Derechos

Solo quisimos hacer valer nuestro derecho de usar las playas: Azeneth Marín

Playa del Carmen.- Como un “momento muy duro” describe Azeneth Marín su detención el pasado domingo en playa Mamita’s, únicamente por haberse instalado en la playa pública, pues fueron agredidos físicamente, humillados, amenazados y posteriormente desnudados por los agentes policiacos, quienes llegaron con sus órdenes claras, ya que nunca dialogaron con ellos.
En breve entrevista, la joven egresada de la UNAM, originaria de la Ciudad de México pero residente de Playa del Carmen desde algunos años, narró que el pasado domingo acudió a esta playa con su pareja, Daniel Sánchez, y al no hallar espacio se instalaron entre unos camastros, cuidando no utilizar los objetos de este club de playa.
No pasaron 10 minutos antes de que llegara personal de Mamita’s a exigirles que se fueran, pero desde un inicio hasta el final les explicaron que no lo harían, pues estaban en una playa pública. Al poco tiempo llegó el gerente, que en tono más agresivo, exigió su salida.
La pareja, conocedora de sus derechos, le dijo que le mostrara una orden por parte del gobierno en donde se les vedara su presencia en el lugar, respondiendo el gerente que no lo haría, pues “no son sus clientes”, y añadiendo que llamaría a la policía, que “les explicaría” por qué debían irse.
El gerente se retiró y en menos de cinco minutos acudió una pareja de agentes de la Policía Turística, directamente a detenerlos, sin preguntar lo que ocurría o intentar dialogar.
Los agentes, que llegaron evidentemente con órdenes claras, comenzaron a agredirlos físicamente, torciéndoles los brazos para esposarlos, recibiendo Azeneth además un golpe en la pierna por parte de esta mujer policía.
Temerosos de lo que podría ocurrir, comenzaron a dar gritos de auxilio, momento en el que ciudadanos comenzaron a grabar lo que pasaba e incluso tratar de hacer una “valla humana” para impedir que se los llevaran, pero los policías comenzaron a amenazarlos con también detenerlos.
“No tardó más de cinco minutos; nos dirigieron a las patrullas y en el camino a los separos, nos trataron como delincuentes. Todo el camino se burlaron y amedrentaron, tratando de provocarnos, pero nosotros no les dijimos nada”, comentó Azeneth.
Al llegar a los separos, los separaron, despojaron de sus pertenencias e incluso desnudó. A la joven le exigieron que hiciera sentadillas, antes de ser puesta en una celda, donde pasaría una media hora antes de ser presentada ante un juez cívico.
“Se le explicó todo lo vivido y el juez nos dijo que debimos habernos ido. Le dijimos que era una playa pública, pero comenzó a alegar que son concesiones y que no podemos ponerlos allí”, narró la joven.
Finalmente, se les liberó sin que pagaran multa o explicación de lo que habían hecho que ameritara el trato violento y vejatorio.
La pareja ya acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y ante la Fiscalía General del Estado, para denunciar el abuso sufrido.
Lo único que buscan ahora es que se respeten el derecho de los mexicanos de usar las playas públicas, y además que se haga justicia por la manera en que fueron tratados.
Cuestionada sobre la respuesta de la ciudadanía, dijo estar impresionada al ver tanto apoyo y una reacción tan positiva por parte de la gente, pues “siempre hacer valer nuestros derechos es más fácil si estamos unidos”.
En su caso, descartó que regrese a Mamita’s este próximo domingo, para el picnic masivo convocado en redes sociales, señalando que fue un momento muy duro y que ahora buscan reponerse y estar nuevamente bien.
En cuanto a la petición, en Change.org, para que se les revoque la concesión al Mamita’s Beach Club por mal uso de la misma, al pretender privatizar el espacio, Azaneth opinó que si es una acción sustentada en la ley, podría ser correcto.
“Todas las partes tenemos derecho, tanto quienes pagan por esta concesión, como quienes acudimos a disfrutar de este espacio público”, concluyó.

