Blindaje

Con las leyes en mano, Congreso le hace guerra al auditor Javier Zetina, el blindador de Borge

 

Van por el último reducto del “paquete de impunidad” de Borge

– Diputados descubren irregularidades en la designación a modo de Javier Cetina, auditor Superior del Estado de Q Roo
– Promovieron legisladores diez amparos, para que el primo de Félix González no evada la Ley
– Al parecer, hay irregularidades en las cuentas públicas de expresidentes municipales

Por Antonio Ortiz

Cancún. 13 Febrero.- Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Quintana Roo van en contra del último reducto del llamado “paquete de impunidad”, que promovió el exgobernador Roberto Borge Angulo antes de su salida, para que se le cubriera la espalda y evitar ser investigado o acusado por probables delitos de peculado, desvío de recursos públicos, corrupción, y demás delitos.

En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión, Fernando Zelaya, Gabriela Angulo, José Esquivel, presididos por Emiliano Ramos, revelaron que tras una investigación exhaustiva descubrieron que los exdiputados de la XIV Legislatura violaron varios artículos de la Ley al nombrar al designar como auditor a Javier Zetina González, primo del exgobernador y hoy senador Félix González Canto.

A puerta cerrada, el 25 de julio del año pasado, en un hotel de Puerto Morelos y con la presencia de policías estatales para impedir el paso a la prensa o un intento de impedir se llevara la Sesión, la mayoría de los diputados del PRI, encabezados por Pedro Flota Alcocer, y sus aliados los verde ecologistas nombraron a Zetina González, para que fiscalizara a Borge Angulo.

Innumerables irregularidades

El panista Fernando Zelaya fue quien le tocó enumerar las diferentes irregularidades y violaciones a varios artículos de la Ley cometidas por los exdiputados, al momento de nombrar un fiscal a modo.

Por lo que, dijo, los actuales legisladores buscarán se reponga otra vez la designación provisional de un auditor independiente, en tanto se elige una terna para elegir nuevo fiscal.

Entre las inconsistencias detectadas, precisó, están las relacionadas con los decretos 419 y 420 de la XIV Legislatura del Estado, relacionados con el titular y un titular suplente del órgano fiscal.

Los exdiputados, dijo, no respetaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado respecto al procedimiento para la designación del titular y el titular suplente, pues lo hicieron fuera de los tiempos marcados por la ley, es decir, un día después.

Además de que no hay documento que conste si realizaron la entrevista que prevé el artículo 62 de la citada Ley a cada uno de los aspirantes a candidatos, por lo que alteraron el procedimiento de designación.

Asimismo, añadió, la terna de los candidatos a ocupar los cargos no fue aprobada por la XIV Legislatura del Estado, por lo que sus integrantes no se cercioraron del cumplimiento de los requisitos de idoneidad de los tres aspirantes, dentro de los cuales, se encuentran los que hoy ostentan los cargos de titular y titular suplente del órgano.

También se determinó que los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XIV Legislatura no efectuaron una valoración exhaustiva del requisito exigido por la fracción VII del numeral 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización, consistente en que el candidato debe contar al momento de su designación con una experiencia mínima de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Diez amparos
Eduardo Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso, acompañado de los diputados Eugenia Solís y Juan Carlos Pereyra, le correspondió ponerle el cascabel al gato, al indicar que para evitar que Javier Zetina evada su responsabilidad y se aproveche de recovecos legales para quedarse en el cargo por seis años, los actuales legisladores promovieron en contra del auditor un total de amparos ante jueces federales.

Detalló que de esos recursos, dos fueron desechados por los jueces al avalar su nombramiento, uno está en revisión y quedan siete por resolver, Pero explicó que los dos fallos se debieron a que los jueces no sabían de todas las irregularidades y violaciones cometidas a la hora de la designación, de ahí que confían en que los amparos pendientes se resolverán en contra de Zetina González.

La puntilla

El perredista Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que en caso de que los jueces desechen los restantes amparos, cuentan con varios planes y recursos legales para que el auditor a modo, y su suplente, les sea revocado el cargo y elegir a otra persona al frente de la Auditoría Superior del Estado, pues Zetina González no cumplía con los requisitos de Ley para ser nombrado en julio del año pasado.

Por otra parte, y bajo la promesa que los legisladores de la XV Legislatura darán a conocer en los próximos días más información, reveló sin dar muchos detalles que los exdiputados, a principios de julio del año pasado, también a puerta cerrada en un hotel de la zona de playas de Cancún, aprobaron fast track las cuentas públicas del 2015 de los presidentes municipales de extracción priista y verde ecologista.

Cuentas públicas 2015, con irregularidades

Señaló que todo indica que los anteriores legisladores no constataron físicamente si los expresidentes municipales realizaron o no las obras públicas y si corresponde o no a lo invertido en las mismas.

De ser cierto, Ramos Hernández mencionó que se determinará si se procede o no penalmente en contra de los exdiputados al aprobar cuentas públicas con irregularidades, pues su obligación es la revisar los gastos que se hacen con los recursos públicos de la ciudadanía.

Jueces de Distrito blindan a Borge al avalar designación del auditor corrupto Javier Zetina

SE IMPONE AUDITOR FISCAL A LA REMOCIÓN JOAQUINISTA
Por Edgar Olavaria.- Cancún, Q. Roo 13 de Febrero de 2017.- Nada claro con la remoción del titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, pese a la existencia de 10 amparos indirectos contra el procedimiento de designación de Javier Zetina González, primo del ex gobernador Félix González Canto, que formó parte del “blindaje” hacia la administración que encabezó Roberto Borge Angulo.
Hasta el momento, cuatro de diez amparos han resuelto avalar la designación de Zetina González, en uno se acudió a un Juzgado Federal para presentar un recurso de revisión; en tanto, seis aún son objeto de estudio en juzgados de distrito I, IV, V, VI y VII., que permite que el Auditor Superior de Quintana Roo se perfile como virtual vencedor respecto a la permanencia del cargo.
Este mediodía, en conferencia de prensa el diputado local Fernando Zelaya reconoció que las resoluciones no han sido del todo favorables, sin embargo esperan que mediante el informe presentado que no sólo detalla una serie de irregularidades contra el nombramiento sino también contra la temporalidad del encargo, que en un determinado momento pueda resolver en sentido contrario.
En ese sentido, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura señaló que “este informe contiene elementos que, después de una revisión de los jueces, podría llevar a reponer el procedimiento para la designación del Auditor Superior y a través de la información recabada por el Congreso Local los seis amparos pendientes pueden favorecernos”.
Será el próximo jueves que den a conocer parte de la estrategia legal, en función que no desean brindar elementos que un determinado momento puedan desechar amparos y beneficiar jurídicamente a Zetina González.
Entre las inconsistencias destacan las relacionadas con los decretos 419 y 420 concernientes a la designación del auditor, se violó el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior de Quintana Roo, se violentaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la citada ley, no se realizó entrevista a la terna de candidatos.

“Javicho” Zetina, el Auditor que perdonó a desfalcadores

Impedido para solicitar nuevos créditos, debido a la mala calificación financiera de su administración, a finales de 2015 el gobierno de Roberto Borge aprovechó la figura de “ente público autónomo” de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para obtener un crédito de 560 millones de pesos.

