Gobernadores

Gobernadores con mayor aprobación en México según datos de Massive Caller

(Radio formula) Massive Caller, empresa dedicada a estudiar la opinión pública realizó una investigación este mayo 2020, sobre los gobernadores com mayor aprobación en México.

El primer puesto lo ocupa la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, con un 68.4% de aprobación.

Seguida del segundo mejor evaluado el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con 68.1%.

Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, va en tercer puesto con 60.7% en la tabla de gobernadores con mayor aprobación.

El cuarto y quinto lugar lo ocupan Diego Sinhue Rodríguez y Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernadores de Guanajuato y Coahuila, respectivamente.

Asimismo, de la sexta a la décima posición se encuentran los gobernadores de Quintana Roo, Querétaro, Nuevo León, Baja California y Guerrero.

Se posicionan en primeros lugares Gobernadores del PAN en encuesta de honestidad

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) publicó una encuesta realizada en tres rubros por Caudae Estrategias, en la que seis de sus integrantes aparecen en los primeros 15 sitios del ranking, entre ellos los mandatarios estatales de Quintana Roo y Yucatán, Carlos Joaquín González Mauricio Vila Dosal, respectivamente.

Caudae Estrategias desarrolló el sondeo entre 12,320 personas mayores de 18 años de las 32 entidades de México, con un margen de error de +/- 5.6 por ciento.

En Honestidad, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, del PAN, encabeza la lista con 59.5 por ciento; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaun Pardo, de Morena, aparece en segundo puesto con 58.9 por ciento, y en tercer lugar, con 56.3 por ciento, aparece el panista Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán.

Carlos Joaquín González alcanzó el lugar 13 con 47.1 por ciento de aprobación. Por su lado, Miguel Aysa González, Gobernador de Campeche, emanado del PRI, llegó al número 19 con 40.4 por ciento.

En Capacidad, tres panistas lideran la lista: Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, se ubicó en el primer lugar con 59.9 por ciento; le siguen el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, con 57.6 por ciento, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, con 56.5 por ciento.

Carlos Joaquín González se situó en el puesto 13 con 42.7 por ciento. En tanto, el campechano Miguel Aysa González se colocó en el peldaño 19 con 34.8 por ciento.

En Integridad, el panista Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, alcanzó el primer lugar con 61.3 por ciento; en segundo sitio se ubicó el priísta Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, con 50.6 por ciento, y en tercer puesto el panista Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, con 49.4 por ciento.

Carlos Joaquín González aparece en el número 11 con 40.8 por ciento, y Miguel Aysa González, de Campeche, en el 18 con 35.1 por ciento. (Noticaribe)

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Participa el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín en Foro Forbes de Negocios

*El gobernador de Quintana Roo participó en el Foro Forbes de Negocios en el tema “Gobernadores, el otro poder”

*Es necesario convocar a una convención hacendaria para que los estados aporten su visión sobre el tema, expresó Carlos Joaquín

Ciudad de México.- Durante su participación en el Foro Forbes de Negocios, el gobernador Carlos Joaquín se pronunció por la necesidad de buscar un nuevo esquema de coordinación fiscal más equitativo para los estados, para atender las necesidades de la gente, las que viven en ciudades que crecen a un ritmo acelerado como los de Quintana Roo.

Este planteamiento también fue hecho y respaldado por el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quién participó con Carlos Joaquín en la exposición con el tema central: Gobernadores, el otro poder.

Al término de su participación, Carlos Joaquín declaró que se hace necesario convocar a una convención hacendaria en la que los estados puedan aportar su visión del tema, como se han pronunciado al igual que los gobernadores que conforman el Grupo de Acción Nacional.

Al participar este lunes en el Foro Forbes de Negocios, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín destacó que, en el primer semestre del presente año, el estado captó 309 millones de dólares en inversiones extranjeras y en los últimos tres años rebasan los seis mil millones de dólares, manteniendo su atractivo con grandes proyectos de inversión ligados al sector turístico y al desarrollo de infraestructura, en los que el cuidado al medio ambiente y el entorno ha sido una constante.

