intimidación ocurrió al momento que Ugalde reportaba la aparente detención de un ciudadano afuera de una tienda Oxxo. Durante los hechos, Ugalde relató a ARTICLE 19 que un policía subió al auto del ciudadano y arrancaron, por lo que él los siguió para continuar la cobertura. Después de varios minutos, casi al llegar a las instalaciones de Seguridad Pública, Ugalde rebasó a uno de los autos para mostrar que era un policía quien manejaba el carro del ciudadano y en esos momentos fue que una patrulla tipo pick up chocó el auto del periodista causando daños al mismo.

 

En entrevista con ARTICLE 19 Jorge dijo: “Hable al 911, poco después llegó un perito de tránsito y me dieron una hoja de reparación de daño. “El ataque contra mi auto fue intencional, por estar documentando lo que hace la policía de Cancún, por eso no nos quieren.”

La violencia contra Jorge Ugalde por parte de la policía municipal de Cancún se remonta a marzo de este año, cuando fue detenido arbitrariamente, golpeado, amenazado y obligado a firmar un documento a cambio de su libertad.

Las agresiones arriba descritas ocurrieron la noche del 14 de marzo, luego de que Ugalde decidió brindar a sus comensales el servicio de transporte, para evitar que la policía de tránsito y municipal pudieran detener a los clientes posterior a haber ingerido alimentos y bebidas en el restaurante-bar propiedad de Jorge y su esposa.

Como consecuencia, agentes de la policía lo sometieron, tiraron al suelo y lo golpearon. Posteriormente, lo llevaron a los patios de Seguridad Pública donde nuevamente lo golpearon y  en un baño, lo obligaron a limpiarse la sangre para después llevarlo a las instalaciones del Centro de Detención Municipal conocido como el Torito. 

Una vez en el Torito, un médico legista le dijo al periodista que no podía ingresarlo debido a los golpes recibidos y que debía ir al hospital de inmediato.  Por ello, uno de los policías de tránsito lo amenazó y le dijo: “si no firmas este documento te voy a llevar al Ministerio Público por robo”. Jorge asustado firmó dicho documento, cuyo contenido lo hacia responsable de la perdida de un radio, por lo que tuvo que dar 2,300 pesos al policía.

Tres días después, Jorge presentó una denuncia ante Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal, sin que a la fecha se tengan avances.

Si bien la agresión de marzo no tiene vínculo con la labor informativa de Jorge pues no cubría ningún tipo de nota, si muestra la impunidad y ausencia de mecanismos que prevengan y pongan fin a la violencia policial en Cancún, Quintana Roo.

El abuso policial de las corporaciones de Benito Juárez, Quintana Roo contra integrantes del medio Descontento Ciudadano Qr no es nueva. Desde 2019 a la fecha ARTICLE 19 documentó 7 agresiones contra integrantes del medio, incluida la detención y tortura contra Raúl Fernández, director del medio.

El 26 de junio ARTICLE 19 publicó una alerta sobre la detención arbitraria y amenazas de muerte contra Raúl Fernández, director del medio Descontento Ciudadano Qr, perpetradas por la policía municipal. Cuatro días después, el 30 de junio ARTICLE 19  exhortó a la Policía de Benito Juárez, Quintana Roo y a la Secretaria de Seguridad Pública a conducirse bajo los más altos estándares de protección de derechos a la libertad, integridad, seguridad, no ser torturado y a la libertad de expresión.

La violencia contra Jorge Ugalde se enmarca en un contexto de fuerte represión contra la prensa en Quintana Roo.  En el primer semestre de 2020, ARTICLE 19 registró 24 ataques contra periodistas en la entidad, mientras que en 2019 documentó un total de 57 agresiones contra periodistas.  Esto coloca a Quintana Roo como uno de los cinco estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Dentro de los ataques y agresiones más frecuentes  están supuestos casos de tortura por parte de elementos policiales, detenciones arbitrarias y amenazas.