El destino de estos recursos hasta ahora se desconoce, aunque existen indicios de que fueron desviados para fines distintos al objetivo de origen. De acuerdo con el avance de las investigaciones que la actual administración lleva a cabo en torno a la aplicación de dicho crédito, existen evidencias de que los recursos fueron entregados por el Banco Interacciones, en una sola exhibición, el 14 de diciembre de 2015 a la cuenta de la CAPA y, al día siguiente, esta los transfirió “ilegalmente” a la cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

En esta acción, tuvieron participación directa los entonces titulares de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, y de la Sefiplan, Juan Pablo de Guillermo Molina, en contra de quienes se presentarán en los próximos días las denuncias correspondientes por haber incurrido en el supuesto delito de desvío de recursos. Para documentar y justificar la transferencia bancaria, los anteriores titulares de la CAPA y la Sefiplan suscribieron “ilegalmente” el “Convenio de Administración de Recursos”, con el cual justificaron el manejo de los recursos por parte del Gobierno del Estado argumentando que como este había sido el aval del crédito, entonces le correspondía administrarlos. Otro hallazgo en las investigaciones es que en la contabilidad de la CAPA no existen registros documentales de que se haya pagado uno solo de los conceptos para los cuales se autorizó el destino de los recursos, con excepción de las comisiones bancarias, constitución de fondos de reserva y honorarios derivados de la contratación del crédito.

Y es que el destino original del crédito fue para inversión pública productiva, en términos del artículo 3º, fracción XIV, de la Ley de Deuda Pública del Estado que contempla: a) Ejecución de obra pública; b) Adquisición o manufactura de bienes; c) Prestación de servicios públicos; d) Operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública.

Fue el 15 de noviembre de 2015 cuando la pasada XIV Legislatura aprobó el decreto 326, mediante el cual autorizó a la CAPA a contratar, con el aval del Gobierno del Estado, un crédito hasta por 560 millones de pesos. Con base en el artículo décimo del decreto, la CAPA estaba obligada a: a) Registrar contablemente los ingresos del crédito; b) Informar a la Sefiplan mensualmente de las disposiciones que vaya ejerciendo del crédito; c) Informar mensualmente a la Sefiplan de los pagos que realice a cuenta del crédito. De las anteriores obligaciones, se desprende que la única facultada para contratar, ejercer y disponer el crédito autorizado era la CAPA. A pesar de estas evidencias, el actual auditor Superior del Estado, Javier Zetina González, exoneró de toda responsabilidad a Guerrero Ortiz y a Guillermo Molina luego de fiscalizar la Cuenta Pública de la CAPA y entregar su informe, sin ninguna observación, a la anterior XIV Legislatura local.

Todo este embrollo administrativo tiene relación con el “paquete de impunidad” impulsado por Roberto Borge antes de concluir su mandato con el claro objetivo de garantizarse, para él y para sus colaboradores, un blindaje judicial a futuro. Pero tras la derrota del PRI por la Gubernatura y ante evidencias de corrupción de su mandato, en los meses de julio y agosto de 2016 Borge apresuró toda una serie de leyes, decretos, nombramientos de jueces y fiscales inamovibles que estuvieran a su servicio una vez fuera de su cargo. Dentro de este “paquete de impunidad” el Congreso local designó el 25 de julio de 2016 a Javier Zetina González, incondicional de Borge, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en un acto solemne cuya sesión tuvo que ser trasladada a un hotel de la Riviera Maya, ante la inconformidad ciudadana que impidió hacerlo en el recinto oficial.

Insólitamente, a un mes de haber asumido el cargo, el nuevo auditor ya había fiscalizado varias cuentas públicas, entre ellas la de la CAPA, que el 23 de agosto de 2016 la Legislatura, de mayoría priista, aprobó al vapor para que no cayeran en manos de los diputados de la entrante XV Legislatura. Según el informe que Zetina González rindió ante la pasada Legislatura, la auditoría practicada a la CAPA tuvo por objeto “verificar la razonabilidad financiera en conjunto y además verificar si los recursos provenientes de financiamientos se aplicaron de acuerdo a las leyes”.

En el capítulo 4º del informe de resultado, el Auditor afirmó que la revisión se hizo con “rigor técnico e independencia de criterio”, por lo que se suponía que la auditoría consistió en la revisión, entre otros puntos, sobre la comprobación y justificación con documentos originales del ingreso y gasto presupuestal de la CAPA.

Asimismo, de manera clara y precisa, indicó que “en la auditoría se incluyó la revisión documental que incluyó en su muestra el 100 por ciento de los recursos que la CAPA recibió por el crédito autorizado en el Decreto 326. Además, el Auditor omitió especificar en su informe ante el Legislativo que en el ejercicio fiscal 2015 la CAPA tuvo ingresos adicionales por 560 millones de pesos, derivados del crédito con Interacciones, así como tampoco especificó que existió una transferencia a la Sefiplan, y aun así el auditor aseguró que hizo una revisión documental de estos recursos.

Finalmente, en el apartado 8 “Dictamen”, concluyó que “los estados financieros de la CAPA presentan de forma razonable su situación financiera, esto de acuerdo a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental aplicados durante el periodo revisado” (Con información de Luces del Siglo)

Borge ya no gruñe, maúlla y evita vetar su blindaje: lo publica en el Diario Oficial del Estado

CHETUMAL, MX.- El gobernador Roberto Borge no ejerció su derecho de veto para dejar sin efecto las recientes reformas que echaron atrás el paquete legislativo de impunidad con el que funcionarios de su gabinete, y él mismo, pretendías blindarse legalmente ante cualquier acción de la justicia, ahora que concluya su mandato.

Las reformas fueron publicadas el miércoles 20 en el Periódico Oficial del Estado y promulgadas por el propio titular del Ejecutivo quien contaba de plazo hasta el martes 19 para vetarlas y dejarlas sin efecto. Con esta publicación entran en vigor las reformas a la Ley de Seguridad Pública y al Código Civil que cancelaron el beneficio a los ex gobernadores para contar con escoltas hasta por 15 años, lo cual ya fue echado atrás.

Asimismo se derogaron las reformas que le quitaron la gravedad a los delitos contra el patrimonio del estado, cuyas penas de cárcel se redujeron con la posibilidad de salir bajo fianza. También se echaron abajo.

El periódico oficial del estado, en su edición número “97 extraordinario”, fechado el 20 de septiembre, publica y pone en vigor las primeras contrarreformas contra el llamado paquete de impunidad para funcionarios de la saliente administración.

En páginas interiores se consigna primeramente el decreto 002 de la XV Legislatura, por el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo. Y el decreto 003 de la misma XV Legislatura por el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

La primera se refiere a devolver al estado en que se encontraban diversos artículos del código penal, donde se consignan las sanciones de cárcel por delitos contra el patrimonio del estado.

Las reformas que prevalecen a través del artículo 54 ordenan que en los delitos culposos se imponga hasta siete años de prisión. La infidelidad de la custodia de los documentos oficiales vuelve a ser un delito que se castiga de nueva cuenta hasta con cinco años de prisión y 50 días de multa.

Se reformó también el artículo 155 que ahora impone penas mayores a cinco años de prisión por administración indebida, equiparándolo con el delito de fraude, y se refieren a quien por cualquier razón tuviera a su cargo la administración o cuidado de bienes ajenos y con ánimo de lucro perjudique al titular de estos.

El artículo 209 también se reformó y ordena prisión de hasta seis años al servidor público que por sí mismo o a través de otra persona cometa este tipo de delitos. De nueva cuenta, el artículo 212 aplica sanciones de seis años de prisión a quien cometa el delito de distracción de recursos públicos, y se refiere al particular que estando obligando legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del estado y municipios los distraiga para usos propios o para una aplicación distinta a la que se asignó.

Lo mismo ocurrió con el artículo 256 que sanciona el delito de peculado el cual con la nueva reforma se regresó a 10 años de cárcel, refiriéndose al servidor público o persona encarga de un servicio público del estado descentralizado municipal que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa que pertenezca al estado, municipio u organismo descentralizado.