En este sentido, Carlos Joaquín destacó que los principales retos son mantener la imagen, el prestigio y las marcas que caracterizan a Quintana Roo, generando oportunidades laborales para la gente y cuidando el entorno social.

“Los quintanarroenses estamos comprometidos a buscar la diversificación de las inversiones en el estado llevando proyectos hacia el centro y sur de la entidad”, afirmó el mandatario.

Por otra parte, el gobernador de Quintana Roo destacó el gran esfuerzo que se ha realizado, de la mano del sector turístico, para mantener la promoción y participación de la entidad en ferias internacionales, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, logrando -con recursos propios- sostener la promoción de Cancún, Cozumel, la Riviera Maya, Holbox, Bacalar y Mahahual como principales marcas y patrimonio de los quintanarroenses.

Finalmente, destacó que en Quintana Roo se ha trabajado para dar certidumbre jurídica a los inversionistas, así como combatiendo la corrupción y la impunidad, y fortaleciendo la transparencia para recuperar la confianza de inversionistas, de empresarios y de la sociedad en su conjunto.

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Gobernadores panistas firmarán acuerdo turístico en Quintana Roo

Chetumal.- Aprovechando su visita, por el III Informe de Gobierno del gobernador Carlos Joaquín González, se realizará en Quintana Roo la firma de Acuerdo “Turismo como Motor de Prosperidad”, el viernes 6 de septiembre, a las 14 horas en el salón Kohunlich dentro de museo de la Cultura Maya, donde se contará con la presencia de nueve gobernadores, todos ellos pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN).

De esta manera, este bloque, que se conformó formalmente el pasado 30 de agosto, genera una estrategia separada para su promoción turística, a la del gobierno federal, que desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, reemplazado por un Consejo de Diplomacia Turística.

El acuerdo consta de seis puntos principales para mejorar y potenciar el turismo: alianza público-privada y facilitación de inversiones; conexión con el exterior; cultura turística y hospitalidad; impulso al turismo sustentable; Enlace con investigación, ciencia y tecnología; Y fortalecimiento del tejido social.

A dicha firma estarán presentes los gobernadores Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado del estado de Chihuahua; Jose Rosas Aispuro Torres, gobernador del estado de Durango; Diego Sinuhé Rodriguez Vallejo de Guanajuato; Francisco Domínguez Servíen de Querétaro; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal de Yucatán.

Ocho gobernadores firmarán en Quintana Roo el acuerdo: “Turismo como Motor de Prosperidad”

*El 6 de septiembre, en el Museo de la Cultura Maya de Chetumal, los mandatarios sumarán esfuerzos para fortalecer esta actividad económica en beneficio de la gente
*Buscan estrategias para que el turismo se consolide desde la promoción, la atracción de inversiones, el impulso de una cultura turística sólida y la sustentabilidad

Chetumal.- Para unir esfuerzos en beneficio del turismo, los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo firmarán, en la ciudad de Chetumal, el acuerdo “Turismo como Motor de Prosperidad”.

En el marco del tercer informe del gobernador Carlos Joaquín y bajo su liderazgo, ocho gobernadores integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), signarán una estrategia denominada “Turismo como Motor de Prosperidad”, que tiene como objetivo impulsar acciones conjuntas en pro de la tercera fuente de divisas del país, actividad que aporta el nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En Quintana Roo, la actividad turística es la mayor generadora de empleos. La entidad recibe anualmente más de 22 millones de visitantes y, de acuerdo con la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, en el mes de agosto se contaba con 471 mil 888 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría vinculados al sector de servicios como el turismo.

Con la firma del acuerdo, los mandatarios buscan apoyarse de manera conjunta y desarrollar estrategias para que el turismo se consolide desde la promoción, la atracción de inversiones, el impulso de una cultura turística sólida y la sustentabilidad, con el fin de que esta actividad económica genere bienestar y progreso social para la gente.