Por  lo anterior, ARTICLE 19:

Exige a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez abrir una investigación interna por lo que hace a la responsabilidad administrativa de los elementos que participaron en las agresiones cometidas contra Jorge Ugalde y sancionarles según corresponda. Asimismo se les conmina a abstenerse de represalias y acciones que restrinjan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión  de Ugalde y de cualquier otra persona integrante del medio Descontento Ciudadano Qr.

Llama a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo dar seguimiento al caso de Jorge Ugalde con el fin de emitir medidas cautelares que prevengan más ataques contra su integridad y su labor. Así como, que desde sus facultades combata a la impunidad de los ataques contra la prensa en la entidad.

Solicita a la Fiscalía Especial para Atender Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer las denuncias presentadas por Jorge Ugalde de manera pronta y diligente, en concordancia el Protocolo Homologado para Investigar Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para garantizar el derecho al acceso a la justicia de la víctima.

Llama también al Mecanismo de Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas  incorpore prontamente a Jorge Ugalde a fin de analizar su riesgo en armonía con el riesgo de Descontento Ciudadano Qr, a fin de brindar planes de protección para él y su familia.

Nombran a Leopoldo Maldonado nuevo director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

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Ciudad de México.- (Article19) El Consejo Consultivo Regional y la Dirección Ejecutiva de ARTICLE 19 a nivel internacional anuncian la salida de Ana Cristina Ruelas Serna como directora regional de la Oficina para México y Centroamérica y la designación del maestro Leopoldo Maldonado Gutiérrez como su sucesor.

Leopoldo Maldonado es abogado y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Durante los últimos 13 años ha trabajado como abogado defensor en diversas organizaciones de derechos humanos. Desde su llegada a ARTICLE 19, hace siete años, ha demostrado compromiso, integridad y honestidad en su trabajo y ha otorgado grandes resultados para el avance progresivo de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

De esta forma, Leopoldo ha participado en el diseño de la estrategia legal de algunos de los más importantes casos para la defensa de periodistas, siendo pieza clave en el proceso de consolidación institucional de la Oficina para México y Centroamérica.

Su compromiso con las y los periodistas víctimas de violaciones a derechos humanos con los que ARTICLE 19 trabaja es indudable, así como el conocimiento de los más altos estándares en materia de libertad de expresión. Igualmente, su trayectoria en la organización le permitirá identificar los problemas nacionales y regionales que enfrenta el ejercicio de este derecho y aprovechar los canales de interlocución construidos con nuestras contrapartes.

Leopoldo tomará el cargo a partir del 1o de septiembre y, para garantizar una transición eficaz, Ana Cristina Ruelas mantendrá un papel de acompañamiento en los procesos internos hasta diciembre.

Su trabajo como directora regional en los últimos cuatro años es invaluable. La organización es más fuerte gracias a su visión que ha consolidado a ARTICLE 19 como un referente en materia de libertad de expresión en la región.

El panorama de la libertad de expresión en México, Centroamérica y el Caribe es vulnerable. En 2019, ARTICLE 19 documentó en México, en promedio, 1 agresión contra la prensa cada 15 horas. Esta situación también afecta a defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que se han convertido en blanco de ataques y campañas de desprestigio que evolucionan para ser cada vez más sutiles y a la vez más letales.

ARTICLE 19 ha trabajado en México por más de 12 años en la defensa de la libertad de expresión e información. Estamos convencidas y convencidos que la nueva dirección, a cargo de Leopoldo Maldonado, continuará con el notable trabajo de promoción y defensa de derechos humanos de la organización, que recientemente ha ampliado su horizonte de incidencia a Guatemala, Honduras y Cuba. También, que se convertirá en una pieza central para alcanzar la definición de los nuevos objetivos de la estrategia global de la organización, en colaboración con expertas y expertos de ARTICLE 19 en sus oficinas en Asia, África, Europa y las Américas.

Exige Artículo 19 a Gobierno de BC abstenerse de desacreditar a ZETA y a Adela Navarro

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La organización no gubernamental Artículo 19 señaló este lunes 9 de diciembre, que el semanario ZETA, y su directora, Adela Navarro Bello, fueron víctimas de un discurso “estigmatizante” por parte del secretario General de Gobierno en Baja California, Amador Rodriguez Lozano.