Otro artículo reformado es el 252 que ahora señala penas de cárcel de hasta diez años de prisión y 500 días de multa a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que les fueron conferidos, satisfaga indebidamente algún interés propio o de cualquier persona, o incurra en situación de enriquecimiento ilícito, legalmente comprobado.

Y el artículo 259 de nueva cuenta castiga hasta con siete años de prisión al servidor público que por sí mismo o a través de otra persona utilice la violencia física o moral para intimidar a cualquier persona denuncie o aporte información sobre la posible comisión de algún delito. (Fuente: Luces del Siglo)

Pedro Flota defiende a su amo Borge

 

Pedro Flota, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, se acaloró. Pero no fue por el abrasador ambiente, el cual es mitigado por el aire acondicionado de su oficina, el que ocasionó que el priista manoteara y se mostrara incómodo, sino por las preguntas sobre la actuación del Poder Legislativo, así como las perspectivas para él y para su partido en un Quintana Roo que en algunas semanas atravesará una transición política.

Por Pedro Canche y Claudia Luna*.                       Luego de la sesión en el Congreso en la que, entre otras cosas, se derogó el marco legal para el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa estatal –que forma parte de las reformas conocidas como “de blindaje para el gobernador Roberto Borge–, el legislador tricolor concedió una entrevista a Noticias Pedro Canché.

Durante los poco más de 40 minutos que dura la entrevista en video, los cuestionamientos fueron incomodando al legislador, quien aseguró que el Poder Legislativo es soberano y no obedece ni al Ejecutivo estatal ni al federal, así como las perspectivas de renovación que le urgen al PRI de cara al 2018 e, incluso, de su futuro político tras dejar su curul en el Congreso estatal, entre otros temas.

–Acaba de terminar la sesión en donde dieron marcha a tras un poquito al blindaje…– dijo el reportero a manera de introducción para iniciar la entrevista.

–Dimos marcha atrás a una reforma constitucional que fue a su vez objeto de acción de inconstitucionalidad de la PGR. Esta reforma constitucional fue producto de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo del estado, quien ante esa acción de inconstitucionalidad, también promueve la reforma que deroga ésta primera. Eso es lo que se hizo hoy– respondió el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Pedro Flota.

No se dieron cuenta cuando la aprobaron, al grado que molestaron a la Presidencia.

–Yo creo que ese no es el análisis al que debe llegar ningún legislador o algún otro funcionario público en un ámbito republicano, pero el hecho de que si se dan acciones como ésta, de inconstitucionalidad, lo que creo que debe de darse en un ejercicio de responsabilidad es precisamente el evitar conflictos entre instituciones y eso es lo que procuramos hacer.

–¿Cuándo comenzó este blindaje para Borge, un día despertaron y dijeron “vamos a blindarlo”, eso pasó o fue Borge o Félix quienes hicieron este panorama?

–Yo quisiera que me definieras, en principio, cuál es el “blindaje” al que te refieres.

Sus escoltas por 15 años, el fiscal primo de Félix…

–Las escoltas por 15 años es una iniciativa que se envía al Legislativo, se revisa en la Comisión de Seguridad y Justicia y se aprueba por el pleno.

“El auditor superior, que me dices que es primo de Félix, también lo es del gobernador electo, y se da ese nombramiento a partir de la renuncia del anterior auditor y, en el entendido que estamos en el proceso de la integración de las cuentas públicas, que tienen que ser entregadas a más tardar el 5 de septiembre a la legislatura para ser aprobadas o no, no se podía dejar vacante el cargo, esa es la razón por la que en una primera instancia revisamos y aprobamos 32 cuentas públicas que había alcanzado a entregar el anterior auditor, y hoy 10 u 11 más que entregó este nuevo auditor.

“Es decir, de no haberse nombrado, como parece ser el deseo de muchos, simple y sencillamente en el momento en que se nombrara a la XV Legislatura, no habría tenido físicamente tiempo para entregar las cuentas públicas, y por tanto, para revisarlas”.

Flota 2

–Pero su pasado en Sintra lo tiene bien amarrado a Javier Zetina.

–Tendríamos que valorar quién lo dice, porque en la revisión de los perfiles personales de cada quien, nosotros encontramos situaciones mucho más graves en otros personajes, y me refiero específicamente al de su propio hermano, que fue sancionado y corrido de la administración de Yucatán por golpear a su esposa… Sí, a Jaime Zetina González. Entonces nosotros valoramos una serie de perfiles, entre ellos destacados profesionistas, y consideramos a juicio de los integrantes de la Comisión de Hacienda, que cumplía (Javier Zetina); bueno, cumplían muchos, no todos, pero quien mejor cumplía con el criterio de los integrantes de la comisión, era Javier Zetina, y así lo decidimos.

–Y si Presidencia de la República pidiera que reculen, en el caso del auditor, ¿lo harían?

–Este es un poder soberano, y aunque me queda muy claro que vas a utilizar esta argumentación para tratar de amarrar navajas, te voy a decir que nosotros no estamos obedeciendo a un designio de Presidencia de la República, estamos nosotros atendiendo una iniciativa, presentada por el Ejecutivo del estado que pide derogar una iniciativa que él mismo mandó anteriormente.

Pero si no lo hubiera pedido Presidencia no lo quitan…

–Ese es un asunto de la Presidencia y del Ejecutivo. Este es un poder soberano.

Pero ¿cómo es posible que un poder soberano que un día diga “pongan esto” y al otro día diga “quiten esto”, entonces cuál es el poder soberano?

–El poder soberano está en el criterio y en las circunstancias que se dan. Si hay una acción de inconstitucionalidad que antes no existía, esa es una razón suficientemente válida para pensar en sostener las instituciones del estado contra una acción de inconstitucionalidad.

–Pero Presidencia dijo, “oye, están rebasando este punto”…

–Lo que estamos haciendo es evitar la acción de inconstitucionalidad o buscar evitarla. El dirimir o saber si la Suprema Corte considera si hubo o no el exceso o la inconstitucionalidad es otra cosa, que no parecen entender.

–A ver, entonces quién se metió en ese hueco…

–Nadie nos ha metido en ningún hueco. No pongas palabras en mi boca que no he dicho– dijo el diputado priista apuntando con el dedo índice al entrevistador–. Lo que estoy diciendo es que la Procuraduría General de la República (PGR) interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. La Corte no ha dicho si existe esa inconstitucionalidad. Lo que entiendo busca el Ejecutivo, y así lo pensamos y lo valoramos en el Congreso del estado es evitar esta controversia. Es decir, nadie nos ha dicho si la PGR tiene razón o la tiene el Congreso del estado o el Ejecutivo del estado, lo que estamos buscando es advenimiento entre instituciones.

–Tú dices que el Legislativo es autónomo, que Borge les da la iniciativa a ustedes, ¿entonces quién es el que se mete en controversia con la Constitución, ustedes o Borge?

–La acción de inconstitucionalidad, sin ser abogado aunque así la entiendo cuando me la han explicado los abogados del Congreso, se da a partir del criterio de abogados de la PGR que consideran o consideraron que, y así lo dice el texto de la acción de constitucionalidad, que y lo digo casi textual: que una porción de las facultades otorgadas a los magistrados nombrados al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo excedían las facultades que la propia leyes del Sistema Nacional Anticorrupción contemplaban para esta materia, estamos hablando que eran sanciones para servidores públicos.

“Esto nosotros lo argumentamos en su momento y es una de la razones por las que se aprobó en su momento, eso nosotros no teníamos manera de medirlo puesto que no se habían promulgado las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y esa controversia con el fiscal, ¿cómo la van a dirimir?

