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Candidatura, un acto de justicia reparatoria: Yensunni Martínez

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AGENICA SIM

Chetumal.- El que Morena la haya postulado como candidata a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, por la coalición “Juntos Haremos Historia” es un acto de “justicia reparatoria”, afirmó Yensunni Martínez Hernández, pronto a ser ex candidata a síndico en esta misma planilla.
En espera de que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determine si acepta la propuesta de Morena y le otorga su registro, Yensunni Martínez admitió que el cambio de candidata a síndico a candidata a presidenta municipal es un hecho inédito, por lo que hay cierto grado de incertidumbre, pero ella dijo confiar de que sí lograrán salir adelante.
La aspirante dijo no querer especular sobre una respuesta negativa, pero cuestionada al respecto, dijo que ya le correspondería a la dirigencia nacional ver un “plan B”.
Sobre su denuncia por violencia política de género, la candidata afirmó que no fue un tema personal contra Luis Gamero Barranco, ni una cuestión partidista, sino que simplemente se defendió contra una agresión hacia su persona, además de marcar un “hasta aquí” hacia una situación de violencia en contra de la mujer que existe desde hace años.
Dijo saber que había varios compañeros interesados en la candidatura, pero la evaluación de los perfiles y la decisión fue tomada por el Comité de Elecciones de Morena, sin intervención de su parte.
Destacó que su partido ha logrado muchos avances, y el que ahora se le dé la oportunidad de que la víctima de violencia política sea la candidata es algo muy valioso, destacó.
Por último, Yensunni Martínez hizo un llamado a la unidad, tanto en el partido, como en la sociedad en general, pues es lo que se necesita para sacar a Othón P. Blanco adelante. En este sentido, dijo estar abierta al diálogo y a que exista representación plural.
“No puede ser sólo un grupo el que esté ahí adentro, tiene que ser todos los que somos de Morena quienes debemos ser contemplados”, afirmó. “Ese trabajo lo iniciaré en cuanto me den la oportunidad de ser la candidata”.

Se acerca la justicia a grupos vulnerables

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A través del Instituto de Defensoría Pública del Estado, el Poder Judicial de Quintana Roo, proporciona un servicio de calidad para brindar al sector más vulnerable del Estado de Quintana Roo, el derecho de acceder a una justicia pronta y expedita.
El Instituto de la Defensoría Pública tiene como premisas otorgar asistencia jurídica en los asuntos del orden civil, familiar y mercantil, a los sectores que no cuenta con medios económicos suficientes para sufragar los honorarios de abogados particulares.
En materia penal, acorde a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, tiene la obligación de proporcionar gratuitamente asesoría legal, representación y defensa penal a los imputados, acusados y sentenciados por un hecho que la ley señale como delito que sea de competencia de los tribunales del Estado, incluyendo la justicia para adolescentes, cuando carezcan de abogado desde el momento de su detención o comparecencia ante el Ministerio Público o autoridad judicial hasta la ejecución de la sentencia.
De esta manera, el Poder Judicial de Quintana Roo, cumple con sus propósitos plasmados en el Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, a través de una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad.

Recibe FGE títulos de propiedad para la ampliación del Centro de Justicia para las Mujeres

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*El objetivo es combatir la violencia de género y cumplir con los parámetros que se exigen para lograrlo.

Benito Juárez.- El gobierno de Quintana Roo, a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) entregó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales los títulos de propiedad de tres terrenos (cuatro mil 700 metros cuadrados) que permitirán la ampliación del Centro de Justicia para las Mujeres en este municipio, proyecto encaminado a combatir la violencia de género.

“Los cambios que se han implementado en el Centro de Justicia para las Mujeres son acciones que derivan de un programa nacional y una estrategia estatal que además de responder a la alerta de violencia de género son para el beneficio de las mujeres víctimas”, aseguró Óscar Montes de Oca Rosales.