La firma del acuerdo, el seis de septiembre a las dos de la tarde, se llevará a cabo en el salón Kohunlich del Museo de la Cultura Maya. El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca ofrecerá un mensaje y, posterior al evento, y los secretarios de Turismo de los estados firmantes brindarán una conferencia de prensa en un salón contiguo.

El gobernador anfitrión será Carlos Joaquín y los gobernadores que firmarán el acuerdo son Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.

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El gobernador Carlos Joaquín asiste a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores

*A pocos días de iniciada la descentralización de la Secretaría de Turismo, el titular Miguel Torruco Marqués emitirá un mensaje a los integrantes de esta comisión

*En el marco del Tianguis Turístico de México 2019, se presentarán avances de la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo de México A.C.

Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín, en calidad de vice coordinador, asistirá a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que sesionará este domingo en el marco de la inauguración del Tianguis Turístico de México 2019, que se celebra en Acapulco, Guerrero.

Se ha previsto que el titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) Miguel Torruco Marqués emita un mensaje a los integrantes de esta comisión ejecutiva.

El martes dos de abril, inició la descentralización de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, entidad que es líder en captación de turismo en el país.

Este liderazgo turístico de Quintana Roo se refleja en un crecimiento logrado en los últimos años, al avanzar 25 posiciones dentro del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, elaborado y presentado por el Foro Económico Mundial.

En 2018, Quintana Roo recibió a más de 14 millones 270 mil turistas y más de 20 millones 300 mil visitantes, lo que representa un crecimiento de 5.5 por ciento y de 6 por ciento, respectivamente, en el indicador de turistas y visitantes, de acuerdo con el Informe de Turismo.

El gobernador Carlos Joaquín y el secretario Torruco Marqués anunciaron el inicio de este proceso gradual, ordenado, eficiente y sin interrupción de los servicios. La Subsecretaría de Planeación y Política Turística, que integra a siete funcionarios federales, ya despacha en la capital quintanarroense.

Durante la sesión, se presentarán los resultados y las conclusiones de la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo de México A.C., a cargo de su presidente, el secretario de Turismo de Campeche Jorge Enrique Manos Esparragoza.

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Bancos y gobernadores, enriquecidos con la deuda pública

 

Fuente: (http://www.proceso.com.mx/)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los gobiernos de los priistas Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo desviaron recursos multimillonarios que obtuvieron por medio de créditos, y ahora veracruzanos, chihuahuenses y quintanarroenses tienen que pagarlos durante dos décadas.

En Veracruz los desvíos podrían alcanzar 44 mil 772 millones de pesos; en Chihuahua se desconoce el paradero de 7 mil 713 millones, mientras en Quintana Roo se esfumaron por lo menos 2 mil 500 millones, de acuerdo con los informes que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las deudas públicas de estas entidades.

Esto ocurrió en medio de la explosión generalizada de las deudas de los gobiernos estatales y municipales del país: ante la falta de liquidez, las administraciones locales tuvieron que recurrir a créditos de corto y largo plazos para financiar su gasto corriente e invertir en obra pública. En consecuencia, la deuda subnacional se disparó en 365 mil millones de pesos entre 2008 y 2016.

De acuerdo con los informes de la ASF, también hubo quienes se enriquecieron legalmente a partir del botín de la deuda.

Es el caso de los bancos, que en los últimos 10 años se convirtieron en los principales acreedores de los gobiernos estatales y municipales, a los que cobran jugosos intereses: tan sólo en 2016, los veracruzanos y los quintanarroenses pagaron 4 mil 110 millones y mil 653 millones de pesos, respectivamente, sólo en intereses y gastos asociados a la deuda pública.

De acuerdo con una revisión exhaustiva del Registro Público Único (RPU) realizada por Proceso, a la fecha existen 2 mil 100 contratos de deuda estatal y municipal vigentes, los cuales amparan un monto total de 736 mil 160 millones de pesos. De éstos, 564 mil 33 millones son deudas de los gobiernos estatales y los 172 mil restantes corresponden a los gobiernos municipales.