–Yo no encuentro ninguna controversia, hay con alguna gente, con algunas personas que pertenecen a esta sociedad tribulada quintanarroense cuando hablo con ellas, como es tu caso, pero me queda claro también que hay enfoques e intereses políticos diferentes, no me extraña y no los reprocho, después de todo estamos en una actividad política que se den este tipo de alineamientos y, consecuentemente, también de polémicas, ni hablar, es parte natural de la actividad en la que nos desarrollamos

“Encuentro sí, muy lamentable y lascivo, de esa facultad de polémica, de gusto por controvertir las diferentes cosas, como te sucedió o como nos sucedió también en el Congreso, eso creo que no debe de suceder nunca, porque la discusión de las ideas, en mayor o menor medida, el tratar de detener acciones legislativas, de gobierno, judiciales, es perfectamente válido, deben de ser. No concibo una sociedad unánime, plana, eso ya no existe, si existió en algún momento en nuestra historia”.

–Pero el Congreso es plano, todas las iniciativas de Borge las pasan, ¿qué iniciativas de Borge no has aprobado?

-A ver, parece que traes una fijación con Borge. Tú no me estás diciendo lo que estamos haciendo, estás diciendo tu manera de ver las cosas, yo te lo respeto y por eso estás en esta oficina pero de ninguna manera comparto lo que dices. Pareciera que estás haciendo el papel de fiscal moral y quieres que yo haga el papel del sumiso y de ninguna manera lo acepto. Empecemos por respetarnos– reclama con fastidio el legislador tricolor.

Es que de ninguna manera te he faltado el respeto…

–Sí, con las insinuaciones que haces– reviró Flota.

–A ver, alguna vez hubo que le hayan dicho a Borge, “no, esta ley no sirve”, a ver, dime una ley.

–¿Y por qué de Borge?, porqué no de Peña o de Félix. Mira, dejemos esta línea si la idea es seguir con esta entrevista, no voy a caer en confrontación. Para polarizar tienen que existir dos y no voy a polarizar.

El PRI está en proceso de análisis y de expulsión de Borge, ¿esto les pasaría a ustedes también? Si el PRI está expulsando a Borge, ¿a quién expulsarían primero?

–Eso habría que preguntárselo a los dirigentes del PRI, tanto nacional como estatal.

Si te expulsan a ti, a qué partido irías?

–¿A mí? Según entiendo no me han iniciado ningún procedimiento de expulsión o de reconvención, como además debe de ser en todo lo que tenga que ver acciones legislativas de cualquier diputado. Pero, insisto, en todo caso pregúntale al presidente del Comité Ejecutivo Nacional o al del Comité Ejecutivo Estatal, lo que tenga que suceder tanto con las figuras más altas, en este caso los gobernadores, o con los demás militantes del partido.

–¿Qué siente Pedro Flota haber dirigido un Congreso que estaba supeditado a Borge, al Ejecutivo?

–De ninguna manera acepto esa afirmación. Este Poder Legislativo no ha estado supeditado a  ninguna figura política; ha estado sujeto al análisis, al debate, hemos sacado cosas por unanimidad, como fueron las cuentas públicas y los presupuestos de 2013 y ha habido debates en otros temas. O sea, este no ha sido un Congreso plano, como me quieren obligar a decir, pero finalmente lo que hemos tenido aquí es capacidad de hacer acuerdos y, cuando no se ha tenido capacidad de construir acuerdos, pues entonces hemos aplicado la mayoría, porque finalmente ese es el fin último de un Congreso, es decir, hacer valer la voz de la mayoría. Las minorías tienen su voz, pero a la hora de decidir se tiene que votar y se vota con la mayoría, y lo hemos hecho con diferentes fuerzas políticas– señala el legislador con una leve sonrisa.

“Es decir, todo parece enfocarse al PRI, pero también hemos tenido aliados y no aliados electorales, sino partidistas, de diferentes fuerzas. Entonces yo diría que en este Congreso sí ha habido, esperemos que lo haya en la siguiente Legislatura, capacidad de construcción de acuerdos, pero si no, hacer valer la mayoría”.

Pero es que todo se lo han tirado todo: la Ley de Periodistas, la Ley…

–A ver –interrumpió Flota–. Hemos aprobado más de 300 modificaciones de ley o iniciativas nuevas y porque nos corrigen un término de la Ley de Periodistas, que por cierto te beneficia, es de la temporalidad respecto al ejercicio del periodismo, que naturalmente tú fuiste el mayor beneficiado –menciona entre risa–, pero eso no quiere decir que nos tiran todo. Perdón, pero estás equivocado.

¿De esas 300 leyes, cuántas beneficiaron al pueblo?

–Estoy hablando de 300 leyes o iniciativas nuevas por decirte un número, no tengo el número, pro podemos recopilarlas y te damos el dato.

Sí, pero mencione tres que hayan beneficiado al pueblo.

–Bueno, qué te diré, la creación del municipio de Puerto Morelos, si no me crees, pregúntale a los portomorelenses, no sé, la reforma electoral, si no te parece consúltalo con los partidos políticos o con los candidatos independientes; la Ley de Violencia de Género contra las Mujeres, ahí pudieras consultarle a Cecilia LaValle u otras organizaciones.

–¿Las tres que hayan dañado al pueblo?

–No creo que  ninguna haya dañado al pueblo.

–¿Se puede pagar esa megadeuda? Es un insulto para el pueblo, más de 14 mil pesos por habitante.

–Así como no soy abogado, tampoco soy economista, como tú no lo eres. Los que saben de esto, y por como he visto el funcionamiento del gobierno, pues dicen que sí, que se ha estado pagando. Pero, repito, démosle tiempo a la nueva administración, a los expertos que entren y hagan sus evaluaciones, que revisen, que amplíen plazos o que reduzcan plazos, que finquen responsabilidades o no, o sea, que tomen sus acciones para que tengan una certeza basada en hechos técnicos de lo que se puede o no hacer. El seguir emitiendo juicios de valor a partir de consideraciones personales no nos lleva a nada más que a la confrontación social.

El 5 de junio, el día que perdió Mauricio Góngora, ¿qué sintió ese día?

–Bueno, naturalmente fue un sentimiento inédito, una sensación muy triste. Empezaron inmediatamente las razones y las valoraciones; claro que en esos primeros minutos, incluso en las primeras semanas, esas valoraciones rebotaban más en los sentimientos que en las razones. Con el tiempo se han ido asentando las cosas y ya las evaluaciones  son más claras. No creo que el desmenuzamiento de esos motivos esté acabado, porque todavía priva mucho el achacar culpas y, más todavía, con la transición en curso.

“Creo que el verdadero análisis se va a venir dando todavía en el transcurso de varios meses, pero sí entiendo que esto tendrá que darse a partir de la serenidad y entonces la verdadera evaluación será posterior. En este momento, lo que al partido le corresponde es esa renovación y reagrupamiento que, ese sí, debe darse a la brevedad posible.

Perspectivas personales y estrés

 Para el diputado priista Pedro Flota, la derrota de las elecciones del 5 de julio, en la que su partido perdió la gubernatura de Quintana Roo, fue una dura lección.

Además, ya con la transición y el paso a una nueva legislatura –la XV–, el legislador consideró su futuro político, el cual –dijo– se desarrollará tras las trincheras y no al frente, en las dirigencias.

–¿Por qué pierde el PRI la gubernatura del estado?

–Pudiera ser por muchas razones. En principios, desde luego, hubo una escisión que se dio al interior del partido, que muchos tratamos de minimizar pero que en los hechos demostró que fue decisiva; las luchas internas entre los grupos, la simulación de muchos, puedes atribuirle muchos factores que quieras.