Busca Sindicato agremiar a sexoservidoras de Quintana Roo

Cancún.- La recién nombrada secretaria general del Sindicato de Equidad e Integración Nacional (Sein) en Quintana Roo, Susana Hurtado Vallejo anunció que se buscará que así como las trabajadores domésticas, las sexoservidoras de los municipios del estado puedan tener derechos y obligaciones al afiliarse a un sindicato.
En el marco de la toma de protesta del Sein-Quintana Roo, recordó que gracias a las reformas para modernizar la Ley Federal del Trabajo, es democratizar a los sindicatos y que se tenga una relación empresarial de respeto, pues se formaban sindicatos “charros” y “blancos”; así se tendrá una equidad.
“Este es un sindicato con apertura, que la preocupación de nuestra líder, Lulú Valdez propone un equilibrio entre el sector empresarial y la clase trabajadora; donde se le apoye al empresario, pero de la mano con la base trabajadora, para la defensa de los derechos”.
Reveló que se tiene presencia en 23 de los 32 estados, está incorporados a la Catem (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) que dirige Pedro Haces Barba, que va con el tema de la modernización de las industrias y el sector energía. Así que aquí se trabaja en los sectores de la construcción, del transporte, el turismo, sectores vulnerables, las trabajadoras domésticas y las trabajadoras sexuales; además del tema indígena.

“Las trabajadoras sexuales que tengan su sindicato, que tengan derechos y obligaciones. Este es un tema muy amplio, no por ser trabajadoras sexuales no tengan derecho, a cuántas se le han visto postradas en una cama porque no tienen seguridad social, existen en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Chetumal; hay que darles cobijo como se les da a las empleadas doméstica. Se le den todos los derechos, aguinaldo, seguridad social, derecho a una vivienda”, enfatizó la líder.
Por último, Susana Hurtado habló sobre lo que viene en este sindicato, pues hoy se tomó protesta a las carteras del Comité Directivo Estatal, luego siguen los municipales, donde se contará con una oficina para poder aglutinar a los trabajadores.

Juez ordena devolver derechos políticos a ex tesorero de OPB

Chetumal.- A pesar de haber sido sentenciado por desempeño irregular de la función pública, en tres carpetas distintas, por un daño al erario de 50 millones de pesos, el ex tesorero de Othón P. Blanco, César Euán Tun, ha logrado recuperar sus derechos políticos; incluso, pronto se borrarán sus antecedentes penales por este hecho.
Lo anterior fue ordenado por una juez de ejecución del Poder Judicial del Estado, como parte de las medidas acordadas en la sentencia del ex funcionario, del trienio de Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Euán Tun fue detenido el pasado 22 de diciembre en la Ciudad de México, por una orden de aprehensión, acusado de peculado, pues investigaciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco descubrieron que el entonces tesorero no entregaba la totalidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se les descontaba a los trabajadores del municipio.

Las tres carpetas que se llevaban en su contra fueron acumuladas, encontrando en juez culpable al ex tesorero de los delitos, en un proceso abreviado, en el que Euán Tun aceptaba devolver 4.5 millones de pesos al Ayuntamiento, para resarcir el daño, monto que fue aceptado por el gobierno municipal.
Una jueza de ejecución hoy sostuvo una audiencia para revisar el avance en el cumplimiento de la sentencia, instruyendo que se le cancelen sus antecedentes penales y restituyan sus derechos políticos.
Sin embargo, al contabilizar el dinero que el sentenciado debía entregar, se percataron que no pagó 40 centavos de una de las multas impuestas, por lo que el proceso todavía no pudo ser decretado como concluido.

El gobierno de Laura Beristain atenta contra los derechos de los ciudadanos

– Urge atender necesidades de las colonias de Solidaridad: Lili Campos

Playa del Carmen.- “El abuso de poder y la ausencia de la presidenta municipal, es notoria en el descuido que viven todas las colonias y zonas habitaciones de Solidaridad” explicó Lili Campos candidata a diputada del distrito 10  por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” al hacer un recorrido en la colonia Nicte Ha.

“En cada colonia y con cada familia que he tenido oportunidad de platicar, encuentro los mismo motivos  por los cuales es necesario hacer un juicio político a Laura Beristain, a quien le quedó grande el cargo de presidenta municipal o simplemente no le interesa ejercer sus responsabilidades” refirió la candidata.

Vecinos de la colonia Nicte Ha, hicieron mención sobre las injusticias que se cometen todos los días frente a los ojos del gobierno municipal, que ha permitido que siga avanzando la delincuencia en todo el municipio, pues esta ha sido una de las zonas donde mayor actos delictivos se han registrado en las últimas fechas.

“Las familias de la colonia Nicte Ha, como en otras colonias viven con  miedo, temen por sus hijos porque las calles no son seguras, porque no hay vigilancia suficiente, las casetas policíacas están abandonadas, los espacios públicos así como el alumbrado están inservibles. No pueden vivir en estas condiciones de incertidumbre”  expresó Lili Campos al ser testigo del deterioro de las calles de dicha colonia.