A través de los grupos financieros Banorte e Interacciones, la familia Hank, descendiente del priista mexiquense Carlos Hank González –uno de los fundadores del llamado Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto–, detenta contratos de deuda estatal y municipal por 193 mil 501 millones de pesos.

El presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banorte es Carlos Hank González, heredero del imperio financiero de sus abuelos, el mexiquense Hank González y el regiomontano Roberto González Barrera –fundador del emporio Gruma–, mientras que su padre, Carlos Hank Rhon, preside el consejo de administración de Interacciones.

La ASF observó que Interacciones no sólo presta dinero a los estados: aparte les hace firmar contratos adicionales de “comisiones por gestión interna y mantenimiento”, una figura inédita en el sector financiero, pues se supone que se trata de costos internos que asume el banco en la gestión de créditos.

Así, entre 2011 y 2015 el gobierno de Borge entregó 945 millones de pesos al banco de Carlos Hank Rhon. Es más: la ASF señaló que Interacciones, en el contrato, “no se obligaba a rendir cuentas o reportar las actividades ejecutadas, por tener el carácter de internas”.

Otro beneficiario del endeudamiento local es Evercore, el despacho especializado en la reestructuración de deudas, creado por el priista Pedro Aspe Armella –secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– y contratado, entre otros, por los gobiernos de Quintana Roo y Chihuahua para administrar sus créditos.

En el sexenio de Peña Nieto dos exempleados de Evercore tuvieron puestos estratégicos en la Secretaría de Hacienda: Luis Videgaray Caso fue titular de la dependencia y Marcela Andrade Martínez dirigió hasta septiembre pasado la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, que asesora a los gobiernos estatales y municipales en el diseño de sus deudas.

Los desvíos de Borge

En Quintana Roo la deuda se multiplicó por 10 en la última década: pasó de mil 880 millones de pesos en 2006 a 22 mil 247 millones en 2016; y actualmente, tan sólo tres bancos (Banorte, Interacciones y Multiva) acaparan seis de cada 10 pesos que adeudan los quintanarroenses.

Multiva forma parte de Grupo Empresarial Ángeles, el conglomerado del magnate Olegario Vázquez Raña que incluye también a Grupo Imagen y el periódico Excélsior.

Entre 2011 y 2014 el gobierno de Borge obtuvo 38 mil 811 millones de pesos de instituciones financieras a través de 144 préstamos de corto plazo –inferiores a seis meses de duración–, que no pudo reembolsar del todo, por lo que dejaron una deuda de 13 mil 277 millones de pesos en 2016.

Y en 2016 consiguió otros 503 millones de pesos con créditos de corto plazo, a través de cuatro contratos: tres con Interacciones y otro con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., una institución financiera creada en 2011 por el priista Luis Humberto Montaño García, quien fue funcionario en el gobierno mexiquense durante el sexenio de Peña Nieto.

Al analizar el uso de esos 503 millones de pesos, la ASF se percató de que el gobierno de Quintana Roo dispersó 106 millones de pesos en siete cuentas bancarias abiertas en bancos distintos, y el órgano fiscalizador presumió que lo hizo “para que no fuera claro ni evidente el origen y el destino de los recursos de los créditos”.

La ASF fue más allá y descubrió que, de este dinero, 101 millones de pesos fueron canalizados en cheques que cobraron funcionarios estatales a través de un esquema de falsos apoyos a agricultores en el que se malversaron por lo menos mil 853 millones de pesos en 2016.

Además, la ASF se percató de que esta estructura, operada por una decena de funcionarios públicos, funcionaba desde 2011 y que con ella se esfumaron al menos 5 mil 276 millones de pesos.

Con el objetivo anunciado de frenar el endeudamiento desmedido de los estados y obligar a los gobiernos locales a reestructurar sus créditos, el gobierno de Peña Nieto lanzó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobada en abril de 2016.