“En el caso específico de Chetumal, eso hay que decirlo y subrayarlo como un primer paso para corregir, se dio un voto de rechazo fuerte, creo, a la situación general que vivimos en Chetumal desde hace años: falta atención en infraestructura vial de la ciudad, falta de oportunidades económicas, falta de empleo desde luego la famosa reingeniería administrativa, en fin, múltiples factores, pero esos son los que explican el resultado electoral, eso no tiene que ver con la calidad moral de la gente”.

Vemos a tres presidentes municipales que dejan una deuda millonaria como Solidaridad, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto…pregunta la reportera que filma el video.

–¿Felipe Carrillo Puerto?- cuestiona el legislador.

Sí, tiene una deuda millonaria con Gabriel Carballo, ¿cómo ve al PRI para el 2018?- revira la entrevistadora.

–Veo a nuestro partido recomponiéndose. A nivel nacional ya se ha dado un paso muy importante, el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional está dando líneas determinantes para el futuro y la conducta de la estructura de nuestro partido, falta lo local, es decir en Quintana Roo. He estado escuchando los comentarios del presidente del Comité Estatal, es decir, de Raymundo King, en el sentido de que es inminente la renovación del partido.

“Aquí he comentado con el mismo Raymundo el hecho de que no es solamente la renovación de la dirigencia, de cambiar por un cambio de nombres y figuras, sino cambiar no solamente al Comité Ejecutivo Estatal o su presidencia, sino tiene que ver con sectores, con organizaciones con la misma estructura orgánica par que verdaderamente se dé un recambio generacional, sin hacer a un lado a las generaciones que, de alguna forma hemos formado parte de nuestro partido y que seguimos siendo parte de él, pero comprender que este partido de futuro debe de tener nuevas generaciones.

“Pero estas son consideraciones personales, en la mañana me preguntaban qué sigue para mí, pues la lucha en la trinchera; yo ya fui presidente del partidos, dirigente de muchas cosas y creo que estaría ocupando espacios innecesariamente al aspirar a regresar a un nivel de dirigencia, porque creo que esos espacios deben de ser ocupados por gente más joven, pero no por edad, sino porque traen otro esquema de formación tanto mental como político.

“En consecuencia, lo que nos queda a nosotros, desde la trinchera del soldado, ayudar, trabajar, empujar, formar filas, no dirigencias”.

–Está muy estresado, diputado.

–No, no estoy estresado, vengo sí, quizá un poco prejuiciado.

–¿Por qué?

–Por los antecedentes tuyos y quizá eso me pone a la defensiva, pero trato de ser respetuoso.

–¿Cuáles son mis antecedentes?, cuestionó el reportero, cuando la reportera que estaba grabando salvó al diputado de contestar: ¿Habla de gente que hay en cargos de su partido…

–Bueno, es lo que espero, yo te hablé de una hipótesis personal, es lo que yo espero, yo quisiera ver a mi partido en el futuro. Pero también dije que eso no significa que se prescinde, se haga a un lado o simplemente ya no se volteé a ver a los que, de alguna forma, formamos parte de esas generaciones anteriores y que queremos seguir formando parte del partido. Es decir, sí tienen que ser formas nuevas, rostros nuevos, pero no nada más ellos, porque detrás de ellos hay 185 mil votos en la pasada elección.

–Hablo de Raymundo King, que vuelve a ser diputado plurinominal y que busca la Gran Comisión, ¿qué opina de que hay muchos jóvenes valiosos en el partido pero otra vez quedan los mismos? insiste la reportera.

–A ver, Raymundo King tiene 35 años o 36,

–Pero ya ha sido plurinominal, ya ha estado en cargos, ¿cómo darle oportunidad a gente tan valiosa, como la que tuvo usted en su momento- revira ante la risa del legislador.

–Bueno, sí, claro, también te tengo que decir que yo también la tuve después de picar mucha piedra. A lo que me refiero es que tiene que darse un entreveramiento. Si tú esperas, en esta función periodística que te veo realizar, dirigir un periódico de circulación estatal en este momento, estoy seguro de que no vas a poder conseguir, en este momento, pero sí estoy seguro de que lo vas a poder lograr, si esa es tu aspiración. Estoy hablando hipotéticamente.

“Es el mismo caso en términos políticos, tiene que haber un entreveramiento, no podrán ser todos nuevos. Escuchaba el otro día a la maestra Sara Ester Muza Simón que decía ‘los viejitos también contamos’. Comparto totalmente con ella, no sólo en el tema de la edad, sino del deseo de la participación”.

Sin miedo

Ahora que va a entrar una administración diferente, ¿usted se siente un cadáver político?

–No, no me siento un cadáver político…

Con eso de las megadeudas…

–No siento haber aprobado megadeudas, vuelves a la provocación. Esos son tus criterios. Nosotros actuamos con absolutos números. El mismo gobernador ha dicho que actuará si encuentra elementos, démosle tiempo, no sólo a él, sino a su equipo de auditores, de abogados y yo lo he dicho abiertamente: el que deba, que pague. Aquí el tema son los juicios a prior, las concepciones personales, eso es lo que no se vale porque a partir de ahí se polariza.

“Yendo a la otra parte de tu pregunta, no me considero un cadáver político porque, para empezar, tendría que estar muerto y eso desde luego no lo quiero yo”.

–Hablando políticamente.

–Ni metafóricamente, y digo que ni metafóricamente porque  la actividad política para mí y para los que me conocen desde muy joven, saben que es una vocación de vida, pero en mi caso sí es en serio, no es un asunto de improvisación. Bueno, pero elogio en boca propia es vituperio y ahí está mi historia personal y los que me conocen o el que quiera conocerme.

“Sí, la actividad política para mí continúa, pero ya te he dicho que al menos no, o no pronto, en los papeles del estrellato o en las dirigencias, pero eso no significa que se cancela la actividad política. La participación se da, por lo menos en mi partido, desde cualquier punto, yo dije el día en que entregué la dirigencia estatal del PRI: ‘en este momento me regreso a la trinchera’, y ahí estoy. La vida me ha dado oportunidades de continuar en posiciones de privilegio, qué bueno, pero cuando no las tenga sencillamente estaré en mi trinchera y sigo participando en política. ¡Ah!, que ya no me verán en los presidios ¡ah!, bueno, porque viene otra gente”.

–A qué le teme Pedro Flota, al juicio de  la ley o del pueblo?

–A ninguno de los dos– contestó el legislador tricolor con suficiencia–. Yo siento que en el término estrictamente jurídico hemos realizado nuestro trabajo con la mayor responsabilidad. Ahí están los documentos.

–Tú puedes llegar a tu casa, ver a tus hijos…

–Pero no sólo a mis hijos. En primera instancia a mi familia, pero también salir a la calle, como lo he estado haciendo, y encontrarme en la calle, en el cine, en donde sea, a amigos y gente, que quizá no me conoce, antes en Chetumal nos conocíamos todos, ahora ya no tanto, ha crecido Chetumal, lo cual es por un lado bueno, en lo económico, quizá no tanto en lo social, ahí vamos, en la calle y en los sitios de reunión me saludan con afecto. Yo no me voy de Chetumal, aquí viven y estudian mis hijos y espero aquí terminar.

“Pero volviendo a lo jurídico, todos y cada uno de los actos que hemos realizado en esta legislatura, y además los que he realizado en diferentes cargos en los que he estado, están perfectamente soportados en lo jurídico. Y no nos debemos de preocupar, porque no sólo los diputados no podemos ser reconvenidos en los actos cuando estemos en función, sino porque además, en el peor de los casos, y de habernos equivocado, lo hemos hecho de buena fe. No hemos hecho nada para lesionar a nadie en lo particular, eso es un hecho jurídico.

