Fiscalía

**El ministerio público presentó datos de prueba que lo implican en la posible comisión del ilícito del pasado 20 de diciembre en la colonia Cristo Rey.*

**Se encuentra en prisión preventiva justificada.*

Solidaridad. – La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informa que fiscales especializados en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Solidaridad lograron que un juez de control vinculara a proceso a Miguel “H” por el delito de violencia familiar, relacionado en la carpeta administrativa 410/2020.

La representación social presentó elementos probatorios que implican al detenido en hechos ocurridos el pasado 20 de diciembre en una casa de la colonia Cristo Rey, donde probablemente causó lesiones a la víctima de identidad reservada, quien pudo escapar y solicitar auxilio a elementos de la Policía Preventiva.

Durante la video audiencia, el ministerio público formuló la imputación y solicitó al juez prisión preventiva justificada para el detenido, la cual fue aceptada como medida cautelar; el cierre de la investigación complementaria se cerrará en un plazo de dos meses.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de investigar, localizar y capturar a los probables participantes de hechos delictivos que vulneran la integridad y dignidad de niñas y mujeres.

Por Herlindo Martínez

Desde hace más de tres años una mujer busca justicia por haber sufrido con su hija diversos delitos orquestados por su ex pareja sentimental, cuando ocupaba cargo de alto nivel en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió disculpa pública. La víctima le aceptó pero bajo protesta porque continuará con la búsqueda de deslinde de responsabilidades.

El 10 de octubre del 2017, mediante un operativo de la Policía Judicial se intentó detener a Isis Marleny Reyes Lagunas, quien circulaba con su hija de 10 años en la Avenida Universidad con Insurgentes.

En el forcejeo fue golpeada y lesionada por elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP) de Othón P. Blanco y Judicial, que portaban “capuchas” y armas largas, que también dañaron a su hija.

Logró escapar y se encerró en su casa, donde ya resintió los golpes recibidos en la cabeza, cara, brazos, pecho y espalda.

Responsabilizó a su ex pareja sentimental Julián Eduardo Samos Méndez, quien se desempeñaba como secretario particular del entonces fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, posición que utilizó para interponer une denuncia por un delito inexistente y dar celeridad a una orden de aprehensión, que no pudo ejecutarse pues la víctima logró escapar y consiguió el aval de un juez que le dejó sin efecto, por falta de argumentos.

Contrademandó a su ex pareja sentimental y la carpeta de investigación 5448/2017, fundamentada en agresiones, lesiones y acoso, sin embargo no prosperó, por injerencia del aludido.

La querella también incluía a los elementos ministeriales “Lima”, “Flor” y Ana María”, quienes hasta todavía siete meses le acosaban, con el fin de desistiera de las imputaciones.

Este martes la FGE emitió la disculpa pública ordenada por la recomendación CDHEQROO/27/2019/I, toda vez que también recurrió al organismo de buena fe.

Reyes Lagunas le aceptó pero bajo protesta, pues exigió se deslinden responsabilidades, proceso que aun continuará.

Porque el dolo con el cual actuaron su ex pareja sentimental y elementos policíacos debe ser castigado.

Les responsabilizó por cualquier daño que pueda sufrir en su integridad, familia o patrimonio.

*Este hecho sienta un precedente histórico en el estado para restar espacios y recursos a grupos delincuenciales*

*Por otra parte, se firmarán acuerdos con asociaciones civiles, organizaciones, autoridades y representantes de inmobiliarias para proteger el patrimonio de los ciudadanos*

Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que el día 14 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo admitió la primera demanda para la aplicación de la extinción de dominio respecto a un inmueble en el cual se realizaban -de manera reiterada- actividades relacionadas con la venta de drogas.

Este acto, -sin duda- sienta un precedente histórico para el estado de derecho en Quintana Roo, puesto que afecta directamente los espacios y los recursos de la delincuencia.

Este procedimiento se aplica en los términos de la “Ley Nacional de Extinción de Dominio” la cual fue publicada el 9 de agosto de 2019.

La citada ley fue expedida por el Presidente de la República y es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde con la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, entre otros instrumentos Internacionales y que son vinculatorios para el Estado Mexicano.

Esta herramienta jurídica, es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes que son objeto, instrumento o producto del delito sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal.

El procedimiento es por la vía judicial de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalecencia en la oralidad, los beneficios que se obtengan de la adjudicación quedarán bajo custodia de una autoridad administradora y -una vez dictada la sentencia-, serán destinados al servicio público, programas sociales u otras políticas públicas prioritarias.

Cabe destacar, que para llevar el control de estos bienes, existe un registro nacional de extinción de dominio administrado por la Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Los delitos por los cuales se podrá aplicar la extinción de dominio y en lo que compete a la autoridad estatal, son los referentes a: contra la salud, trata de personas, secuestro, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, extorsión, entre otros.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado y acorde con los principios para proteger el patrimonio de las y los quintanarroenses, en fomento a la participación de los sectores públicos, privado y social, y a la colaboración con diversas dependencias del gobierno local hace de conocimiento que próximamente se establecerán unidades especializadas de investigación para el delito de despojo en esta entidad.

Como sabemos históricamente la tenencia de la tierra se ha venido afectando por organizaciones y estructuras criminales dedicadas de manera sistemática y profesional a despojar de bienes inmuebles a personas que son propietarias o poseedoras legítimas.

Las formas de llevar a cabo estas conductas ilícitas van desde la violencia, falsificación de documentos, usurpación de identidades, simulación de actos jurídicos, la utilización de las instituciones a través de actos de corrupción con servidores públicos deshonestos que han permitido -en anteriores administraciones- que lo que inició con una falsedad, termina convirtiéndose en una verdad legal.

Para ello, es preciso aclarar que los jueces es la única autoridad facultada para determinar a quien le corresponde la propiedad o la posesión de un inmueble y que la fiscalía- en el ámbito de sus competencias- únicamente procede al aseguramiento para garantizar en todo momento la conservación de los bienes mientras se resuelven las controversias entre los particulares y se determine cual de las partes tiene un mejor derecho sobre de ellos.

La creación de estas agencias del ministerio público irá acompañada de otras líneas de acción tales como la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, las Secretaría del Trabajo, la Secretaria de Gobierno en representación del registro público de la propiedad y además por actores de la sociedad civil como lo son: la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del estado de Quintana Roo para que de manera participativa, inclusiva e informativa, denuncien en la Fiscalía cualquier acto irregular o ilegal que pueda afectar el patrimonio de las personas por las actividades ilícitas que se detecten en el ejercicio de sus funciones o de sus actividades.

Con acciones como ésta la Fiscalía General del Estado cumple con su obligación constitucional de preservar el estado de derecho en Quintana Roo.