Para cumplir con la nueva disposición, el 1 de octubre siguiente la administración quintanarroense adjudicó, sin licitación de por medio, un contrato por 103 millones de pesos al despacho Evercore Partners México para que éste contratara la deuda pública a nombre del estado.

A través de este contrato el gobierno de Quintana Roo prácticamente se desentendió del asunto de la deuda: el despacho asesor envió las invitaciones a 13 instituciones financieras, se reunió con sus representantes, analizó sus ofertas y designó las ganadoras. De acuerdo con la ASF, esta labor le corresponde al gobierno del estado y no a un despacho privado.

La reestructuración de deuda diseñada por Evercore desembocó en la contratación de cinco créditos a largo plazo por un total de 19 mil 259 millones de pesos: Banorte, Interacciones y Multiva se repartieron 11 mil 660 millones; Banobras prestó otros 5 mil 900 millones y HSBC otorgó un crédito de mil 698 millones de pesos.

Maniobras voraces en Veracruz

La llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno de Veracruz, en 2010, coincidió con una explosión de la deuda pública del estado, la cual pasó de 9 mil 331 millones de pesos en 2009, a 49 mil 192 millones a finales 2016, cuando el priista huyó a Guatemala para evadir la justicia.

A lo largo de su sexenio, Duarte endeudó el estado mediante una serie de decretos en los que pedía al Congreso local que autorizara créditos multimillonarios. La mayoría priista nunca se opuso ni frenó la deriva financiera.

El año pasado, mientras la ASF revisaba la deuda contratada durante el sexenio de Duarte, sus interlocutores –funcionarios del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares– fueron incapaces de determinar el destino de 30 mil 765 millones de pesos obtenidos mediante el endeudamiento.

El gobierno de Yunes explicó a los auditores que “la mecánica de operación que los funcionarios anteriores implementaron indebidamente era la de utilizar como medio de pago cuentas bancarias concentradoras, en donde tantos recursos etiquetados como de libre disposición eran depositados y erogados”.

De hecho, la ASF también determinó que el gobierno de Duarte derivó 11 mil 607 millones de pesos hacia una cuenta bancaria no reportada en el catálogo contable de la entidad y cuyo destino se ­desconoce.

Al frente del gobierno estatal de Chihuahua, César Duarte Jáquez también realizó una gestión discrecional de los recursos: de acuerdo con la ASF, el gobierno estatal –ahora a cargo del panista Javier Corral Jurado– no tiene información sobre el destino de 7 mil 714 millones de pesos obtenidos mediante créditos de corto plazo contratados con Banorte, Interacciones, Multiva y BBVA Bancomer.

El órgano fiscalizador también determinó que el gobierno estatal maquilló una deuda de 6 mil millones de pesos a largo plazo –la etiquetó en un fideicomiso de carreteras– y omitió reportar 15 mil 419 millones de pesos en el RPU.

Como en Quintana Roo, Evercore gestiona la deuda estatal de Chihuahua. A través de su filial Evercore Casa de Bolsa, la empresa de Aspe Armella administra el fideicomiso F/0152, destinado a reembolsar los 28 mil 92 millones de pesos de créditos a largo plazo suscritos con instituciones financieras durante la gestión de Duarte Jáquez hasta diciembre de 2016.

Actualmente prófugo de la justicia, el exgobernador de Chihuahua cuenta con ocho órdenes de aprehensión, entre otros delitos por el presunto desvío de 247 millones de pesos de recursos federales a través de empresas fantasma para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.

Amos de México

En los últimos años el banco público de desarrollo Banobras perdió su rol de principal financiador de los gobiernos estatales y municipales, aunque todavía tiene mil 67 contratos de crédito vigentes por un total de 217 mil millones de pesos

Banorte e Interacciones, que se fusionarán en los próximos meses, poseen 217 contratos de deuda subnacional registrados en el RPU: 109 con gobiernos estatales (73 de ellos firmados durante el sexenio de Peña Nieto) y otros 108 con gobiernos municipales: los tres más cuantiosos fueron celebrados con los municipios jaliscienses de Zapopan, Guadalajara y Tonalá, por 3 mil 271 millones de pesos.

