Chetumal.- Amalia Anguas Puc y su familia sufrieron en 2016 el despojo fraudulento de una concesión de playa en Mahahual, hecho que fue denunciado a la Fiscalía General del Estado, que no ejerció acción penal. Con su padre y su esposo ya fallecidos y todavía en espera de justicia, esta pescadora hoy rechazó la disculpa pública emitida por este organismo, ya que lo consideró solo “simulación” y un sinsentido, al persistir su agravio.
La víctima realizó una rueda de prensa hoy frente a la Fiscalía General del Estado en Chetumal, acompañada de la representante del colectivo “Xtabay”, Ariadne Song Anguas, quien cuestión de qué sirve una recomendación de Derechos Humanos, si no tiene acciones punitivas. También denunció que hay otras 154 recomendaciones congeladas en el Congreso del Estado.
“¿Creen que con una disculpa pública pueden comprar la vida de una persona? Jamás”, sentenció Amalia Anguas Puc, quien comentó que a su padre de 80 años de edad, William Anguas, no solo lo despojaron de su cooperativa, sino además “le echaron una barda encima”, lo que le causó insuficiencia respiratoria y, un año después, la muerte.
Su esposo, Luis Santillán, socio de esta cooperativa, “Canal de Zaragoza”, fue uno de los médicos que falleció a causa del COVID-19 e igualmente aguardó justicia hasta su último día.
El padre de la agraviada logró constituir una cooperativa, a través de la cual obtuvo una concesión de playa en el kilómetro 0+500 de Mahahual, pero otros integrantes falsificaron su firma para vender este título a uno de los dueños del Muelle Fiscal, lo que advirtió Ariadne Song es un fraude, pues estas concesiones son intransferibles.
Los despojadores se quedaron no solo con la concesión, privando a esta mujer de su única fuente de ingresos, al allí dar servicio de restaurante, sino que además con las siete palapas allí construidas y una lancha, con su motor y equipo de pesca.
El agente del Ministerio Público, al que identificó como “Axel”, no quiso intervenir, pese a todas las evidencias presentadas y finalmente determinó no ejercer acción penal, en un grotesco acto de corrupción.
Al ver Amalia Anguas que no les hacían caso, ella determinó estudiar derecho, en la UNID, para poder litigar su caso y llevarlo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que emitió una recomendación para que la Fiscalía le ofreciera una disculpa, pues comprobaron que le negaron acceso a la justicia.
“No acepto esta disculpa, que es simulación”, declaró la agraviada, al borde del llanto. “¡Pido que la gente alce la voz, que exija justicia!, y que pongan a personas que realmente trabajan, a los jóvenes quintanarroenses que están preparado”.
Ariadne Song comentó que esta concesión sigue ilegalmente arrebatada, mientras la Fiscalía “finge demencia” y cumple esta disculpa solo por obligación.
“No es posible que un fiscal corrupto no reciba una denuncia, no investigue y al recibir las evidencias decida no actuar”, reclamó.
La activista señaló que la vía utilizada ante la omisión de la autoridad, Derechos Humanos, también está plagado de problemas, pues los visitadores no están capacitados y no son suficientes. Este caso tardó dos años en llegar a una recomendación, y la misma tardó otros tres en ser cumplida. Pero incluso ahora con esto hecho, el delito persiste.
Actualmente hay otras 154 recomendaciones pendientes de ser revisadas por el Congreso del Estado. La de esta mujer avanzó por estar acompañada de este colectivo, comentó.
“Ser servidor público no es una charola para estar tras actos de corrupción”, se quejó.