La ONG internacional recordó que, conferencia de prensa realizada el 6 de diciembre, Rodríguez Lozano afirmó que: “el semanario Zeta está enojado primero porque no se le compra publicidad, y dos porque estamos investigando supuestamente a la pareja sentimental de Adela Navarro”.

Asimismo, Artículo 19 rememoró que, en sus declaraciones, el funcionario estatal calificó de mentiras las investigaciones del semanario, respecto a las dos últimas publicaciones de Zeta, en donde Rodríguez Lozano y otros miembros del Gobierno encabezado por Jaime Bonilla Valdez fueron señalados de estar inmiscuidos en presuntos actos de corrupción.

El medio bajacaliforniano publicó sobre supuestos sobornos de 20 millones de pesos a un empresario, con la promesa de entregarle contratos de proveeduría, para luego repartidos entre funcionarios públicos del estado de Baja California.

“En este contexto, las declaraciones de Rodriguez se pueden entender como un acto de represalia por investigaciones periodísticas. Estas declaraciones y agresiones buscan dañar la reputación y credibilidad de las y los periodistas cuando se investiga y publica sobre temas que resultan sensibles a actores políticos”, indicó la ONG.

Con respecto al tema de la compra de publicidad, ZETA declaró que “este semanario no ha elaborado ni convenido una propuesta de publicidad con el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez. Ni nosotros hemos solicitado publicidad, ni del Gobierno Estatal nos la han ofrecido”.

“Asimismo, el comentario del funcionario sobre una supuesta investigación a una persona vinculada a la Co-Directora del Semanario Zeta, en el contexto en que se produjo, podría considerarse una amenaza de investigación o acción legal en su contra”, abundó Artículo 19.

“Si bien, el Secretario se ha disculpado públicamente por sus declaraciones sobre la vida personal de Adela Navarro, los comentarios sobre su ejercicio periodístico se mantienen”, dijo la ONG internacional, en su capítulo mexicano, que defiende la libertad de prensa y expresión.

“En acorde a la documentación de ARTICLE 19, Baja California se encuentra entre los 10 estados con mayores agresiones a periodistas, lo que fomenta un clima de represión, censura, y limitación a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información”, recordó la ONG.

“Ante esta situación, ARTICLE 19 exige al gobierno estatal de Baja California y al Secretario General de Gobierno, Amador Rodriguez Lozano, abstenerse de promover o involucrarse en actos que busquen generar descrédito hacia los periodistas”, señaló la organización no gubernamental.

“También es importante recordar que el ser funcionario de la administración estatal lo pone en una posición obligada de mayor tolerancia al escrutinio público debido a la naturaleza pública de sus actividades. Aunque las disculpas públicas por algunos de los comentarios hechos son un paso inicial para proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, es necesario que desde el gobierno estatal se realice una labor constante de reconocimiento público del aporte de la labor periodística a la sociedad bajacaliforniana”, abundó.

“Asimismo, pide a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California para que conozca del caso y apoye a la periodista y al semanario en el ámbito de sus facultades, y al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que tenga conocimiento del incidente y actúe en la medida de sus atribuciones”, finalizó Artículo 19 su comunicado.

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Article 19 presenta nuevo documental “Mensaje Interrumpido”, asiste

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Ernesto Aroche realiza una investigación que se ve obstaculizada por el gobierno de Puebla. Mayra Cisneros huye de Coahuila después de ser secuestrada. Flor Hernández es amenazada por denunciar autoridades en Oaxaca. Y Jesús González cubre nota roja en Tamaulipas, a pesar del riesgo a ser agredido nuevamente. Sus historias nos cuentan del costo que pagan los periodistas por hacer su trabajo en México.

“Mensaje interrumpido” es un documental de ARTICLE 19 e ISLA que busca reivindicar la figura de los periodistas por medio de cuatro retratos de reporteros y reporteras de diferentes estados de México. Ser periodista en México no sólo implica enfrentarse a la censura, sino una realidad compleja en la que el miedo se vive todos los días y de formas distintas. Sus historias nos cuentan del compromiso con la labor periodística y su costo en medio de un contexto adverso.