“Y respecto al juicio del pueblo, eso sí me atengo a él, porque entre él vivo, soy parte del mismo. Y en las diatribas y descalificaciones de unos cuántos no son de ninguna manera motivo para avergonzarme, ni a mí ni a mi familia; yo creo que hay muchos más, muchos más, que de alguna forma valoran, no sólo el momento actual que me ha tocado vivir, sino además todo el trabajo que he desarrollado durante más de 30 años en esta actividad y que esperemos que sean más”.

 

El miedo no anda en Borge: ordena el gobernador quitarse un poco de blindaje

El miedo no anda en Borge: ordena el gobernador quitarse un poco de blindaje

Tras la disculpa del presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la “Casa Blanca”, el gobernador Roberto Borge pretende aplicar la del “disculpe usted” y enmendar sus actos al enviar al Congreso de Quintana Roo una iniciativa para dar marcha atrás a los nombramientos de los magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa.

A través de un comunicado, el Legislativo dio a conocer que el próximo martes dará inicio el cuarto periodo extraordinario de sesiones, en donde se reformarán y derogarán diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución local. Todas estas disposiciones contienen su “blindaje”.

MEME BORGE

Dar marcha atrás en estos nombramientos significa sólo una parte del enorme blindaje que Borge Angulo instruyó de cara a su salida de la gubernatura y ante la posibilidad de ir a la cárcel debido a la situación financiera del estado. Todavía queda pendiente remover al encargado de la Auditoría Superior del Estado y al fiscal.

Como dice el abogado Raúl Ojeda, quien está recabando firmas en Chetumal para exigir al Senado la desaparición de poderes en Quintana Roo, Borge y el Congreso pretenden lavarse las manos y pasar frente los ciudadanos como demócratas, cuando lo que en realidad es un “usted disculpe”, mientras siguen sus incondicionales, Arturo Álvarez Escalera y Javier Zetina González, se mantienen para ser nombrados como fiscal y auditor, respectivamente.

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Por su parte, el diputado local Pedro Flota evitó comentar sobre esta propuesta de Roberto Borge con el pretexto de que está de viaje y no ha podido leer la iniciativa, será interesante escuchar que tiene que decir uno de los principales promotores del blindaje al gobernador.

Finalmente, parece que todo se arregla con disculpas, pero con esto no devolverán a los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni los muertos de Nochixtlán, tampoco regresará el dinero robado a Quintana Roo o el tiempo perdido en la cárcel a quienes se les fabricó un expediente. Las disculpas no bastan, necesitamos investigaciones serias que lleven a los responsables de estos delitos a la cárcel.

Borge queda sin “blindaje” pero, ahora, ciudadanos de QRoo piden firmas para desaparecer poderes

Borge queda sin “blindaje” pero, ahora, ciudadanos de QRoo piden firmas para desaparecer poderes

Abogados de Quintana Roo se movilizaron para recolectar firmas en contra del paquete de impunidad impulsado por el Gobernador Roberto Borge Angulo y aprobado por el Congreso estatal. Y ayer, el mandatario dio a conocer que “está en disposición de promover la abrogación o derogación de los puntos que generaron la acción de inconstitucionalidad, procediendo a la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativo y a promover la renuncia de los magistrados nominados” tras una reunión que sostuvo con la Procuradora Arely Gómez González, para tratar la inconstitucionalidad que fue promovida por el Gobierno federal.

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El Gobernador Roberto Borge Angulo, esperará el fallo de la SCJN antes de echar para atrás leyes que lo “blinden” de ser investigado. Foto: Cuartoscuro
El Gobernador Roberto Borge Angulo, esperará el fallo de la SCJN antes de echar para atrás leyes que lo “blinden” de ser investigado. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Ante la presión de ciudadanos y del Gobierno federal, finalmente el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, cedió y se dijo dispuesto a echar atrás los nombramientos en materia de transparencia y combate a la corrupción, que han sido calificados como una especie de blindaje transexenal.

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“El Gobierno de Quintana Roo está en disposición de promover la abrogación o derogación de los puntos que generaron la acción de inconstitucionalidad, procediendo a la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativo y a promover la renuncia de los magistrados nominados”, dijo Borge en la reunión que sostuvo ayer con la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, de acuerdo con un comunicado.

El mandatario priista acudió a las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México para la controversia constitucional sobre la creación del Tribunal.

Sin embargo, ya una propuesta de desaparición de poderes en el estado para asestar un golpe a la corrupción es impulsada por abogados agremiados que buscan el apoyo de la ciudadanía.
Desde el 5 de julio, un análisis jurídico de la Barra de Abogados de la Riviera Maya encontró inconstitucional las leyes que permitieron a Borge Angulo nombrar puestos clave como lo son los titulares de la Auditoría Superior del estado, la Fiscalía General del estado y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

 

“Nosotros consideramos que estas reformas que hizo el Congreso local se contrapone con la Constitución federal, porque ellos legislaron para estar acorde a las nuevas leyes anticorrupción, pero como todos sabemos, estás no han sido publicadas. ”, dijo el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra.
Más de mil firmas habían sido recolectadas para esta tarde a favor de la desaparición de poderes en Quintana Roo. Foto: Especial
Más de mil firmas habían sido recolectadas para esta tarde a favor de la desaparición de poderes en Quintana Roo. Foto: Especial

A través de cuatro módulos de recolección en las ciudades de Chetumal, Cancún, Playa Ventura y de firmas los abogados pretenden que se desparezcan los poderes en el estado: “Me informa el abogado Raúl Ojeda que nos está apoyando que hasta el momento llevan más de mil firmas sólo en Chetumal”, dijo Cruz. La junta de firmas que inició ayer estará realizándose hasta el 20 de julio.

Después de que el Presidente Enrique Peña Nieto ordenase a la Procuraduría General de la República (PGR) a solicitar la inconstitucionalidad de este paquete legislativo, algunos se preguntan qué pasará si estas no proceden a cabalidad.

“Yo creo que es probable que se puedan remover muchas de estas iniciativas, pero habría que ver. Hay que recordar que la ley no se puede ver modificada. O ninguna puede ser retroactiva en perjuicio de nadie. Ese es el problema. Por ejemplo, en el caso de los escoltas por 15 años[que gozará el Gobernador, por modificaciones al a Ley de Seguridad Púbica] es una aberración”, dijo Jorge Aguilar Osorio, Diputado independiente con licencia.

Asimismo, barras independientes están pretendiendo en un plazo no mayor a cinco días presentar amparos colectivos en contra de las reformas, que fueron aprobadas en reuniones privadas realizadas en hoteles.

 
“Tengo entendido que se van a presentar uno por cada acto que se realizó el Congreso, es decir uno en contra del Fiscal General, otro contra el Auditor y uno contra los Magistrados”, dijo Cruz.

RED DE PROTECCIÓN
El Gobernador Roberto Borge Angulo gozará de 15 años la protección de escoltas pagados por el estado. Foto: Cuartoscuro
El Gobernador Roberto Borge Angulo gozará de 15 años la protección de escoltas pagados por el estado. Foto: Cuartoscuro

Borge Angulo impulsó la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.

“La realidad es que efectivamente ellos nombraron un titular de la Auditoría Superior del estado por siete años, una persona que ha estado constantemente en problemas de corrupción”, dijo Aguilar.

Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia, en el que se dejó al frente a Carlos Arturo Álvarez Escalera, al cual se le pretende dejar nueve años en su puesto; así como a tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Uno de ellos, Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC).

En este contexto, en una conferencia de prensa a principios de mes, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés criticó que “este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país”.
También el Congreso estatal estaría ocultando las maniobras de Borge, recordó el Diputado independiente Jorge Aguilar.