Nuevo León resultó el gobierno estatal más endeudado con los Hank, con 20 mil 366 millones de pesos en créditos, la mitad de los cuales fueron comprometidos durante la administración del priista Rodrigo Medina y el resto en la gestión actual de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

Le siguen Coahuila, que celebró contratos por más de 17 mil millones de pesos con ambos grupos financieros durante la administración del priista Rubén Moreira, y luego vienen Sonora y el Estado de México, que pidieron poco más de 15 mil millones de pesos en préstamo a los Hank. En el caso mexiquense, seis de los 10 contratos de crédito vigentes fueron suscritos durante el gobierno estatal de Peña Nieto.

La familia Hank comparte la deuda subnacional con algunas de las instituciones financieras más poderosas del país: el grupo financiero BBVA Bancomer, por ejemplo, tiene contratos de crédito vigentes a estados y municipios por más de 83 mil millones de pesos, la mitad de los cuales se destinaron a la Ciudad de México y el Estado de México.

En el consejo de administración del grupo, presidido por Luis Robles Miaja, destacan Alberto Bailleres González –dueño de Grupo Bal–, Carlos Vicente Salazar Lomelín –expresidente ejecutivo de FEMSA– y Arturo Manuel Fernández Pérez, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros.

Banamex, por su parte, obtuvo contratos de crédito a gobiernos estatales y municipales por 45 mil millones de pesos; de nuevo, cerca de la mitad de este monto fue contratado por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

El consejo de administración del grupo financiero está conformado, entre otros, por Valentín Díez Morodo –dueño, entre otros, del equipo de futbol Diablos Rojos de Toluca–, Emilio Azcárraga Jean –hasta hace poco presidente del consejo de administración de Televisa–, Bernardo Quintana Isaac –de ICA– y Daniel Javier Servitje, del Grupo Bimbo.

La lista de acreedores de gobiernos estatales y municipales incluye asimismo a Santander y Multiva, que prestaron 35 mil millones cada una; HSBC, que otorgó créditos por poco más de 22 mil millones, y Banco del Bajío, que prestó alrededor de 11 mil millones de pesos.

The New York Time: México cosecha gobernadores corruptos por la impunidad

Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, fue escoltado tras su arresto en Guatemala, el 15 de abril. Duarte estaba prófugo desde octubre. Credit Danilo Ramirez/Agence France-Presse — Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO — Cuando las autoridades capturaron el fin de semana a Javier Duarte en el lobby de un hotel guatemalteco, el exgobernador mexicano, fugitivo, se dejó arrestar sin mucho furor.

Menos de una semana antes, la policía italiana había arrinconado a otro exgobernador de México, Tomás Yárrington, cuando terminaba de cenar en un restaurante en una plaza de Florencia; así terminaron cinco años de Yárrington como prófugo.

Se desconoce el paradero de al menos tres exlíderes estatales de México y más de media docena están bajo investigación o enfrentan cargos por corrupción. Cualquiera que sea la acusación, los gobernadores que adornan la galería de renegados comparten una característica: todos se comportaron como si fueran intocables.

Yarrington

“Las décadas de impunidad han generado un nivel de descaro y de ridiculez que nunca hemos visto en México”, dijo Max Kaiser, director Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una organización de investigación.

Los excesos son más públicos que nunca y han acercado a los mexicanos a un punto de quiebre.

Ciudadanos empoderados, leyes de transparencia y medios con mayores libertades han expuesto los esquemas que han utilizado los gobernadores para desviar fondos públicos para su uso privado. Sin embargo, aunque esto ha dejado un rastro de evidencia de las ofensas, son pocos los gobernadores que han enfrentado la justicia.