Asiste a la presentación, el próximo martes 5 de noviembre en el Museo Memoria y Tolerancia (Av. Juárez 8, Centro Histórico, Ciudad de México), a las 18:30 hrs.

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Respuesta al comunicado de prensa del Congreso de Guanajuato sobre el delito de “halconeo”

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Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019. En respuesta al comunicado de prensa emitido por el Congreso de Guanajuato  con fecha del 5 de agosto de 2019, denominado “Reforma para combatir el “halconeo” atiende a las nuevas exigencias sociales”, en el cual niega que la adición del denominado delito de “halconeo” al Código Penal estatal en el artículo 222-b afecte el derecho a la información y el ejercicio periodístico, tal como lo comunicó ARTICLE 19 mediante el posicionamiento Delito de halconeo entró en vigor en Guanajuato, criminaliza la labor periodística del 4 de agosto, consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. ARTICLE 19 sostiene que la reforma aprobada por el Congreso de Guanajuato sí resulta violatoria de los principios de taxatividad, legalidad, seguridad jurídica y mínima intervención del derecho penal, además de las libertades de expresión, información y labor periodística, lo cual se advierte de la propia redacción del tipo penal, que sanciona con pena de prisión de hasta siete años a toda persona “que realice cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información” sobre actividades en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y ejecución de penas.
  2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha analizado y resuelto sobre la inconstitucionalidad del delito de “halconeo”, por su ambigüedad y la afectación directa que genera a la libertad de información y labor periodística . Así lo resolvió en las Acciones de Inconstitucionalidad 11/2013 y 09/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de reformas similares a los Códigos Penales de los estados de Chiapas y Michoacán.

Asimismo, se encuentran los amparos en revisión 482/2014 y 492/2014, que fueron promovidos por ARTICLE 19 respecto al mismo delito en Chiapas, en donde la propia SCJN determinó que los principales destinatarios de este tipo de normas penales son personas cuya función social se encuentra vinculada al ejercicio habitual del derecho a la información, es decir, las y los periodistas.

  1. Si bien en nuestro posicionamiento público citamos una parte de la iniciativa presentada por legisladores y legisladoras del Partido Acción Nacional en donde refieren que “no es objeto de la presente iniciativa castigar, por ejemplo, la labor de investigación periodística”, lo cual reitera el Congreso de Guanajuato en su comunicado de prensa; para ARTICLE 19 resulta importante poner énfasis en que, a pesar de esta afirmación, finalmente lo que se encuentra ahora vigente y obligatorio es el tipo penal contenido en el artículo 222-b del Código Penal estatal, mismo que conforme a su redacción ambigua y con su sola existencia, genera una afectación a derechos, a través del “efecto inhibidor” que produce y sobre el cual también la Suprema Corte de Justicia determinó en las acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo arriba mencionados.

En palabras de la Corte: “la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico. Todo lo anterior es demostrativo, a su vez, de la violación al principio de taxatividad.” 1

En este sentido, reiteramos que aunque la norma establezca como finalidad la comisión de algún delito o “entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas”, la propia norma y este supuesto no deja de constituir una ambigüedad. Es decir, si un periodista obtuvo y proporcionó información a la sociedad sobre alguna acción de seguridad pública y que una autoridad considere que “entorpeció” esa labor, actualiza el supuesto del tipo penal en contra del periodista.

  1. ARTICLE 19 considera que no son “supuestos” las manifestaciones vertidas en cuanto a lo que esta norma genera con su sola existencia y puede generar con su aplicación. La SCJN en el asunto de Chiapas y el delito de “halconeo”, también resolvió que “en el caso, como se ha señalado, la norma no es clara, precisa ni exacta respecto de la conducta reprochable que se pretendió sancionar, sino que está formulada de manera que puede llegar a permitir la arbitrariedad en su aplicación.” 2

Que este tipo de normas, generen afectación a derechos y permitan interpretaciones y aplicaciones arbitrarias y discrecionales, no es nada menor, pero para el Congreso de Guanajuato representan sólo supuestos sin relevancia, tal como lo evidenció en su comunicado de prensa. Es un análisis imprescindible que debe realizarse a la norma ahora vigente en términos constitucionales y convencionales.