“Dentro del Congreso se nombraron algunas direcciones, como una de Concertación Legislativa, para dejar unos amigos y compadres del Gobernador. Nos parece una actitud fuera de lugar. Hay una persona, Emilio Villanueva, a la que la han creado una dirección creada solo para él. Un congreso que sea de paso tiene 600 empleados y funcionaría a la perfección con 250”, detalló.

Pese a la intención del Presidente Enrique Peña Nieto de echar abajo estas leyes aprobadas, el Gobernador de Quintana Roo se manifestó desafiante en un principio y dijo que esperaría que la corte diera la última palabra.

En su cuenta de Twitter, Borge expuso tras anunciarse la impugnación de la PGR a sus leyes: “Somos respetuosos del recurso promovido por la PGR y acataremos cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En un intento por minimizar las modificaciones que deberán arreglarse y no todo el paquete de leyes aprobadas, el Gobernador priísta expuso: “El recurso de inconstitucionalidad presentado por la @PGR_mx se encamina a atender temas muy concretos, tal como lo afirmó el Subprocurador”.

Ayer reculó.

GOBIERNO CONTRA LA GENTE

Un grupo de ciudadanos protestaron en la explanada del ayuntamiento de Cancún para pedir firmas contra la llamada “ley Borge”. Foto: Cuartoscuro
Un grupo de ciudadanos protestaron el primero de julio en la explanada del ayuntamiento de Cancún para pedir firmas contra la llamada “ley Borge”. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Roberto Borge estuvo caracterizado por los desalojos, y los partidos de oposición apuntalaron que esa fue una de las razones por las cuales el Partido Revolucionario Institucional perdió las recientes elecciones. En mayo, alrededor de 30 familias del municipio de Bacalar acusaron a Borge de quitarles diversos predios en el boulevard de la localidad.

Los afectados expusieron que Borge Angulo, a través del Instituto de Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), pretendió invalidar la constancias de ocupación y ejidales concedidas por las autoridades ediles, con el fin de entregarlas a manos de desarrolladores inmobiliarios.

“Borge no sólo se metió con sus adversarios políticos, sino con la ciudadanía, despojos a los empresarios, falta de transparencia en los recurso públicos, muy constantes violaciones a derechos humanos, encarcelamientos a periodistas”, dijo Aguilar.

La noche del 23 de junio diversas protestas ciudadanas se llevaron a cabo en el municipio de Benito Juárez. Un día después de que los diputados locales, en su mayoría suplentes, aprobaron el paquete de leyes que blindarían a Borge, decenas de personas se dieron cita a protestar en el ayuntamiento de la localidad. Ahora mediante las firmas, los abogados pretenden que la desaparición de poderes concrete el hartazgo ciudadano.

PODRÍAN QUEDAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO, EL AUDITOR Y EL FISCAL CÓMPLICES DE BORGE

PODRÍAN QUEDAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO, EL AUDITOR Y EL FISCAL
Cortesia Sin embargo*
CHETUMAL, Q. Roo.- El nombramiento del Magistrado, el Auditor Superior del Estado y el Fiscal podrían quedar sin efecto con la acción interpuesta por la Procuraduría General de la Republica (PGR), respecto a la Ley Borge.
Rafael Anguas Puc, presidente del Colegio de Abogados y Jueces en el Estado señaló que el panorama jurídico de Quintana Roo es desalentador, puesto que los Legisladores no son profesionales en leyes y tampoco toman en cuenta la opinión de los profesionistas en la materia para realizar modificaciones a las mismas.
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“Es todavía más desalentador porque nuestros legisladores no acuden a los Colegios, cuya función es ver que todo este conforme a derecho, y no para cumplir cuestiones personales, privadas de grupos o partidos políticos en el poder. Cualquier modificación debe ser sometida a revisión y escrutinio de abogados para hacer un análisis y modificar leyes que carecen de toda constitucionalidad, como ocurre actualmente”.
Agregó que las últimas reformas planteadas solo se responden a intereses personales, políticos o de grupos afirmo el Presidente del colegio de abogados y jueces de Quintana Roo.
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‘No es facultad del Congreso’
“No es facultad del Congreso emitir esas leyes, porque existe una Ley General Anticorrupción, que no les permite dicha opción, y por lo que hemos checado sí existe cierta inconstitucionalidad al respecto de las leyes creadas”.
Anguas Puc, confió en que la acción interpuesta por la PGR proceda y se tenga que echar reversa a la mayoría de las acciones que se han tomado, tal y como lo hizo, el lunes,  Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que dio marcha a tras ante la Fiscalía Anticorrupción que había creado.
Las leyes deben beneficiar a la sociedad
“Quedan sin efecto algunos, como son el auditor, los magistrados, y las demás instancias o autoridades que fueron nombradas. Por lo general todas las leyes van armadas van en contra de la Constitución”.
Javier Zetinae Gonzalez
Expresó que la historia muestra que toda Ley o modificación a la Ley y que va en contra de la sociedad, y que genera protestas, como las ocurridas aquí, terminan siendo revocadas, porque las vLeyes deben beneficiar a la sociedad en general y no solo a un grupo o partido político. Blanca Esther Buenfil Vanegas.

¿Cual es el manual de Borge para blindarse?

LA ‘GUÍA BORGE’ PARA EVITAR INVESTIGACIONES SOBRE CORRUPCIÓN EN QUINTANA ROO

El gobernador realizó movimientos para poner a personas cercanas en áreas relacionadas con la administración de justicia para los próximos años, pese a que su mandato concluye el 25 de septiembre.
Protestas por la aprobación del Congreso de Quintana Roo de una serie de leyes y reformas para blindar al gobernador Roberto Borge.
El paquete de impunidad
Designaciones, reformas y modificaciones institucionales. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ha impulsado cambios que especialistas y la oposición interpretan como medidas para blindarse. (Foto especial)
Las medidas en materia de corrupción conocidas como “paquete de impunidad” para blindar de posibles investigaciones al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, empezó a maquinarse después de la derrota del PRI en las elecciones del 5 de junio.

Cuando los resultados confirmaron que el opositor Carlos Joaquín González sería el sucesor, el aún mandatario tomó medidas urgentes, pues durante la campaña el hoy gobernador electo criticó que el “grupo muy reducido de gente en el poder” realizaba “negocios ilícitos” y se quedaba el dinero del estado.

Dentro del Ejecutivo estatal, y en la agenda del Congreso, comenzó a darse una serie de movimientos que implican la permanencia de personas vinculadas con Borge en áreas relacionadas con el combate a la corrupción y la administración de justicia, y que especialistas y opositores consideran que tienen como objetivo evitar la fiscalización profunda de los recursos públicos ejercidos durante el sexenio del priista. Estas designaciones trascienden el periodo de este gobierno, que concluye el 25 de septiembre.

A continuación te presentamos algunas de las reformas y otros cambios administrativos que han apuntado hacia estas sospechas:

1. Que alguien de confianza le revise sus cuentas

El 14 de junio, Emiliano Novelo renunció como titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), pese a que le faltaban dos años para concluir el cargo para el que fue ratificado en 2010 por el entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz.

Días después, su lugar fue ocupado por Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto, cuyo nombramiento fue aprobado a puerta cerrada por el Congreso local, en un hotel de la zona turística de Cancún.

Diputados locales del PAN y del PRD avisaron sobre la sesión realizada de última hora en el periodo extraordinario, lo que el 21 de junio suscitó manifestaciones frente a la sede del Congreso por parte de ciudadanos, quienes expresaron su oposición a esta medida, por considerarla un ‘blindaje’ para el mandatario. Las manifestaciones consiguieron reventar la sesión, y aplazar los trabajos de los legisladores.