Con el objetivo de prevenir, castigar y atender la violencia contra de las mujeres, el titular de la FGE enfatizó que “es tiempo de romper con ideas machistas en todos los ámbitos y que son generadoras de violencia” e hizo un llamado a sumarse a la lucha.

Por ello, se comprometió a trabajar todos los días en la Fiscalía General del Estado para investigar, perseguir y capturar a quienes atenten contra una mujer, protegiendo y empoderando a las víctimas, no solo porque es su derecho sino porque es deber y obligación legal de la institución.

La donación de los terrenos servirá para ampliar y mejorar las instalaciones del Centro al incorporar áreas verdes, salas de juicio oral para jueces y juezas, un auditorio, consultorios médicos y de especialidades psicológicas, en las que se realicen terapias grupales e individuales, así como áreas de trabajo social y talleres de empoderamiento, entre otros servicios.

Con la entrega de los títulos de propiedad se inicia una nueva etapa en la que se han tejido esfuerzos gubernamentales y de la iniciativa privada.

El primer abogado del Estado mencionó que la sociedad cuenta con la voluntad y entrega de mujeres y hombres que trabajan en la institución y de su titular, a fin de llevar a buen puerto los trabajos de ampliación del Centro, para combatir de manera decisiva la violencia de género.

Por su parte, el secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo, en representación del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, expuso que “Trabajamos de la mano con la sociedad civil, con los órganos autónomos y con otros niveles y poderes de gobierno para dejar atrás los obstáculos para prevenir, atender y castigar la violencia de género”.

Enfatizó también que con la entrega de los títulos de propiedad se avanza para mejorar la atención de los casos, pues “queremos romper el ciclo que inhibe la denuncia y que las mujeres sepan que cuentan con aliados”.

En su intervención, Eduardo Ortiz Jasso, director general de AGEPRO, dijo que la entrega de estos predios permitirán fortalecer el trabajo de la Fiscalía a favor de las mujeres, ya que se consolida un proyecto que se inició con el Gobierno del Estado y sobre todo con el apoyo del gobernador, quien en su gestión ha priorizado la atención a grupos vulnerables y en especial a las mujeres víctimas de violencia.

…Comunicado emitido por Comunicación Social de la FGE.

Construyamos puentes para una mejor justicia laboral: León Ruiz

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Asiste el gobernador del Estado como testigo de honor a la firma de convenio del Poder Judicial de Quintana Roo, con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Ciudad de México, 3 de marzo.- “Para lograr una justicia de calidad, es importante garantizar la mejora continua de sus impartidores, garantes de la Constitución y de la paz social; para la optimización de la justicia, establecer alianzas y generar sinergias, siendo prioritario que el puente que construimos el día de hoy, sea la vía por la cual transite la justicia del mañana, destacó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, en el marco del acuerdo de colaboración con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que se firmó hoy, teniendo como testigo de honor al gobernador del Estado, Carlos Joaquín González.
“Señor Gobernador, el Poder Judicial le expresa su gratitud por la respetuosa coordinación que ha existido para lograr una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad en nuestra Entidad. Muestra de este interés es su presencia, como Testigo de Honor, en la firma de este Convenio de gran relevancia, no solo para el Poder Judicial, sino también, como ya lo he expresado, para toda la entidad y ahora en la implementación de la Justicia Laboral”.
El Magistrado Presidente del Poder Judicial afirmó que el Convenio General de Colaboración, que ambas Instituciones signaron hoy, tiene como objeto establecer las bases de colaboración y apoyo entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial, coordinando acciones de difusión, investigación, vinculación, capacitación y formación, en beneficio, primordialmente, de la comunidad jurídica, los servidores públicos, la clase trabajadora, los empresarios y la sociedad de Quintana Roo”, aseguró.
Recordó que como parte del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, quienes conformamos el Poder Judicial, estamos trabajando de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y Legislativo, para lograr un tránsito efectivo en la implementación de la reforma constitucional en materia de Justicia Laboral.
“Por ejemplificar lo anterior, desde el año dos mil once, Quintana Roo inició con el tránsito de la modernización de la justicia, al implementarse la oralidad en los procedimientos civiles y familiares; y, con posterioridad a esto –en acatamiento a la legislación federal– se implementó la oralidad mercantil y la oralidad penal”, agregó.
Mencionó que actualmente, en coordinación con los Poderes del Estado, el Poder Judicial se encuentra en la fase de consolidación del proceso penal acusatorio y, además, en vísperas de la certificación de la justicia oral mercantil, ya que, en efecto, el derecho laboral, en sus múltiples vertientes, garantiza la vida misma del Estado Mexicano, al armonizar las necesidades de justicia del sector de los trabajadores.