Cabe recordar que, en lo que respecta a las acciones de inconstitucionalidad, como un mecanismo de competencia exclusivo de la Suprema Corte de Justicia, tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, consistiendo en un control abstracto de constitucionalidad, por lo que el análisis que debe emprender el Máximo Tribunal resulta de vital importancia para determinar si una norma vulnera derechos humanos y, por ende, si es o no constitucional.

Asimismo, el Congreso de Guanajuato considera que “es, al menos, desproporcionado” decir que la norma genera un menoscabo a las libertades de expresión, información y labor periodística, tal como lo sostiene ARTICLE 19. Al respecto, es importante mencionar y reiterar que en este asunto lo desproporcionado proviene del propio Congreso estatal, al aprobar normas de este tipo, sin un análisis previo y a la luz de lo que ha resuelto la Suprema Corte, recordando la aplicación del principio de subsidiariedad en materia penal, debiendo ser ésta la ultima ratiodentro del orden jurídico.

Como ya lo referimos, ARTICLE 19 no es ajeno al contexto de violencia e inseguridad que impera en el país, como ahora en Guanajuato particularmente, sin embargo, una problemática social no se debe resolver generando otras problemáticas, ni mucho menos, afectando derechos humanos.

La alta responsabilidad que tiene cualquier órgano legislativo es de suma importancia para generar aquellas normas que sean necesarias en la sociedad y brinden soluciones, pero siempre debiendo tener como eje central los derechos de las personas. Contrario a lo que argumenta el Congreso de Guanajuato, el análisis de una norma no la “hace inviable”, pues esa es precisamente su labor como espacio legislativo y que debe ser abierto al debate público y participación ciudadana. Todo análisis respecto a cualquier norma debe partir del o los derechos humanos que se encuentren implicados.

Finalmente, ARTICLE 19 vuelve a exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, a promover las acciones de inconstitucionalidad correspondientes en contra de la norma ahora vigente emitida por el Congreso de Guanajuato, y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ejerza el control abstracto de constitucionalidad sobre la misma, para determinar su invalidez, conforme a los precedentes ya emitidos.

[1]  Acción de inconstitucionalidad 11/2013. Sentencia publicada el 10 septiembre 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Pág. 87

[2] Ídem. Pág. 87

Nota para prensa

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ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

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Artículo 19 pide al gobierno proteger al director de Reforma de linchamientos a causa del discurso estigmatizado de AMLO

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Ciudad de México, 25 de abril de 2019.- En la noche del 24 de abril, el director editorial general del diario Reforma, Juan E. Pardinas, fue víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y tentativa de doxxing por redes sociales por sujetos desconocidos, asimismo iniciaron una campaña de desprestigio con el hashtag #NarcoReforma.

Estas agresiones se derivan a partir de que el lunes 22 de abril el diario Reforma publicó la nota “Refuerzan vigilancia en casa de AMLO” y en la que se publica la dirección de la casa presidencial, no obstante esta dirección es del dominio público desde la campaña electoral de 2018.

Posteriormente el 23 de abril, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dedicó parte de su conferencia matutina a desprestigiar al periódico Reforma. De acuerdo con lo documentado por el propio medio y narrado por Juan Pardinas, “Esta sería la décimo tercera vez que el presidente ataca al diario. En esta ocasión se quejó de que se publicara la dirección de su domicilio particular, que él mismo reconoció es de dominio público.”

Posterior a esta conferencia, ese mismo día en la tarde se posicionó como trendig topic en Twitter el hashtag #NarcoReforma. Donde se infería que la difusión de la dirección del presidente era señal de la colusión del periódico con el crimen organizado. Asimismo, y bajo este hashtag, se pedía difundir la dirección familiar del director editorial general del periódico e incluso se incitaba a incendiar las instalaciones del periódico con Pardinas dentro.