Los líderes locales controlan las legislaturas estatales, a los auditores públicos y a los fiscales de sus estados; es un dominio que les da el poder de un soberano.

Así, perseguir a los corruptos corre a cargo de los procuradores federales, pero la respuesta ha sido tibia.

“En la mayoría de los casos”, dijo María Amparo Casar, la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se llega solo “a la denuncia o la orden de aprehensión”.

En sus investigaciones, la socióloga mexicana ha encontrado que solo 17 de 42 gobernadores o exmandatarios sospechosos de corrupción han sido investigados. Antes de las detenciones del último mes, solo tres estaban en prisión.

En la patrulla de Guatemala

Los gobernadores “saben el altísimo grado de impunidad​”, dijo Casar. Saben que los subordinados usualmente son los imputados, “o que el ministerio público no puede armar una buena carpeta o que se puede sobornar al juez”.​

 

El exgobernador de Tamaulipas Tomás Yárrington fue detenido a principios de mes en Florencia. Está acusado de aceptar sobornos de la delincuencia organizada. Credit Jaime Puebla/Associated Press
De todos los gobernadores, el más emblemático de la corrupción a nivel estatal es Duarte, de Veracruz, particularmente respecto a los casos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.

El partido se volvió sinónimo de corrupción durante buena parte de los más de setenta años en los que gobernó México sin interrupción. Los casos de exgobernadores del PRI bajo la lupa están por todo el país.

Yárrington, el exmandatario arrestado en Italia, es buscado tanto en México como en Estados Unidos por cargos de que aceptó sobornos de carteles del narcotráfico para permitirles circular libremente por el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas.

Su sucesor, Eugenio Hernández, también era integrante del PRI, y enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. No ha sido visto en público desde junio.

En octubre, cuando llegó un nuevo gobierno de oposición a Tamaulipas descubrió que el gobernador priista saliente tenía asignados a ocho policías para proteger a Yárrington, y cuatro más para Hernández.

Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, el estado manufacturero por excelencia de México, está libre mientras una corte revisa cargos de peculado y otros delitos en su contra.

Aunque ningún partido se libra.

Guillermo Padrés, quien gobernó el estado de Sonora (al noroeste de México) con la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), está tras las rejas mientras se defiende por acusaciones de que desvió fondos públicos hacia negocios vinculados a su familia. El descubrimiento de una presa ilegal que Padrés había construido en su rancho, Pozo Nuevo, para abastecerse posiblemente haya sido de las denuncias que más impactó al estado desértico que gobernaba.

A la derecha, Guillermo Padrés Elías, quien gobernó el estado noroeste de Sonora, con el expresidente Felipe Calderón, al centro. Padrés está en prisión por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Credit Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty Images
El descontento por los casos de corrupción llevó al congreso a aprobar un paquete de leyes anticorrupción. El recién instaurado Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción debe revisar hasta qué punto se han aplicado esas leyes.

Pero tardarán en entrar en efecto. En lo que sucede varios integrantes de la élite política ya encontraron al menos una manera de sabotear el sistema: han retrasado el nombramiento del fiscal anticorrupción.

Los activistas que impulsaron los cambios acusan que se han vuelto blancos de ataques. Han recibido amenazas por mensajes de texto y columnas y editoriales en los periódicos han cuestionado sus motivos. A principios de mes el grupo de combate a la corrupción Causa en Común acusó que fueron robadas las computadoras de sus oficinas centrales.

Por ahora, los arrestos de Duarte y Yárrington le han dado la oportunidad al gobierno de Enrique Peña Nieto de adjudicarse dos golpes decisivos contra la corrupción. El momento es idóneo, pues coincide con el el periodo electoral en el que la transparencia y la rendición de cuentas son demandas centrales de los votantes.

ANUNCIO

En junio, Estado de México, la entidad natal de Peña Nieto, elegirá a un nuevo gobernador en una contienda que es vista como definitoria para la elección presidencial de 2018. El estado es el bastión del PRI.