“Los consensos, acciones y programas generados, en el seno de la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral en Quintana Roo, en la que participan activamente los tres Poderes del Estado, serán determinantes para el alcance de tales objetivos y en la materialización de la voluntad del Constituyente. Además, para materializar esto, es necesario que el Órgano Implementador Estatal cuente con la participación y la voluntad de todos los agentes en el ramo laboral, en sus múltiples vertientes”.
León Ruiz, reconoció en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, presidido por su titular, el Doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, a un aliado imprescindible en nuestro proceso de implementación, al ser un órgano jurisdiccional consolidado en el derecho laboral burocrático, concluyó.
Por su parte, el Gobernador del Estado, expuso que este convenio da la pauta de la importancia que es el empleo y los trabajadores, de la justicia en Quintana Roo, que es un estado que crece constantemente, generando año con año muchas fuentes de empleo, de ahí de la oportunidad de brindar una mejor justicia laboral, por lo que la firma de este convenio de colaboración da cuenta de la importancia de trabajar juntos toda vez que los lazos de colaboración más allá, cuyos alcances se concretan en logros directos para el desarrollo del Estado.

Concluye el Segundo Foro de Derecho “El Reto de la Impartición de Justicia en Quintana Roo”

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*Tres conferencias y tres mesas panel cerraron las actividades que se realizaron en el auditorio de la Universidad La Salle.
Cancún, Quintana Roo, 29 de febrero.- El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, José Antonio León Ruiz, clausuró este día el Segundo Foro de Derecho “Los Retos de la Impartición de Justicia en Quintana Roo”, que organizó el Poder Judicial en coordinación con las barras y colegios de abogados del Estado y que cerró el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, con la conferencia “Feminicidio”.
De esta manera el Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, dio por clausurado este Foro, agradeciendo a cada uno de los ponentes y participantes, así como a las distintas barras, colegios y asociaciones de abogados que asistieron en el segundo día de actividades que se concentraron en el auditorio de la Universidad La Salle.
En este segundo día de actividades, se realizaron las conferencias “Interés Superior de la Niñez” cuyo ponente fue el licenciado José Angel Fernández Uría, en tanto que la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, titular de la Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, estuvo a cargo de la conferencia “Violencia, Delincuencia Organizada y Democracia”, entregándose reconocimientos a cada uno de los ponentes por parte del Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo.

A nombre del Tribunal Pleno, del Consejo de la Judicatura, agradeció a las Barras y colegio su disposición y su tiempo que permitió que este foro ha sido un éxito y con el compromiso de ralizar uno en materia laboral, específicamente en justicia laboral.
“Agradecer a quienes de parte del Poder Judicial, a todos los hombres, mujeres y jóvenes que participaron en la en la organización de este este foro. A todo el público, su disposicion pues tenemos cinco horas que estamos aquí y no se han movido y creo que lo han disfrutado por ellos damos por clausurado este segundo foro y les esperamos en el próximo”, puntualizó.
En este marco, tras la realización de cada una de las conferencias se llevaron a cabo los paneles con los especialistas de la materia y la participación de los asistentes en la serie de preguntas respecto de los temas expuestos para que se den por concluidos los dos días de actividades que ayer viernes iniciaron tras la inauguración formal que realizó el secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo.