Busca Gustavo Miranda protección de sus derechos políticos

Xalapa, Veracruz.- El empresario Gustavo Miranda García acudió hoy a la Sala Regional de Xalapa, Veracruz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en busca de la protección de sus derechos políticos electorales.
Entrevistado vía telefónica, el aspirante a candidato a diputado por el Distrito 8 de Cancún, explicó que presentó su recurso de manera personal, para impugnar la determinación del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) de retirarle la candidatura que le había sido dada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la alianza con Morena y el Partido del Trabajo, coalición llamada “Juntos hacemos historia por Quintana Roo”.
“Presenté un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, para impugnar la determinación del Ieqroo de retirarme ilegalmente la candidatura a la diputación local”, manifestó.
Agregó que, por los tiempos tan apretados que se tienen, respecto del registro de candidaturas y del inicio de campañas, solicitaron que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral conozca directamente el asunto, y no sea el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).
“Estamos evidenciando la parcialidad e ilegalidad de las determinaciones de la autoridad electoral administrativa, ya que nunca informó al INE (Instituto Nacional Electoral) que renuncié a principios de marzo a la candidatura independiente. Todavía más grave es la omisión del Ieqroo, porque en la revisión de los informes de fiscalización, el INE no tuvo esa circunstancia en cuenta, y me impuso además de una sanción económica, el retiro de la candidatura como independiente, aún y cuando ya no estoy en ese supuesto”, enfatizó.
Miranda García calificó como maliciosa la actitud del Instituto Electoral local, porque, según él, se le pretende dar efectos generales a una sanción que ilegalmente le impuso el INE y pretende despojarlo de la candidatura por la Coalición, aun cuando ésta no está vinculada con su previa aspiración como independiente.
“Esa sanción me la impuso en gran medida por la negligencia con la que actuó el Ieqroo”, abundó.
Lo que resta es esperar que la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral resuelva en pocas horas, pues las campañas arrancan el próximo lunes 15 de abril a medianoche.

Operativo mochila sí vulnera derechos, pero debe hacerse: Eugenia Solís

Cancún.- La diputada local Eugenia Solís Salazar coincidió con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en que el “operativo mochila” lanzado en las escuelas vulnera los derechos del niño; sin embargo, si se cuenta con la autorización de los padres, no ve impedimento para hacerlo.
“Efectivamente, como derechos humanos, es un derecho del niño a que eso no se ejecute”, comentó la legisladora local. “Sin embargo, si la autorización se dio por medio de los padres, no veo por qué no hacerlo”.
“Por supuesto que se daña el derecho de los niños, pero hoy vivimos un tema de inseguridad y violencia”, prosiguió.
En su opinión, lo importante es trabajar de manera conjunta todos los involucrados para evitar incidentes en los planteles.
También aconsejó a los padres de familia a darse el tiempo de revisar lo que sus hijos llevan al plantel educativo.
“Desde casa debiéramos hacerlo, además de estar pendiente en la escuela”, comentó.

FGE ofrece disculpas públicas a Artemio Araño Reyes

 

Cancún.- Se dio a conocer por medio de la Dirección de Derechos Humanos en la zona norte, que cumpliendo la recomendación CDHEQROO/007/2017/II dictada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, esta institución ofreció una disculpa pública y reconoció el carácter de víctima al ciudadano Sergio Artemio Araño Reyes.
Durante la disculpa pública, acudieron el Vice Fiscal de la Zona Centro Lic. Manuel Sarmiento Silva, en representación del Fiscal General Interino Lic. Gustavo Salas Salgado; el Lic. Alan Gael Pat, Segundo Visitador General de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, en representación del Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Mtro. Marco Antonio Toh Euan; Lic. Luz Mariana Melgarejo Calderón, Coordinadora en la zona norte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; en representación de la Mtra. Karla Patricia Rivero González, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Atestiguó la lectura del pliego y ofrecimiento de la disculpa pública y reconocimiento de estado de víctima el ciudadano Sergio Artemio Araño Reyes, su derecho legítimo a la reparación del daño que dichos actos le provocaron, debido a la tardanza en la investigación ocurrida en el año 2013, en perjucio de la víctima.