El mismo Peña Nieto llegó al poder en 2012 con la promesa de renovar el liderazgo de su partido; entre los gobernadores a los que enalteció como reformistas como él estaba Duarte.

Pero poco tiempo después quedó claro que Duarte dirigía un gobierno que operaba con una avaricia inusual.

Mientras crecía la deuda estatal, la Auditoría Suprema de la Federación dice que le pidió al gobernador que explicara a qué se debían las discrepancias presupuestales de alrededor de dos mil millones de dólares durante los últimos cuatro años. Los jubilados acusaron que se vació el fondo para el retiro y la estatal Universidad Veracruzana ha padecido una crisis económica por el impago de fondos del gobierno de Duarte.

Una investigación del medio digital Animal Político halló que desaparecieron más de 645 mil millones de pesos, alrededor de 35 millones de dólares al tipo de cambio actual. Los fondos destinados a programas sociales terminaron en las arcas de empresas fantasma.

Hasta el sistema de salud se vio afectado: el actual gobernador Miguel Ángel Yunes denunció que los hospitales habían administrado “quimioterapias falsas” y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios halló en una investigación posterior que el gobierno de Duarte había adquirido o utilizado medicamentos apócrifos para tratar el cáncer, así como medicinas caducas y pruebas de VIH falsas.

Y al aumento en la violencia, incluido el asesinato de diecisiete periodistas, se le ha sumado la desaparición de miles de personas y el hallazgo de fosas comunes. Duarte negó todas las acusaciones, pero la elección del año pasado cambió su suerte. En junio el PRI perdió seis gubernaturas, incluyendo Veracruz, a la oposición.

De pronto, Duarte se convirtió en una persona indeseada para su partido, lo que allanó el camino para que el gobierno federal investigara. Duarte desapareció en octubre, una semana antes de que un juez emitiera una orden de arresto por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desde entonces otros dos exgobernadores del PRI que perdieron su cargo a la oposición han seguido su ejemplo.

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El exgobernador de Chihuahua César Duarte habría huido a El Paso para evadir una investigación de peculado. Credit Jose Luis González/Reuters
El nuevo mandatario de Chihuahua, Javier Corral, señaló en marzo que su predecesor, César Duarte, se había escapado a El Paso para evadir una investigación estatal por el desvío de fondos para fines de campaña. César Duarte —quien no tiene relación con el exmandatario veracruzano aunque compartan apellido— afirma ser inocente.

Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad turística de Cancún, también está prófugo.

La dura realidad carcelaria

La primera alerta sobre el trabajo de Borge surgió de grupos ciudadanos que descubrieron una serie de esquemas por medio de los cuales familiares y amigos del exgobernador se beneficiaban. Bajo uno de los esquemas, la junta local de conciliación y arbitraje imponía multas enormes a ciertas empresas por presuntos reclamos salariales de empleados fantasma. Para pagar las deudas, la junta despojaba terrenos y los revendía, según un reporte de la revista Expansión y el grupo Mexicanos contra la Corrupción.

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Borge también vendió terrenos públicos a su madre, su abogado y sus amigos por montos menores a su valor real. Aunque la Procuraduría General de la República aseguró 25 de las propiedades, no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra Borge, que se cree está en Estados Unidos.

El grupo de activistas locales que pasó años buscando evidencia de las ventas de los terrenos teme que Borge nunca enfrente la justicia.

“Nunca esperaron que iban a perder y por eso fueron tan descarados”, dijo Fabiola Cortés, directora de Somos tus Ojos.

Borge prófugo

Cortés, quien pidió protección del gobierno federal bajo la “Ley de protección para defensores de derechos humanos y periodistas” después de recibir amenazas, dijo que la procuraduría ha actuado demasiado lento.

“Una tampoco se puede quedar con los brazos cruzados”, dijo. “Pero sería suicidio decir que todos los gobernadores del PRI son corruptos”.

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En cambio, dijo Cortés, “están dosificando” las investigaciones “antes de las elecciones”.