Tal como ARTICLE 19 lo ha venido reiterando, el discurso estigmatizante proferido por una de las autoridades de más relevancia en el país, tiene un impacto directo en cuanto a la protección o riesgo que puede generar hacia la labor de la prensa, pues él permea en el discurso del resto de la sociedad e incluso llega a generar ataques, como lo observamos en el presente caso.

Lo anterior, es bien sabido por él, al grado que en la conferencia matutina del 15 de abril le dijo a la prensa “si se pasan, ya saben lo que les pasa, pero no soy yo, es la gente…”. Estas situaciones deberían ser prevenidas y desincentivadas por el presidente, pero por el contrario se ha venido observando como son alentadas.

Esta no es la primera vez que ARTICLE 19 documenta agresiones contra la prensa a través de redes sociales tras la cobertura realizada en las conferencias matutinas. Asimismo es importante recordar que en el Informe especial #GobiernoEspía, ARTICLE 19, R3D, y Social Tic en coordinación con Citizen Lab documentaron y corroboraron que Juan E. Pardinas fue una de las víctimas del software malicioso Pegasus, el cual tenía como objetivo espiarlo[1].

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de generar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión que pueda poner en mayor riesgo la vida, libertad, integridad y seguridad de periodista; ello incluye mantener un discurso estigmatizante.

Hacemos un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para investigar las amenazas cometidas contra Juan E. Pardinas y el diario Reforma vertidas en redes sociales.

Finalmente, se hace un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incorporar al periodista de manera extraordinaria y prevenir que cualquiera de las amenazas en redes sociales se materialicen.

[1] https://articulo19.org/gobiernoespia/

Difunden campaña de desprestigio y mensajes intimidatorios contra periodista de Ríodoce

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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2019.- Los días 8 y 9 de marzo de 2019, el reportero Aarón Ibarra del medio Ríodoce, de Culiacán, Sinaloa, fue objetivo de una campaña de desprestigio y comunicaciones intimidatorias, por parte de una usuaria de Facebook sin identificar.

La usuaria “Genoveva Castro” de esta red social publicó un mensaje que ligaba al periodista con autoridades del ayuntamiento de Culiacán y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ánimo de restar prestigio a la labor periodística de Ibarra, entre tales comentarios figura el siguiente: “También hace favores expresos a ex funcionarios del ayuntamiento o aviadores, esos que son hijos de algun ex-poderoso y que solo cobran sin trabajar, relacionados incluso con los sindicatos del STASAC”, “por lo pronto lo tenemos bajo la mira.”

La misma usuaria, tanto el 8 como el 9 de marzo mandó vía mensajería de Facebook, una imagen en que se observa la credencial del periodista con leyendas que de igual manera vinculaban su labor con el PRI y las frases “chayote barato” “al servicio del PRI”, “periodista corrupto”. Los mensajes tuvieron como destinatarios personas cercanas al periodista, lo cual da cuenta de la intención de afectar a Ibarra de forma directa y por razón de su labor de documentación en la sociedad.

Estas agresiones han tenido lugar durante la cobertura que ha realizado el periodista sobre acontecimientos ligados al actuar del ayuntamiento de Culiacán, entre ellos la documentación sobre la construcción del Distrito Paseo Mundial y la afectación ambiental de proyectos de Desarrollo Urbano.

Debe resaltar que el medio en que labora Aarón Ibarra, ha sufrido varias agresiones, entre ellas intimidaciones en junio de 2018 a uno de sus colaboradores y los ataques de malware Pegasus luego del asesinato de Javier Valdez entre 17 y 16 de mayo de 2018, agresiones dadas a conocer por el periódico The New York Times.

ARTICLE 19 exige tanto a las autoridades estatales como federales que cumplan con su mandato constitucional y protejan los derechos humanos de libertad de expresión, de información, vida e integridad física y mental.

Conminamos a que la FEADLE realice las investigaciones referentes para determinar si se han actualizado hechos ilícitos y dar con los responsables.

De la misma forma, el Mecanismo federal debe atender la situación de riesgo en que se encuentran los periodistas del medio y en específico de Aron Ibarra para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

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