Se presentan iniciativas para garantizar derechos a grupos vulnerables

Chetumal, Quintana Roo, 26 de julio de 2018. – La diputada Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad presentó ante la Diputación Permanente de la XV Legislatura una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de prohibir los castigos corporales, así como los tratos humillantes o degradantes como formas de corrección disciplinaria.
La legisladora busca con esta propuesta armonizar la ley local conforme a lo dispuesto por instrumentos internacionales y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de la prohibición de las sanciones corporales.
La modificación a la ley solicita que las autoridades estatales y municipales, creen acciones de prevención respecto al uso de sanciones corporales y considerar enfoques diferenciados y focalizados para proteger de forma total a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de peligro.
En la sesión número 10, dirigida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, también se dio entrada a la iniciativa para expedir la Ley para el Cuidado y Protección a Personas con Debilidad Visual y Auditiva, presentada por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

La ley que propone la legisladora, tiene la meta de promover la total integración a la sociedad de las personas con debilidad visual y auditiva, protegiendo sus derechos y necesidades que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución local.
Según la iniciativa, será el Estado quien asegure el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a estas personas, y a su vez, a las autoridades estatales y municipales, les correspondería implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables.
Ambas iniciativas, fueron presentadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y posterior dictamen.
Los presentes en dicha sesión estuvieron los diputados Eduardo Martínez Arcila, Jesús Zetina Tejero, José Luis González Mendoza, Carlos Mario Villanueva Tenorio y la diputada Yamina Rosado Ibarra.

Héctor Astudillo ataca la liberad de expresión

Con información de Artículo 19

Ciudad de México, 21 de abril de 2018.- El 19 de abril del presente año, Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Guerrero emitió un comunicado en que anuncia que no tolerará la difusión de material audiovisual “que atente contra los derechos de las víctimas, haga apología de la violencia y contribuya a la revictimización”, por ningún medio de comunicación.

 

Respecto a la difusión de material audiovisual que haga apología de la violencia https://t.co/RhuclunVEbpic.twitter.com/N8PtkKRMJN

— Comunicación Social Guerrero (@GuerreroComSoc) 19 de abril de 2018

El mismo comunicado afirma que ya ha solicitado al gobierno del estado intervenciones de la Fiscalía General y de la Policía Cibernética estatal para localizar el origen de la difusión y con ello emprender acciones legales contra quienes divulguen contenidos de naturaleza violenta.

Las acciones anunciadas en el comunicado del Gobierno del Estado de Guerrero son a todas luces restrictivas de la libertad de expresión, derecho a la información y del derecho a la privacidad e inviolabilidad de comunicaciones.

Es contrario al derecho a la libertad de expresión puesto que prohíbe la manifestación de información que pudiese resultar violenta o contribuya a la revictimización y apología de violencia. El parámetro del derecho a la libertad de expresión no permite la censura previa sea directa o indirecta bajo ningún pretexto y mucho menos cuando se trata de información de interés público, y que está afectando a la sociedad, como son los actos de violencia en aquella entidad.[1]

El artículo 13 párrafo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente permite la censura previa en casos de espectáculos públicos que afecten a menores de edad. En el caso de información difundida por internet, los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH han considerado que este tipo de medidas solamente en casos de pornografía infantil.[2]

Resulta preocupante que el gobierno estatal funde la restricción del derecho a la libertad de expresión en la revictimización.

Si bien existen criterios y principios para el ejercicio del periodismo respecto del uso de datos personales de víctimas y de imputados y sujetos implicados en un proceso penal, estos constan en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en ningún momento prohíben a quienes ejercen la libertad de expresión, referirse a los hechos ocurridos que dieron lugar al delito o violación de derechos humanos.[3]

En cuanto a la apología de la violencia, tal figura solo puede atribuirse bajo mecanismos de responsabilidades ulteriores, no previamente a la difusión de cierta información. Además su uso a partir del ámbito penal es contraria también a la libertad de expresión[4] puesto que podrían usarse otros mecanismos menos restrictivos para perseguir los mismos fines, como sanciones en el ámbito del derecho civil o administrativo.

De cualquiero forma, ello no habilita a las autoridades para realizar actos de censura previa. Siendo la apología de la violencia una figura que entraña instigar al odio, la discriminación y la guerra, bajo parámetros sumamente estrictos y bien definidos establecidos en el Derecho Internacional delos Derechos Humanos, no se pueden aplicar medidas generales como las publicadas el día de ayer por el gobierno estatal.

En el mismo sentido, las medidas anunciadas son contrarias al derecho a la información, puesto que la sociedad en general tiene derecho a recibir información sobre lo que acontece en su entorno para: 1) crear opiniones públicas y con ello generar debates públicos sobre lo que concierne a todos, 2) tomar decisiones que afectan directamente sus vidas y la de su Entidad, de manera informada.[5]

El derecho a la información ha sido uno de los pilares más importantes de la Democracia, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación[6] como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[7] Una sociedad informada permite la construcción de una verdadera democracia, donde se sujeta a escrutinio las actividades de los funcionarios y se exija funcionalidad y rendición de cuentas de la administración pública, así como el respeto y garantía de los derechos humanos.

