Yucatán- Pagina 2

Mérida, Yucatán.- El traslado de oficinas centrales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Mérida permanece en el sigilo, sin conocimiento siquiera de los trabajadores de base en Yucatán.

El anunciado arribo de la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, junto con 100 de sus más cercanos colaboradores y personal de confianza a partir de la próxima semana, es un misterio hasta ahora.

Wilberth May Alfaro, secretario general del Sindicato de la Semarnat, Sección 58, informó que sus 260 agremiados, de los cuales sólo 27 son de esa dependencia cabeza de sector, están a la expectativa.

“Que nos notifiquen, porque ni siquiera tenemos conocimiento, por los rumores nada más, pero siempre ha habido…”, expresó.

Refirió que ayer viernes estuvo con el encargado de Semarnat en Yucatán y no le mencionó nada, aunque también es probable –apuntó– que haya alguna comunicación al respecto con la dirigencia nacional del sindicato.

“Creo que están arreglando las oficinas de allá (en el ex Centro Hidrometeorológico Regional de Conagua); dicen que va a venir, pero conmigo no han contactado…”, explicó, al referirse a la limpieza y acondicionamiento en las instalaciones desde semanas atrás.

“No hay gran movimiento…”, describió el líder local en entrevista.

El edificio en cuestión, en calle 59-B número 238 del fraccionamiento Yucalpetén –poniente de Mérida–, fue inaugurado por la entonces primera titular de Semarnat, Josefa González-Blanco. Luego de tres años se retoma el supuesto cambio de sede por compromiso de campaña.

El espacio era ocupado por el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Andrés Galván Torres, y en fechas recientes lo desalojó.

La Sección 58 del Sindicato de la Semarnat congrega, además, a empleados de Conagua, que tiene el grueso en número, y con afiliados en las representaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Las últimas tres en otros domicilios.
(LectorMx)

*Se abordaron temas para identificar mejores prácticas de desarrollo económico del sureste
*Participó una delegación de 19 representantes de empresas internacionales y nacionales

Mérida.- El gobernador Carlos Joaquín participó en la segunda reunión bilateral de gobernadores del sureste mexicano con el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, que se celebró en esta ciudad.

Durante esta reunión se abordaron temas con el fin de identificar las mejores prácticas de desarrollo económico de esta región de México desde el punto de vista sustentable.

Los temas de agenda de trabajo fueron Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Economía Digital y Corredor Transístmico e Incentivos Fiscales.

Participó en la reunión de trabajo una delegación de 19 representantes de empresas internacionales y nacionales de American Chamber, que promueve el comercio entre México y Estados Unidos en un mejor entorno para los negocios.

La primera reunión se llevó a cabo el 20 de octubre pasado, en Villahermosa, Tabasco. El secretario de Gobierno Arturo Contreras Castillo asistió en representación del gobernador Carlos Joaquín.

En esa primera reunión, Quintana Roo respaldó en la importancia de unir esfuerzos regionales para desarrollar e implementar una estrategia que permita enfrentar y resolver problemáticas económicas y ambientales comunes.

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La historia

Ejidatarios de Dziuche previo a la audiencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito radicado en Cancún, en julio de 2019.

La Laguna Chichankanab posee un alto valor ancestral para la comunidad de Dziuche, pues en ella se celebran aún rituales ligados a la cultura maya, como “Las Primicias”, para dar gracias a las deidades por la lluvia y el sol, y renovar los votos con la naturaleza, con la Madre Tierra, en los que participa todo el pueblo, lo cual garantiza la conservación de sus tradiciones, y usos y costumbres. Foto: Aarón Burgos Hernández.

“Oficialmente recuperamos nuestro Ejido; nos lo estaban arrebatando a la mala y eso nos iba a afectar en el presente y en el futuro.
“Había ejidatarios que todavía se mantenían escépticos; dudaban de que se trataba de un despojo, no lograban entender la magnitud de lo que nos habían hecho, cuando sin nuestro consentimiento y, aunque en Asamblea nos habíamos negado a ceder la tierra, años después nos llevamos la sorpresa de que la habían incorporado dentro del Área Natural Protegida”, expresó.
“Ellos alegaban que su deseo era proteger y conservar esa superficie, como un Área Natural Protegida, pero la verdad de las cosas es que, precisamente, se trataba de las mejores tierras y de nuestra laguna, porque nosotros hemos cuidado que se mantengan en buen estado. Nosotros hemos procurado que no se deterioren, ni que se vendan.”

“Hay un acuerdo de la Asamblea, en que los ejidatarios nos hemos comprometido a no vender y a conservar, porque entendemos que se trata del patrimonio nuestro y de nuestros hijos, lo que les vamos a heredar, que es la tierra y sus frutos”.

El 28 de junio del 2009, la Asamblea General del Ejido Dziuche, rechazó de forma unánime, la entrega de 14 mil 026 hectáreas de terrenos, solicitados por la SEMA, para integrar una nueva Área Natural Protegida estatal. Foto: Aarón Burgos Hernández.

“Nosotros aprovechamos la zona, pero cuidamos y esto es constatado por las autoridades. Entonces con el decreto se nos despojaba de la tierra, porque según lo que leímos del decreto, se permite al gobierno celebrar convenios con el sector privado para tomar decisiones de qué se hace o no en nuestra propiedad”, enfatizó.

“Es desafortunado que, haciéndose de los esquemas de conservación, los gobiernos e intereses privados despojen a las comunidades de sus territorios y bienes naturales, empujando a la sociedad a una discusión de si conservar o no la naturaleza, cuando de facto las comunidades indígenas lo hacen, la discusión que se abrió en el caso de Dziuché fue la de los procedimientos ilegales que fueron usados por los gobiernos y con ello la vulneración de los derechos del Ejido”, dijo.

Laguna de Chichankanab, en el Ejido Dziuche, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Foto: Aarón Burgos Hernández.

“Fue tanta la insistencia del gobierno del estado en llevar a cabo procedimientos ilegales para simular el cumplimiento de la sentencia, que se desarrollaron procesos administrativos para mantener vigente el Decreto, por lo que legalmente se solicitó la intervención del Juzgado, quien previno a funcionarios públicos por el desacato a la ejecución de la sentencia”, mencionó.

El caso del Ejido Dziuché ejemplifica la necesidad de garantizar los derechos humanos, tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades indígenas y agrarias, incluyendo el derecho a la participación, a la información en asuntos medioambientales, así como al acceso a la justicia.