La justicia cerca a Fidel Villanueva

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Chetumal.- Luego del revés que sufriera el magistrado Fidel Villanueva a finales del año pasado al darle “palo” a su amparo número 1128/2019, en contra actos del Congreso de Quintana Roo, en donde se ordena la revisión de ingresos del Poder Judicial del Estado y otros.

Nuevamente sufre un segundo revés después de que el Colegiado de Distrito desechara su “queja” en contra de la resolución presentada el año pasado.

Como se recordará, el “acorralado” magistrado se interpuso su “queja” misma que fue desechada hace unos días.

Con estos “actos” se va cerrando el “cerco” en contra de este “vival” que muy pronto pudiera enfrentar a la justicia.

Ordena Comisión de Justicia de Morena revocar coalición con el PVEM

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Cancún.- La Comisión de Honor y Justicia de Morena dio la razón a dos militantes que impugnaron la coalición entre su partido y el Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que instruyó a la Comisión Nacional de Elecciones y al Consejo Ejecutivo Nacional a revocar esta alianza.
Dos militantes Alfredo Macías López y Hortensia Rosales López, promovieron la queja ante la Comisión de Justicia de su partido, basado en los principios de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, que evidentemente, argumentan, el Partido Verde ha violentado.
La instancia partidista les ha dado la razón, de acuerdo al resolutivo CNHJ-QROO-051/19, por lo que ya emitió la orden para revocar esta alianza electoral, situación que no será tan sencilla, pues los plazos para modificarla ya expiraron, al ser incluso hoy el último día para el registro de candidatos.
Certifica este oficio Vladimir Moctezuma Ríos García, secretario técnico de esta comisión.
La Comisión de Honor y Justicia, aunque es la instancia partidista con facultades para dirimir controversias internas en Morena, no es la autoridad electoral, siendo esta el Instituto Electoral de Quintana Roo o el Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante quienes tendrían que presentar su salida de la alianza y ver si se la aceptan, en especial porque el Verde ya tiene derechos adquiridos y podría impugnar esta tentativa.

La justicia se acerca a la puerta de David Romero Vara

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Vázquez Handall con un pie en la cárcel
Chetumal.- Al quedar sin efecto el amparo de la justicia federal otro ex borgista podría ser aprehendido de un momento a otro y responder a diversos cargos entre ellos la malversación del dinero público del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
Se trata de Gerardo Vazquez Handall, ex director administrativo del SQCS, que bajo la sombra de Jorge Acevedo Marín y David Romero Vara saquearon las arcas de este canal de comunicación dejándolo en la banca rota.
La orden de aprehensión se reactivó al negarle nuevamente el amparo, luego de que fuera aprehendido en diciembre del 2018 cuando llevaba a sus hijos a la escuela ahí por la colonia Emancipación.
El delito del que se le acusa es desempeñó irregular en la función pública, por lo que es parte de los más de 90 ex funcionarios demandados por la Auditoría Superior del Estado.
El Juez Sexto de Distrito rechazó el amparo promovido por Gerardo V. H, ex director administrativo del SQCS ,para evitar ser aprehendido por su presunta participación en la firma de convenios de campañas publicitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión de Rosario Robles.

Desde diciembre pasado, el ex director administrativo del SQCS promovió el amparo 976/2018 tras evadir la orden de aprehensión que intentaron cumplimentar agentes federales, luego de la denuncia interpuesta en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública por un monto de 806 millones 616 mil 882 pesos.

En la denuncia también se señala al ex director general del SQCS, Jorge Acevedo Marín, quien obtuvo un amparo provisional para evitar ser detenido, ya que presuntamente junto con. David Romero Vara Maquinaron un fraude descomunal por la elaboración y /o celebración de 84 contratos ejercidos sin licitación, con lo que se benefició a 37 proveedores, de los cuales sólo cuatro estaban registrados ante el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado; y seautorizaron 104 pagos.