En este sentido, las acciones y omisiones del Estado respecto a la seguridad de todas las personas es de primer interés social, máxime cuando los niveles de violencia delincuencial y estatal alcanzados en Guerrero alcanzan niveles alarmantes.

El mensaje también es contrario al derecho a la privacidad e inviolabilidad de comunicaciones puesto que el gobierno estatal no solo pretende prohibir la divulgación de información, también ha amenazado con localizar a quienes lo realicen a partir de técnicas de la policía cibernética, que en principio deberían ser utilizadas para combatir los delitos que se llevan a cabo en las redes, y no para amedrentar a quienes se expresan e informan lo que está pasando en Guerrero.

Es por demás preocupante que este tipo de mensajes se dan en un contexto adverso al periodismo en Guerrero, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los periodistas de la entidad han sufrido 163 agresiones[8], resaltando los asesinatos de Cecilio Pineda y Pamela Montenegro, asesinatos que permanecen en la impunidad.[9]

En este sentido, ARTICLE19 ha documentado en Guerrero agresiones graves como amenazas de daño físico y de muerte, así como actos de intimidación con armas de fuego, robo de equipo hasta la privación ilegal de la libertad y el asesinato.[10]

Vale la pena recordarle al gobierno de Guerrero que está sujeto a partir del principio de legalidad, y en su caso solamente puede  restringir derechos consagrados en la Constitución y en normas de derecho Internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos cuando se persigan fines legítimos y la medida sea necesaria y proporcional en una sociedad democrática.

El comunicado del 19 de abril, da cuenta de una medida demagoga y restrictiva que podría inhibir el flujo de información sobre la violencia en el Estado, pretendiendo con ello ocultar la incapacidad del mismo gobierno  de hacer frente a la violencia en que la sociedad guerrerense se encuentra sumergida hoy en día.

Por lo anterior, ARTICLE19 exige al Gobierno del Estado de Guerrero abstenerse de realizar acciones contrarias a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo y al derecho a la información. Bajo esta lógica, exigimos que realice lo necesario para acabar con el clima de hostigamiento e impunidad contra la prensa que impera en la entidad.

[1] Artículo 13. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); Cfr. Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Párrafo 70; Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrafo 54, señala que la violación al derecho a la libertad de expresión es especialmente radical en los casos de censura previa, ya que “viola tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.”

[2] Ver Artículo 13.4 de la CADH

[3] Artículo 20 CPEUM; Artículo 106 Código Nacional de Procedimientos Penales.

[4] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párrafo 76; Voto Concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Sentencia de la CoIDH sobre el Caso Kimel Vs. Argentina del 2 de mayo de 2008.

[5] Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, Párrafo 83; Opinión Consultiva OC-5/85

[6] Amparo en Revisión 1359/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resuelto el 15 de noviembre 2017.

[7] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, Párrafo 85; Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, Párrafo 151; Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 116

[8] Cfr. Cifras sobre agresiones a periodistas, en Democracia simulada, nada que aplaudir: informe anual 2017 de ARTICLE 19

[9] Protección fallida e impunidad en agresiones previas derivan en asesinato de Cándido Ríos. Disponible en https://articulo19.org/proteccion-fallida-e-impunidad-en-agresiones-previas-derivan-en-asesinato-de-candido-rios/; El asesinato de la videobloguera Pamela Montenegro agrava la espiral de violencia contra la prensa en Guerrero. Disponible en: https://articulo19.org/la-espiral-de-violencia-contra-la-prensa-en-guerrero-se-agrava-con-el-asesinato-de-la-videobloguera-pamela-montenegro/  Democracia simulada, nada que aplaudir: informe anual 2017 de ARTICLE 19

[10] Íbid

Fuente

Autoridades ecuatorianas analizan imágenes que serían de periodistas secuestrados

 

Noticias RCN conoció las fotografías que corresponderían a los cuerpos de los periodistas ecuatorianos.

Varias autoridades de Ecuador se han reunido en Quito para analizar las imágenes que serían de los cuerpos de los periodistas secuestrados en la zona de frontera el pasado 26 de marzo.

 

En esa reunión también interviene el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte, a quien Noticias RCN le envió las fotografías que obtuvo.

Una fuente de Fundamedios dijo a la agencia de noticias Efe que Ricaurte acudió a la sede del Sistema de Seguridad Integrado ECU-911 en Quito, para atender la reunión con las autoridades del país encargadas de la seguridad del Estado.

 

Además, en redes sociales circuló la versión de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que viajó a Lima para participar en la Cumbre de las Américas, volvería a Quito en las próximas horas para atender la situación.

Fuente