Incluso, el gobernador electo, Carlos Joaquín, emitió un mensaje en el que pedía a los diputados locales “no traicionar el honor de representar a la sociedad, nombrando a cómplices de la corrupción en cargos públicos”.

En su momento, el diputado electo por el PRD, Emiliano Ramos, explicó que el periodo en funciones de los nuevos cargos superaría el sexenio del nuevo gobernador, y que de esta manera Borge garantizaría que sus cuentas públicas fueran “maquilladas”.

2. ‘Palanca’ en el Poder Judicial

Borge propuso la designación de tres magistrados para el Tribunal Superior de Justicia con un cargo de hasta 12 años.

De este modo, el Congreso eligió el 24 de junio al exdirector del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), Carlos Lima Carvajal; Felipe de Jesús Magaña Solís, exconsejero de la Judicatura; y Ángel Ysidro Quintal, exdirector de la Escuela Judicial, éstos últimos como numerario y supernumerario, respectivamente.

Lee: Los piratas de Borge: El saqueo de bienes, institucionalizado en Quintana Roo

3. Colaboradores firmes

Otra de las propuestas del gobernador fue crear una fiscalía cuyo titular fuera inamovible por un periodo de nueve años, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).

Como fiscal, fue ratificado Carlos Arturo Álvarez Escalera, exprocurador y que durante su desempeño en la PGJE recibió una recomendación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo por un caso de presunta tortura.

Lee: ‘Modus operandi’: Así opera la red ‘oficial’ de despojos de #LosPiratasDeBorge

Leopoldo Cruz, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C., consideró que estas designaciones son inconstitucionales y violan los derechos de los ciudadanos.

“El llamado paquete de impunidad del gobernador Roberto Borge, al poner a personas que trabajaron para su mando, como es el caso del fiscal y del auditor, obviamente no cumplen con los requisitos de imparcialidad y profesionalismo que pide la Ley Anticorrupción”, dijo a Expansión.

“El Ejecutivo simplemente señala a las personas que fueron designadas, incluso ya protestaron en el cargo, sin tomar en cuenta a muchos ciudadanos que cumplen con los requisitos”, agregó el representante de la asociación que impulsa una solicitud para que el Senado declare la desaparición de poderes en Quintana Roo.

4. “Caja ¿chica?”

En un segundo paquete de iniciativas, Borge solicitó reestructurar y contratar nuevos créditos por 1,030 millones de pesos para el municipio de Solidaridad —el más endeudado en materia per cápita del país durante 2015, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF)—, que previo a la elección era presidido por el excandidato del PRI a gobernador, Mauricio Góngora.

Los diputados electos del PAN y PRD, Mayuli Martínez y Emiliano Ramos, respectivamente, acusaron que este municipio fue usado como “caja chica” del gobernador para las elecciones federales de 2012 y 2015, así como para los comicios locales de 2013 y 2016.

5. Magistrados administrativos cercanos

Otro planteamiento del aún gobernador a la Diputación Permanente fue la elección por un periodo de siete años de tres magistrados del nuevo Tribunal Administrativo, que dirimirá controversias en las que estén involucrados servidores públicos.

Se trata de Minerva Maribel Moreno Cruz, exsubsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Quintana Roo; César Cervera Paniagua, esposo de la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión de la Décimo Cuarta Legislatura, y Jorge Herrera Aguilar, exdirector jurídico del Congreso local e integrante del Patronato de la Universidad de Quintana Roo, aprobados por el Legislativo el 6 de julio.

Asimismo, fue elegido Emilio Villanueva Chan, exsecretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, como titular de la recientemente creada Dirección de Concertación Legislativa.

6. Cuentas ‘palomeadas’

Los diputados locales aprobaron las cuentas públicas del Ejecutivo estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2015, igual que las de otros 31 entes fiscalizables, sin realizar observaciones.

Una vez más, el gobernador electo, Carlos Joaquín, lamentó que no se haya podido “analizar si el dinero del pueblo fue utilizado con apego a la ley y la ética”.

7. Cuidarse las espaldas

El Congreso local también aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública para que Borge conserve sus escoltas, lo mismo que sus hijas y su esposa, por un “tiempo irrevocable de 15 años”.

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LOS SEÑALAMIENTOS

El gobernador priista tiene diversos señalamientos en su contra por presuntos desvíos de recursos.

Entre los que la oposición ha destacado, están el Hospital General de Cancún, el cual lleva siete años en construcción; un Auditorio para espectáculos denominado “Del Bienestar”, que costó casi el triple que uno similar en Nayarit, además de gastos excesivos en viajes privados por avión.

Además, Quintana Roo mantiene una deuda superior a los 22,000 millones de pesos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó que se trabaja en el análisis de información financiera del estado por presuntas irregularidades en el uso de recursos federales.

Aunque por el momento no se conocen públicamente denuncias, diputados federales como la perredista Ivanova Pool han solicitado a la PGR ejercer acción penal contra Borge, por desvíos de recursos públicos federales superiores a los 16,700 millones de pesos, que no se han podido comprobar.

Expansión, en alianza con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó la semana pasada una investigación que muestra que empresas y particulares han sido despojados de bienes inmobiliarios por una red que involucra a funcionarios públicos cercanos a Borge.

Con información de Ariadna Ortega

A Borge no lo salva ni su madre: Dice CARLOS JOAQUÍN

CON O SIN ‘BLINDAJE’, SE INVESTIGARÁ AL GOBIERNO DE BORGE: CARLOS JOAQUÍN

El gobernador electo de Quintana Roo se compromete a revisar las acciones de funcionarios estatales señalados de presuntos casos de corrupción y endeudamiento público.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, acompañó al gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, durante un pronunciamiento contra la impunidad.
Respaldo blanquiazul
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, acompañó al gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, durante un pronunciamiento contra la impunidad.
(Foto: Equipo de Carlos Joaquín/Cortesía)
Por: ISELA SERRANO

El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se comprometió a investigar con o sin ‘blindaje’, la gestión del actual mandatario Roberto Borge, así como las acciones de funcionarios estatales señalados de presuntos casos de corrupción y endeudamiento público.

“Con blindaje o sin blindaje, vamos a revisar lo que ha hecho la administración (de Borge) y el endeudamiento, y vamos a aplicar la ley. Quien sea culpable deberá pagar por ello, no es una situación de venganza sino de justicia”, señaló este martes en conferencia de prensa.

“Habrá que trabajar en las diversas instituciones que tienen que ver con la atracción de estas inversiones como son el Registro Público de la Propiedad y la certeza que tiene que haber en la compraventa de esas tierras.

“Deben tener la certeza completa de la propiedad de esas tierras porque hoy ocurren cosas como estas que vienen a darle al traste a toda la promoción que hacemos en nuestro estado para seguir creciendo”, dijo al ser cuestionado sobre la investigación Los piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo, elaborada por Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Joaquín agregó que devolver la certeza jurídica a la inversión nacional e internacional, también será fundamental durante su administración, para evitar que se repitan casos de despojos, e incluso destacó que así lo están demandando gobiernos extranjeros ante la situación en la localidad.

“Devolver la certeza jurídica a Quintana Roo es fundamental. La inversión turística es prioritaria para la generación de empleo y para generar ingresos es fundamental la inversión.

“Habrá que trabajar en las diversas instituciones que tienen que ver con la atracción de estas inversiones como son el Registro Público de la Propiedad y la certeza que tiene que haber en la compraventa de esas tierras”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, calificó como “contundente” el mensaje político y jurídico de la presidencia de la República, al interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación de los congresos para avalar el denominado “paquete de impunidad” de los estados de Veracruz y Quintana Roo.