El 19 de diciembre pasado fue liberada la orden de aprehensión en contra del ex administrador del SQCS y tras evadir la acción de los agentes federales promovió un amparo el día 26, aunque el juez requirió 44 millones 628 mil 243 pesos.

Al no cubrir la fianza, emitió un recurso fundado en incapacidad médica, pero fue desestimada por el Juzgado VI de Distrito.(Fuente: Noticaribe)

Revierte Tribunal de Justicia Administrativa 90% de actos de autoridad

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Cancún.- El Tribunal de Justicia Administrativa actualmente revierte el 90% de los actos de autoridad que son impugnados por ciudadanos, reveló la magistrada de la tercera sala, Isabel González Glennie, quien añadió que los despidos de policías, las multas de tránsito y los cobros de basura, son las demandas más comunes que reciben.
En entrevista luego de un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, señaló que aclaró sus dudas sobre cómo actuar en caso de que no se quiera cumplir una sentencia o se multa de una manera indebida, recalcando que ellos pueden revisar todo acto de las autoridades.
“El Tribunal de Justicia Administrativa no está siendo utilizado como tal”, comentó.
La jueza comentó que en 2017 recibieron 350 demandas, en tanto que en 2018 esta cifra creció a 456, cifra que sigue en aumento, la mayoría en la zona norte.
En comparación, las instancias municipales son más demandadas que las estatales, lo que atribuyó al mayor número de trámites que supervisan.
“A favor del contribuyente se resuelve el 90% de los casos; es poco lo que se confirma, lo que sirve de retroalimentación para las autoridades”, indicó. “Nosotros ayudamos a la autoridad a mejorar los procedimientos y al particular en que pueda defenderse”.
Sobre la Ley de Alcoholes, indicó que tienen algunos casos por la revocación de licencias, pero nada todavía por la reciente reforma.
Sobre el Plan de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, confirmó que tiene dos demandas en su sala (más una que se sobreseyó por desistimiento) sobre las que está a punto de emitir su sentencia, pero hay más demandas, aclaró. Las que ella analiza cuestionan que la aprobación de este documento rector haya sido acorde a la ley, lo que está en revisión.
Por último, cuestionada por la aparente inejecución de sentencia en Tajamar, la magistrada aclaró que eso corresponde al ámbito federal.

Alista Congreso comparecencias en seguridad pública y procuración de justicia

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Chetumal.- El Congreso del Estado prepara las comparecencias de distintos funcionarios del gabinete estatal. En lo que resta de enero, le corresponde acudir a la fiscal anticorrupción, para febrero al fiscal general del estado, y en marzo el secretario de Seguridad Pública estatal hará un balance del primer trimestre del año, externó en entrevista el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila.
“Finalmente, en la ley se establece que de manera anual que funcionarios como la fiscal anticorrupción, así como el fiscal general del estado, comparezcan ante el Congreso sobre su labor realizada a lo largo de un año, y ahora en enero se cumple la fecha para que la fiscal anticorrupción haga lo propio. Ya se tiene acordado que el próximo miércoles 30 de enero estaría acudiendo para presentar su informe, lo que se puede hacer público”, expresó el legislador.
Y es que dice, deberá hablar en la medida de lo posible, pues se sabe de lo delicado de las investigaciones, pero es importante saber en qué fase van las denuncias presentadas en la Secoes y en la Auditoría Superior del Estado.
Ante la pregunta de si cree que la fiscal ha cumplido con su labor, dice que sí, aunque también hay que considerar que muchas decisiones de los jueces son incomprensibles para la ciudadanía y a ello hay que agregar también las estrategias de los abogados de los acusados.
Sobre las labores de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública dice que se han visto los avances, y que espera que conforme pase el tiempo hasta más coordinación y resultados.

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